NUEVA YORK.-El Instituto Duartiano en Estados Unidos (ID-USA) reconoció a 30 dominicanas en el Día de las Madres Dominicanas «por su amor, abnegación, dedicación, entrega y esmero en la educación, protección y cuidado de sus hijos».

Son ellas Nurys D’Oleo, encargada de personal de la oficina de la concejal Carmen de la Rosa; Zenaida Méndez, presidenta del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas y directora de Manhattan Neighborhood Network; Belkis María Poche Paulino, directora de Relaciones Comunitarias del Departamento de Cáncer del Hospital Columbia; la poeta Lucila Rutinel Domínguez y Ana Ofelia Rodríguez, fundadora de los centros culturales y literarios «Galeria Rio III» y «Galeria Rio IV», y directora de programas del Centro Cultural Alianza Dominicana.

Tambien, la empresaria Juani Ortiz de Eliot, las comunicadoras Primavera Guerrero, Flordeliz Marte, Zenith Díaz, la concejal Pierina Sánchez, Oneida Rodríguez; María Elena Disla, Juan Alcántara, Carla Robles, Iniana Cruz, la cantante Magdalena Ramos, Marlenny Martínez, Ana Sylvia Estrella, Marilyn Veras de León, Diómedes Henríquez, Gladys Infante, Zenaida Méndez, Davia Prego, Gladys Velos, Dulce Faña, Miguelina Concepción, Andrea Torres, Maura Baboolal, Juana Carpio, Dafne Sarki, Ana Díaz, Virginia Meléndez, Flordeliz Marte, Ana Ofelia Rodríguez, Melba Lara, Marlenny Mariñez, Rosa Greer y Mireya Félix.

El acto que contó con la presencia del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, y de dirigentes de entidades profesionales, educativas, culturales, comunitarias y religiosas.

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Por Paola Nagovitch (EL PAIS)

SAN JUAN.- Lo que por años ha sido el corazón latente de la comunidad dominicana en Puerto Rico es ahora una ciudad bajo acecho. A las diez de la mañana de un día de mayo, caluroso e idílico, las calles de Barrio Obrero, ubicado en San Juan, la capital del territorio estadounidense, están casi vacías. “Antes, a esta hora ya se oían las velloneras”, lamenta la pastora Nilka Marrero, que lleva más de una década sirviendo a los inmigrantes de la zona. Se refiere a las máquinas tocadiscos de los negocios que rodean la plaza principal del barrio, un punto de encuentro que hoy está desierto. “Se cantaba salsa: ‘Del Barrio Obrero a la 15, un paso es…”, entona la letra del salsero boricua Willie Rosario, mientras crea su propio ritmo golpeando la mesa. Pero ya no. Meses de redadas de inmigración ordenadas por la Administración Trump han silenciado este vecindario, donde el miedo a acabar detenido o deportado es atroz.

“Esta es una ciudad sitiada, no se sabe cuándo van a venir y te van a arrestar, a veces sin orden judicial ni explicación. Es algo espantoso”, añade la reverenda de la Iglesia Metodista de San Pablo, ubicada en la esquina de la plaza Antonio Barceló. La mañana del pasado miércoles está coordinando a un equipo de voluntarios reunido en el comedor de la congregación para embolsar alimentos —vegetales enlatados, habichuelas, galletas de diferentes tipos, jugos—. En la tarde distribuirán las bolsas en el barrio, yendo directamente a las casas de los inmigrantes que, por miedo a las detenciones, han desistido hasta de ir al supermercado. Algunos de los ayudantes aseguran que es tal el terror entre la comunidad, que a veces la gente no les abre la puerta de su casa para entregarles los alimentos.

