POR CARLOS SALCEDO

Aunque se daba por un hecho el otorgamiento de la nacionalidad dominicana a Mario Vargas Llosa, falleció recientemente sin que se le otorgara. El ofrecimiento público del presidente de la República de dicha concesión en abril de 2023 no se concretó, a pesar de la declaración de aceptación por parte del Premio Nobel de Literatura. Dado que para esa fecha escribí un artículo defendiendo dicha entrega refiero parte de su texto en su memoria.

Conferir, mediante naturalización privilegiada, la nacionalidad dominicana a ciudadanos extranjeros, por haber prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por servicios sobresalientes prestados a la humanidad, es una atribución exclusiva del presidente.

Ni los que se oponían a dicha asignación pueden negar las grandes contribuciones que con su sobresaliente pluma hizo Vargas Llosa a la humanidad, tanto a través de sus reconocidas obras literarias como de sus ensayos y pronunciamientos públicos, que incluyen una novela con base dominicana, La  fiesta del chivo, convertida en best seller mundial.

Quienes rechazaban entonces la entrega de la nacionalidad dominicana al célebre y mundialmente famoso escritor latinoamericano, al punto de llamarlo traidor y no grato en la República Domicana, aludían a la supuesta ofensa a la soberanía dominicana cuando, a propósito de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional dominicano (TC) escribió en La Nación, de España, que dicha sentencia “es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avencidados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad”.

Como hicieron otros en diversos pronunciamientos públicos, incluidos varios artículos de la época -2014- de la referida sentencia, he sostenido, como lo hizo Vargas Llosa, que con la aludida sentencia, “el Tribunal Constitucional, llamado a proteger los derechos fundamentales y defender el orden y supremacía constitucionales, había arrasado con el derecho fundamental a la identidad de dominicanos que, por su origen haitiano, seguirán siendo excluidos y, peor, se les arrebataba su nacionalidad dominicana”.

De igual forma, consideré que “El llamado Tribunal ciudadano, lejos de aprovechar la ocasión para reafirmar su responsabilidad, masacró la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos. En lugar de declarar la inconvencionalidad del artículo 18.3 de la Constitución (CR), que dispone que no son dominicanos los que residan ilegalmente en territorio dominicano, desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual, a propósito de un caso de condena a nuestro país (Yean y Bosico), dispuso que el estatus migratorio no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad”.

También sostuve que “El TC prefirió complacer a sectores que, para cubrir su irresponsabilidad frente al tema haitiano, propugnan por su invisibilidad, violando los principios constitucionales de jerarquía de los tratados y decisiones de la Corte IDH, derecho de defensa, irretroactividad de la ley, debido proceso y de favorabilidad de los derechos… Más aún, extiende los perjuicios ocasionados a Julia Deguis Pierre, con su desproporcionada, irracional e insostenible sentencia, a quienes se encuentren en su situación desde 1929, con el consecuente despojo masivo de la nacionalidad dominicana”.

Asimismo, entendí entonces que “no es cierto que el Estado dominicano no haya despojado de su nacionalidad dominicana a una cantidad considerable de personas de origen haitiano. Estas tenían sus actas de nacimiento y fueron reconocidas como dominicanas por haber nacido aquí y porque el estatus migratorio ilegal de sus padres no se les transfiere a los hijos, ni es una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, como lo ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eran ciudadanos dominicanos por la Constitución anterior y por la actual”.

En dicho contexto advertimos, incluso, la segura condena que se produciría contra el Estado dominicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la expulsión de personas haitianas y dominicanas, así como por la desnacionalización de estas últimas, lo cual efectivamente ocurrió y fue dado a conocer en octubre de 2014.

Dicha condena del país se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños ocurridas entre 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. De igual forma, el caso se extendió, por ser un hecho superviniente, a la sentencia 168/13 y a la Ley 169/14.

Coincidiendo con el célebre escritor Vargas Llosa, aún sin proponérmelo, decía entonces que “siento que, por afanes ultraconservadores y de un patriotismo propio de los regímenes más temidos y autoritarios de la historia universal y nacional, el país y con ello nuestras instituciones hayan sucumbido y apisonado los derechos fundamentales que deben garantizar”.

No se trata, pues, de una posición aislada sostenida entonces por Vargas Llosa, es la que está consagrada en los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos, a los cuales pertenece nuestro país como la de todos los que creen, defienden y promueven los derechos fundamentales. La defensa de la soberanía no puede implicar el desconocimiento de que los derechos humanos son universales y nos toca a todos defenderlos, tanto aquí como en todo el mundo.

