La decisión del presidente Danilo Medina de cumplir con la Ley General de Educación al destinar el 4% del PIB ha sido uno de los pilares de su popularidad. Aunque se crea lo contrario, cumplir con la ley y con la palabra produce admiración y confianza.
Durante más de un año, el tema dominante fue la construcción de escuelas. En un país que depende de la construcción pública para la circulación de dinero y la creación de empleos, la dilación generó ansiedad y controversia. Ya encaminados los proyectos de construcción, se firmó el Pacto por la Educación con un gran listado de acuerdos y propósitos.
Lo que hay que hacer, y bien, para mejorar la educación se puede resumir en cinco puntos:
Primero, tener suficientes escuelas bien construidas, con aulas disponibles para la cantidad de estudiantes, limpias y equipadas; y que los maestros, estudiantes y administradores sepan que es su deber mantenerlas en buen estado. De nada sirve construir para rápidamente desbaratar. Las escuelas son un bien público que todos debemos proteger. Para lograr ese objetivo hay que educar a los administradores, a los maestros y a los estudiantes, de manera que vean la escuela como suya y reconozcan su valor.
Segundo, mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y también requerir el cumplimiento de sus obligaciones. Hay que conjugar derechos y deberes. Para lograr ese objetivo, la ADP no puede ser un simple sindicato que cancela clases o cierra escuelas por cualquier paja en el ojo, ni tampoco puede ser un apéndice de partidos como ha sido casi siempre. La ADP debe funcionar como una asociación profesional que lucha por el bienestar de sus miembros, pero también asume con responsabilidad y dignidad la misión de educar.
Tercero, mejorar la calidad de los maestros. De nada sirve construir escuelas y extender las tantas si los maestros no están bien calificados para enseñar. Más horas no se traducirá en aprendizaje. Los estudiantes se aburrirán y un grupo de niños o jóvenes aburridos es caldo de cultivo para las travesuras. La formación de maestros no sólo consiste en que hagan una licenciatura o postgrado, sino también en llevarles entrenamiento sistemático a las mismas escuelas.
Cuarto, contratar más maestros. Esto es necesario por dos razones: una, reducir el número de estudiantes por maestro en las clases ya que está comprobado que la enseñanza en grupos pequeños de estudiantes es más efectiva que en grupos grandes; y dos, traer sangre nueva al sistema. El Ministerio de Educación debe establecer un programa especial de contratación de maestros jóvenes recién graduados de las universidades en distintas áreas (no sólo licenciados en educación), para motivarlos a que ingresen al magisterio. Aunque los jóvenes carecen de experiencia, compensa su energía y los nuevos conocimientos, incluida mayor destreza tecnológica. Este programa especial podría denominarse “Jóvenes al magisterio”.
Quinto, un sistema educativo sin una efectiva incorporación de los padres difícilmente tenga éxito. La mayoría de los estudiantes dominicanos del sistema público vienen de familias de escasos recursos y viven en barrios expuestos a múltiples problemas de violencia, criminalidad y vicios. Los padres también necesitan educación.
Las escuelas dominicanas tienen que convertirse en centros comunitarios positivos para compensar parcialmente por las influencias negativas que circundan a muchos jóvenes. Estas escuelas no pueden ser solamente instituciones de transmisión de conocimientos académicos, sino también espacios de civismo, cooperación y apoyo.
Las escuelas son un microcosmo de la sociedad y querer que ellas se conviertan en motor de transformación positivo es vital pero difícil. Se necesita sangre nueva y buena para enfrentar los desafíos.