En Puerto Rico, la primera redada migratoria del segundo Gobierno de Donald Trump ocurrió el 26 de enero, seis días después de que el presidente tomara posesión. La pequeña isla caribeña de 3,2 millones de habitantes es un territorio estadounidense, y aunque tiene su propio Gobierno insular y Constitución, es controlada por el Gobierno federal. Por tanto, las políticas que la Administración Trump dicta en Washington —incluida la migratoria— también se aplican aquí, donde la población es ciudadana estadounidense pero no puede votar al presidente ni tiene representación significativa en el Congreso federal.

Aquel domingo de enero marcó un antes y un después en Barrio Obrero. A eso del mediodía, agentes federales descendieron a la zona en patrullas y hasta en una camioneta militar blindada. Detuvieron a personas yendo a la iglesia de Marrero, a uno que estaba de camino a comprar un aguacate para acompañar su almuerzo, a otros que compartían frente a un negocio local… “Empezaron a romper puertas de forma violenta. De aquí al frente se llevaron a dos pescadores. La hija, que está con cáncer, perdió a su papá y a su hermano, que la sostenían”, recuerda la pastora. En total, las autoridades arrestaron a 47 individuos, dos de los cuales fueron posteriormente liberados por tener sus papeles en orden.

El mensaje fue claro: Puerto Rico no está exento de la maquinaria de detenciones y deportaciones de Trump. Desde aquel día, 445 personas han sido detenidas en la isla, según datos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha cedido a este periódico. La gran mayoría son hombres, y casi el 72% de los detenidos son ciudadanos dominicanos, seguidos por haitianos, venezolanos y mexicanos. Del total, “81 personas han sido removidas a su país con una partida voluntaria, o una remoción acelerada”, según Sandra Colón, portavoz de la oficina del DHS en la isla. De acuerdo con los últimos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2022 en Puerto Rico vivían unos 90.000 inmigrantes. Se calcula que más de la mitad son dominicanos. Se desconoce cuántos son indocumentados.

Al igual que en Estados Unidos continental, en la isla las autoridades han asegurado que las detenciones están enfocadas en inmigrantes con expedientes delictivos. Pero al ser preguntada cuántos de los detenidos tenían realmente antecedentes penales, Colón respondió: “No estamos registrando esa información”. Además, según cifras del DHS, solo 74 de los arrestos (16,6% del total) han sido criminales, mientras que el resto han sido administrativos, es decir, por infracciones de las leyes o procedimientos de inmigración.

Las detenciones han trastocado no solo a la comunidad migrante en la isla, sino a todo el país. En pocos meses se ha roto la percepción de que Puerto Rico era un santuario para inmigrantes, donde las comunidades extranjeras llevaban años conviviendo y enriqueciendo a la boricua. Un pedazo de tierra en el Caribe que se siente más parte de Latinoamérica que de Estados Unidos, donde se habla español y se abraza al hermano latino, y donde a los inmigrantes se les permite abrir cuentas bancarias, obtener un permiso de conducir especial y comenzar una vida nueva. Las redadas siempre han existido, al igual que el racismo y los prejuicios, pero no al nivel que se ve ahora.

Detenidos y sin acceso a representación legal

La última redada a gran escala se llevó a cabo el pasado 8 de mayo en un hotel de lujo en el distrito turístico de Condado, también en San Juan. Unos 53 trabajadores dominicanos fueron arrestados en el complejo La Concha mientras realizaban labores de construcción. El grupo fue transportado a un centro de procesamiento cerca de la capital, donde estuvieron varios días durmiendo en catres en el suelo de unas oficinas.

Hasta esas instalaciones llegó la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, para indagar sobre el estatus de los detenidos. Preguntó si a los inmigrantes se les estaba proporcionado ayuda legal. La seguridad del centro le aseguró que les daban una lista de abogados para contactar, pero cuando Martínez vio el listado, era de abogados en Florida, ninguno en la isla.

“En Puerto Rico se dan detenciones, pero por una práctica general del Gobierno de Estados Unidos, prácticamente todos los migrantes detenidos son trasladados fuera de Puerto Rico. Luego de la detención, pueden estar en Puerto Rico de 24 a 78 horas hasta que los mueven”, explica Martínez Orabona desde la sala de juntas de la ACLU en San Juan.

