SANTO DOMINGO.- Varias de las empresas a las que la Cámara de Diputados les compró, bajo licitación, los regalos para el Día de las Madres, aparecen registradas en la Dirección General de Contrataciones Públicas como suplidores de alimentos y bebidas, pese a que las dádivas de los legisladores se basó nada más en electrodomésticos y enseres del hogar.
Entre las empresas, las hay que comparten un mismo domicilio, y otras que no aparecen en las direcciones en las que están registradas en la página oficial de los suplidores del Estado: www.comprasdominicanas.gov.do. Pero además de electrodomésticos, también pueden suplir juguetes o papeles, en función de la necesidad de la empresa estatal que convoque a licitación.
Tales son los casos de Empresas Integradas e Importadora Barbera, favorecidas por la cámara baja con contratos de RD$9.2 millones y 15.3 millones, respectivamente, y que, según su registro en el portal de compras públicas, ambas están ubicadas en la avenida España No.117, de Villa Duarte, una en el local 201-J y la otra en el 201.
En este lugar, como se pudo ver durante una visita al mediodía de ayer, existe un edificio en cuyo primer piso hay un almacén, y en su interior apenas se distinguían entre polvo y en pequeñas cantidades «cajas y sacos vacíos».
Al cuestionar al personal de la oficina sobre el nombre de la empresa, y a qué se dedicaba, alegaron que no sabían nada, y que el dueño acababa de marcharse. Sin embargo, vecinos del lugar afirmaron que en ese almacén trabajaban con arroz y otros alimentos, que son supuestamente empacados y distribuidos por el Plan Social de la Presidencia.
Otra de las empresas favorecidas por la Cámara de Diputados para la adquisición de 2,514 electrodomésticos y enseres del hogar para las madres, por un monto de RD$14.2 millones, fue Inversiones Falena (Inverlena), SRL, y que, según Compras Dominicanas, está ubicada en el edificio Santanita de la Avenida San Martín, local 302, y se dedica a la venta de alimentos y bebidas y ferretería.
Pero, en esa dirección existe desde hace 20 años, según se indicó, la empresa Piñeyro y Lara Comercial, cuyo personal dice no haber escuchado hablar de Inverlena. Tampoco el agente de seguridad del edificio, quien dice llevar ahí más de 20 años.
Algo parecido ocurrió con la empresa Servicios Generales y Suministros, favorecida con RD$9.6 millones, y cuya dirección en el portal de Compras Dominicanas se ubica en la calle Cul de Sac 1, No. 3 de la Urbanización Fernández. Da la casualidad que en esta dirección los números vuelan del 1 al 5, y el 3 no aparece. Se trata de residencias familiares, según se pudo observar.
Igual ocurre en la calle Andrés Julio Aybar No.25, del Ensanche Piantini, donde supuestamente se ubica Multiservicios Hermes, pero al preguntar en esa dirección, se informó que es una casa de familia.
En una licitación que hizo en noviembre del año pasado el Plan Social de la Presidencia para la adquisición de juguetes, aparecen los participantes Empresas Integradas e Importadora Barbera, ambas en el mismo edificio de la Avenida España. La primera representada por Edmon Barnichta, y la segunda por Eridania García. En esa ocasión también participó TP-End Group SRL, representado por Josaira de la Rosa, cuya cédula era 109-0005404-9. En el 2010, esta misma persona aparece representando a la empresa Inversiones Falena, en una licitación de la Suprema Corte de Justicia, para suplir papel, pero con un 2 (dos) adicional en el número de cédula 109-02005404-9.
Papeles, Juguetes y coincidencias
En esa misma licitación participó también importadora Barbera, pero representada por Tahiri Martínez. Un año después, esta empresa vuelve a concursar para suplirle juguetes a la Cámara de Diputados, pero entonces quien la representa es Edmon Barnichta Geara, el mismo nombre que representó a Empresas Integradas en la licitación del Plan Social.
Fuente: DIARIO LIBRE
jt/am

SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) denunció ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) graves distorsiones en el funcionamiento interno de la Jurisdicción Inmobiliaria, que según advirtió, provocarían su colapso en menos de dos años.
