SANTO DOMINGO.- El abogado y politólogo Julián Roa criticó la política migratoria del gobierno del Gobierno del presidente Luis Abinader, a quien acusó de dar un giro brusco hacia medidas radicales contra Haití,  sin contar con  un plan claro ni el consenso para ello.

Alegó que el mandatario pasó de una postura reivindicativa, cercana a los sectores que cuestionaban la sentencia 168-13 y defendían derechos para los descendientes de haitianos, a una línea dura enfocada en el muro fronterizo, repatriaciones masivas y endurecimiento de las restricciones, sin el respaldo de un plan bien estructurado ni el necesario consenso político, empresarial y social.

Dijo que esta falta de planificación pone en riesgo no solo la estabilidad social sino también sectores claves de la economía nacional que dependen de la mano de obra haitiana, como la agricultura, la construcción y el turismo.

Advirtió que, sin una estrategia gradual y un acuerdo colectivo, estas políticas solo engrosarían  las redes de corrupción vinculadas al control migratorio, dejando al país atrapado en un círculo vicioso.

Roa habló en el programa Propuesta de la Noche,  que conduce el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22.  Entre otras cosas, se refirió a los orígenes del problema haitiano, los errores de la actual administración y las salidas posibles para enfrentar una crisis “multifactorial y muy delicada”, en la que no caben improvisaciones ni respuestas populistas.

Dijo que la crisis haitiana y su impacto sobre República Dominicana no es un fenómeno nuevo, ya que las tensiones arrancan en el siglo XIX cuando Haití reconoció formalmente la independencia dominicana en 1867, tras 14 años de guerras. Posteriormente, agregó,  vinieron las disputas fronterizas que se resolvieron en los tratados de 1929 y 1936, bajo presión estadounidense.

A su juicio la la crisis más complicada es la que sigue abierta: la migratoria.

“Desde los inicios del siglo XX, la industria azucarera trajo haitianos porque eran mano de obra más barata, no porque los dominicanos fueran menos productivos. Con la quiebra de los ingenios, esa mano de obra se derramó hacia la agricultura, la construcción, y ahí sigue. Los empresarios lo ven como un milagro: trabajadores sin derechos, sin seguridad social, casi esclavos”, afirmó.

El problema, según Roa, es que las recientes medidas del gobierno no previeron las consecuencias para la economía. “Cuando se habla de repatriaciones masivas, hay que preguntarse: ¿quién va a llenar esos puestos en el campo, en los hoteles, en la construcción? Ya el sector empresarial está reclamando públicamente que necesitan esos trabajadores y piden reactivar un plan de regularización. Pero el gobierno ha dicho que no quiere hablar de eso. El propio vocero Homero Figueroa lo negó rotundamente”, señaló.

sp-am

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó este lunes la suspensión provisional de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pautada para el domingo 8 de junio, como parte de una medida cautelar solicitada por el dirigente peledeísta Eleuterio Abad Santos.

La suspensión fue dispuesta por los jueces Ignacio Camacho, Rosa Pérez de García y Pedro Pablo Yermenos mientras el tribunal estudia el fondo de la demanda principal, que busca la nulidad de los acuerdos relacionados con la selección de los aspirantes a precandidaturas presidenciales dentro del partido morado.

El recurso fue admitido por el TSE  tras considerar que se cumplen los requisitos legales, como la verosimilitud del derecho invocado, el posible perjuicio a la tutela judicial y la coincidencia entre el objeto de la medida cautelar y el de la acción principal.

RECURRIÓ AL TRIBUNAL AL NO OBTENER SOLUCIÓN EN EL PLD

Durante la audiencia, Eleuterio Abad Santos explicó que recurrió al tribunal luego de manifestar su oposición a los acuerdos internos ante los organismos del PLD, sin obtener solución. Según dijo, se está violando la ley electoral al pretender elegir candidatos fuera del período establecido.

En respuesta, el abogado del PLD, Manuel Galván, defendió la legalidad de la convocatoria y argumentó que la demanda carece de fundamento jurídico. A su juicio, las acciones del demandante no representan la realidad actual del partido.

Galván explicó que la demanda en perjuicio del Partido de la Liberación Dominicana y su Comisión de Arbitraje y Unidad no aplica ya que se refiere a periodos de candidatura y precandidatura y según él el partido solo consulta de manera interna.

A pesar de la medida cautelar, Abad Santos reiteró que su lucha no se detiene con la suspensión de la reunión.

an/am