De la isla, los detenidos son enviados a centros de Estados como Texas o Florida. Aunque mover a inmigrantes de centro en centro es una práctica habitual, desde la ACLU aseguran que el caso de los trasladados fuera de Puerto Rico es especialmente preocupante porque no solo supone separarlos de sus familiares y comunidad, sino que también de su representación legal.

“Es algo que crea una gran dificultad porque se han detenido a personas que tenían procesos migratorios pendientes acá, o sea que su representación legal está en Puerto Rico”, apunta la letrada. “Yo sé que en cualquier parte de Estados Unidos es terrible, pero en el caso de Puerto Rico es peor, porque nosotros no estamos contiguos al territorio. No es cuestión de tú montarte en un carro y llegar”, insiste.

Un frente contra las políticas migratorias de Trump

La ACLU ha liderado varias iniciativas para proteger a la comunidad migrante local desde que las redadas se intensificaron en enero. Entre ellas, hace tres meses creó una alianza con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, bajo la cual se prestan servicios de salud, como la telemedicina, y orientación medica a inmigrantes sin importar su estatus. En febrero, las dos organizaciones habilitaron un número de teléfono para atender a la comunidad, que hasta la fecha ha recibido 20 llamadas.

Uno de los videos compartidos por los vecinos de Barrio Obrero, en donde se observa una de las redadas de las fuerzas de seguridad.

La mayoría eran de personas buscando orientación y preguntando, por ejemplo, si como indocumentados podían ir al doctor. “Ocho de ellas, sin embargo, fueron para una atención médica, por heridas, presiones descontroladas, síntomas de mareo. Y el grupo de médicos de telemedicina fue a las casas de estas personas y los atendieron”, cuenta el Dr. Carlos Díaz-Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, desde su despacho en San Juan. “Es una ayuda humanitaria que estamos dando, porque con la salud no se puede jugar”, asegura.

La iniciativa se puso en marcha después de que trabajadores de centros médicos ubicados en zonas como Barrio Obrero lanzaran la voz de alerta porque muchos de sus pacientes no estaban acudiendo a sus citas. “Había pacientes que debían darse seguimiento por ciertas condiciones, como personas que padecen de cáncer o mujeres embarazadas, pero que no estaban asistiendo a las citas pertinentes, y había medicamentos en espera en las farmacias porque no los iban a recoger”, recuerda Díaz-Vélez. “Y cuando se les llamaba para preguntar por qué no iban a las citas, decían que no querían salir de sus casas por temor a que en el camino los interceptaran, o que estuvieran en una farmacia o en un laboratorio y allí los esperaran para arrestarlos”.

En las semanas siguientes al inicio de la intensificación de las redadas, la asistencia escolar en las zonas predominantemente de inmigrantes también descendió significativamente. En febrero, las escuelas con un elevado número de estudiantes dominicanos registraron tasas de absentismo de hasta el 70%, alertó entonces el Departamento de Educación de la isla.

Ese porcentaje ha ido disminuyendo, según Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico: “Los padres han encontrado la forma de que sus hijos, en su gran mayoría, lleguen a la sala de clase, ya sea enviándolos solos o pidiendo que otra persona los acompañe a la escuela”. Pero eso no quita el temor, asegura. “Es una situación de terror para los estudiantes que tienen familias migrantes. Es algo que afecta su salud emocional y rendimiento educativo”.

Es una situación de terror para los estudiantes que tienen familias migrantes. Es algo que afecta su salud emocional y rendimiento educativo”.

Ante esta situación, el Departamento de Educación local estableció un protocolo de portones cerrados en los centros escolares, de no dar acceso a ningún agente federal o funcionario de inmigración a las escuelas públicas del país, a menos que tuviesen una orden judicial.