Entre dichas anomalías mencionó un aumento desbordado de los expedientes, dilación en los registros de títulos, mora judicial, falta de coordinación interinstitucional y carencia de recursos,
Dijo que la grave crisis que afecta a ese importante eje de la seguridad jurídica y la economía de la República Dominicana fue provocada por el estancamiento y deterioro progresivo de los cambios introducidos por la reforma iniciada con la promulgación de la Ley 108 del 2005 de Registro Inmobiliario.
«A pesar de que el derecho de propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y económico, que su eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupación, debido al incorrecto funcionamiento y regulación que se observa en nuestro sistema de justicia inmobiliaria», señala en un informe entregado al presidente de la SCJ, Mariano Germán.
Sostuvo que, si bien es cierto que el proceso de reforma alcanzó avances visibles, no menos es la existencia de distorsiones que ameritan la intervención del Poder Judicial.
Citó entre ellas, la larga duración de los procesos de deslinde, el traslado o sustitución injustificadas de técnicos especializados, debilidades en el sistema de estadísticas, vacíos legales y técnicos en sectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC), y la falta de aplicación del diagnóstico catastral descrito en el Reglamento General de Mesuras Catastrales.
Asegura que el Reglamento de Mensuras Catastrales no se revisa desde el 2009.
Señala, además, la falta de unificación de criterios entre los actores del sistema para el posesionamiento de las parcelas, dificultades en la implementación del Sistema de Gestión y Automatización Registral, así como la necesidad de dotar de un estatuto legal en base a la ley, a la unidad de Cartografía.
Asimismo, considera urgente la implementación de un proceso administrativo adecuado, para que la DNMC realice una inspección cartográfica para determinar la validez o no de las parcelas solapadas, y proceder a notificar por oficio al Tribunal de Jurisdicción Original.
«Nos exponemos a que en menos de 2 años colapse el sistema judicial inmobiliario, Si ese colapso se produjera, constituiría el más grave atentado a la seguridad jurídica y estabilidad económica que el país podría sufrir, con consecuencias catastróficas», subraya.
También identifican con un factor negativo el continuo choque entre el sistema de derecho civil de origen francés y el de registral (australiano) que no se han podido integrar plenamente.
Asimismo, considera que lamentablemente la combinación de factores internos y externos al Poder Judicial ha limitado el efecto de los años de reforma inmobiliaria, la cual entiende debió tener un mayor impacto en la actualidad.
Indicó que los inversionistas extranjeros con interés en el turismo, han desistido de concretar sus proyectos, debido a que no se sienten seguros.
jt/am

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas comprobó graves irregularidades en la contratación de las empresas y el pago por el servicio de recolección y disposición final de la basura en el Distrito Nacional.
Una auditoria realizada a solicitud de los regidores Waldys Taveras y Consuelo Despradel reveló que durante el 2011 fueron reportadas como recogidas 45,268 toneladas de basura que no ingresaron al relleno sanitario de duquesa y que fueron pagadas a 37 dólares cada una, para un pago no justificado de 60.2 millones de pesos.
También se comprobó que en el traslado de la basura con volquetas desde la estación de transferencia de Villas Agrícolas se realizaron pagos no justificado por un monto de 15 millones 89 mil pesos, para una erogación total no justificada de 75.2 millones de pesos.
Los auditores Cristian Díaz Pérez y Luis Paulino Sánchez señalan en su informe, que comprobaron que la contratación de las empresas recolectoras se realizó en violación de las disposiciones de la Ley de Compra y Contratación Pública, ya que no fue realizada la licitación pública correspondiente.
Se determinó, además, que el 85% de los camiones que usan las fundaciones contratadas para la prestación del servicio en las zonas vulnerables no cumplen con los requisitos establecidos en los contratos.
El informe también destaca que no existe certeza ni comprobación de la cantidad de desechos sólidos depositados en duquesa porque los camiones compactadores y las volquetas que depositan los desechos sólidos no son revisados a su salida.
Otras irregularidades detectadas indican que los contratos de recolección de desechos no han sido sancionados por la Sala Capitular para su aprobación, enmienda o rechazo, y que no existen mecanismos de fiscalización, ni informes de la ejecución del contrato de aseo y fumigación de los mercados por lo cual se paga 900 mil pesos mensuales.
Igualmente señala que desde 2009 las empresas que prestan el servicio de recolección a los grandes productores comerciales e industriales no pagan el 20% de su recaudación al Ayuntamiento del Distrito Nacional, como establecen los contratos de concesión.
jt/am