Pero para la maestra Martínez, no se trata de solo proteger las escuelas. “El problema es lo que ocurre en el camino al centro escolar o a la vuelta al hogar”, señala. “Y también en los hogares de los padres migrantes. Muchos de ellos están desempleados porque no se atreven a buscar trabajo. No pueden trabajar, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar la comida. Crea una crisis social sin precedentes porque a pesar de que el estudiante vaya la escuela, si no está debidamente alimentado, no tiene un techo seguro y está viviendo con miedo, está en la escuela físicamente pero emocionalmente carga con un daño significativo”, lamenta.

Un Gobierno local “apático”

El Gobierno local ha hecho poco por retar las medidas migratorias de Trump. Al revés, desde la ACLU aseguran que hay “una intencionalidad de facilitar la implementación de esas políticas”.

La gobernadora, Jenniffer González, una republicana que apoya a Trump, aseguró inicialmente que las políticas migratorias del presidente no afectarían a la comunidad inmigrante en Puerto Rico. Desde entonces, sin embargo, ha dicho que la isla “no puede permitirse” ignorar las directrices de la Administración sobre las detenciones de inmigrantes porque Puerto Rico correría el riesgo de quedarse sin fondos federales. Fondos federales que Trump ya retuvo a la isla en su primera presidencia y que el Gobierno local está acusado de malversar. EL PAÍS no obtuvo respuesta al contactar con la oficina de la gobernadora para este reportaje.

En la legislatura local hay un proyecto de ley impulsado por la ACLU que busca establecer una serie de “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales, centros comunitarios o iglesias, en los que se prohibiría recopilar información sobre el estatus migratorio de una persona “a menos que sea estrictamente necesario por ley”. También exigiría la creación de protocolos claros ante posibles intervenciones de inmigración en estas localizaciones. Son protecciones similares al mandato federal con el que Trump acabó en enero, que prohibía redadas en estas zonas.

De momento, el futuro de la legislación local es incierto. Pero la pastora Marrero guarda esperanza, aunque es consciente de que aunque sobreviva la legislatura, González podría ceder a las presiones de Trump y no firmarla: “Nuestra gobernadora, lamentablemente, ha asumido un rol apático, de poca compasión”.

Ricardo Arduengo

La reverenda sabe que en cualquier momento, agentes de inmigración podrían irrumpir en su templo. “A mí me van a tumbar un día la puerta”, susurra. Mientras los voluntarios —algunos de ellos inmigrantes— preparan las bolsas de comida, sus ojos escanean constantemente las ventanas que dan a la calle, sospechosos de todo carro que pueda indicar el inicio de una redada. “Tan pronto ellos están por ahí, yo salgo a la calle. Tan pronto llegan al barrio, a mí la gente me escribe y salimos”, asegura.

Además de la entrega de alimentos a la comunidad, en la Iglesia Metodista de San Pablo de Barrio Obrero se dan talleres, se cocina almuerzo caliente y se dona ropa. Pronto se habilitará una clínica de ayuda legal y psicológica para los inmigrantes afectados y se comenzará a dar tutoría a sus hijos. “Un corredor de larga distancia practica todos los días; nosotros llevamos 10 años en esto”, sostiene la pastora Marrero. “Esta iglesia está formada por migrantes”.

Al otro lado de la calle, en la plaza Barceló, los pocos que se atreven a dejarse ver en las primeras horas de la tarde casi no levantan la mirada. Un pequeño grupo de hombres que juega dominó en la plaza permanece en silencio cuando se les pregunta sobre las redadas, sobre cómo los han afectado. Un varón mayor, con acento dominicano, finalmente responde: “Estamos tristes porque se están llevando a nuestra gente”.

—¿Cada cuánto se reúnen a jugar dominó aquí?

—Todos los días del año.

—Y con las redadas, ¿hay menos personas que acuden a jugar?

—Muchos, muchos menos. Faltan un montón. Ya nadie quiere venir.