Si en el marco de la famosa sentencia 168/13, Vargas Llosa comparó nuestro TC con los de Nuremberg, cuando el régimen nazi desnacionalizó masivamente a ciudadanos de origen judío, hasta llevarlos, en las peores condiciones humanas conocidas, a los campos de concentración, creo que tenía muy presente que nuestro Estado es democrático y de derecho y, por lo tanto, defensor de los derechos humanos, que por su naturaleza, nos compete a todos defender y donde quiera que ocurran sus transgresiones.

Si un hombre de la talla del ahora muy recordado Vargas Llosa anunció que aceptaría la nacionalidad dominicana, habiendo puesto mundialmente el país en las miras del mundo a través de una de sus obras, en defensa de la libertad y de los derechos humanos, además de elegir esta nación como su suelo, la declaración del presidente Abinader fue muy atinada.

La proclama de bienvenida de Mario Vargas Llosa como dominicano no se manifestó en ningún decreto presidencial, pero con la adjudicación de su nacionalidad dominicana ganaban los derechos humanos, se beneficiaba nuestra nación y se comprometía, mucho más, su defensa.

Siempre fue muy grata para los promotores y defensores de la libertad y de los derechos humanos la presencia de don Mario en nuestro país, para orgullo nuestro y, más que traidor, con su amor por nuestra patria y la defensa de sus valores constitucionales, contribuyó e hizo propia la promoción de los derechos fundamentales en los escenarios universales.

Cada 24 de abril, la República Dominicana se encuentra con una de las fechas más trascendentales de su historia. Ese día, en 1965, un pueblo se levantó con valentía para defender la democracia, exigir el retorno del gobierno constitucional y rechazar la imposición de un régimen dictatorial e ilegítimo.

Pero no fue solo una rebelión militar ni un episodio más en la inestabilidad política de la región. Fue, por sobre todo, un grito de dignidad nacional. Un momento fundacional donde se tejió, con sangre y coraje, la convicción de que los dominicanos tenemos derecho a decidir nuestro destino.

El 24 de abril es una memoria activa que ilumina el presente y desafía al futuro. Es la expresión de un pueblo que, tras décadas de dictadura, no estaba dispuesto a volver a ser súbdito. Y en el corazón de esa gesta histórica estuvo una figura imprescindible: José Francisco Peña Gómez.

Peña Gómez

El joven Peña Gómez no empuñó un fusil en las calles del 24 de abril, pero su voz retumbó más fuerte que los disparos. Desde Radio Santo Domingo, se convirtió en la conciencia colectiva del movimiento constitucionalista. Su discurso apasionado, claro, valiente, no solo narraba los acontecimientos: los articulaba, los dirigía, les daba sentido.

Mientras los sectores militares fieles a la Constitución se enfrentaban a los golpistas, Peña Gómez le hablaba al país, convocando al pueblo a defender sus derechos, su soberanía y la esperanza democrática que había nacido con la llegada de Bosch al poder en 1962.

Aquel día, el liderazgo de Peña Gómez trascendió el plano político. Fue una irrupción moral. Un joven de origen humilde, formado en la lucha por la justicia social, asumía la voz de una generación que no estaba dispuesta a retroceder. Su defensa de la constitucionalidad, su rechazo a la intervención extranjera y su capacidad para unir voluntades, lo convirtieron en un referente democrático ineludible y del ideal de soberanía popular.

El 24 de abril fue, en efecto, una revolución cívico-militar. Pero más allá de los cañones y las barricadas, fue una revolución de sentido: el momento en que el pueblo asumió como propia la defensa democrática. Fue un acto de afirmación frente al miedo, una irrupción popular frente a las élites que querían volver a manejar el país como una finca. Y en esa confrontación entre democracia y autoritarismo, Peña Gómez emergió como la voz del pueblo organizado, lúcido y valiente.

Hoy, a seis décadas de aquellos días decisivos, debemos preguntarnos: ¿qué significa el 24 de abril para la República Dominicana del siglo XXI? ¿Qué nos dice esa fecha a quienes creemos en la democracia, en la justicia social, en el valor de la participación ciudadana?

La respuesta es clara: nos interpela. Nos recuerda que las conquistas democráticas no son eternas, que cada generación debe renovar el pacto con la libertad, con la verdad, con el pueblo. Nos recuerda que hay momentos en que callar es traicionar, y que el precio de la dignidad puede ser alto, pero siempre vale la pena.

Pero también nos recuerda algo más: que los líderes verdaderos no son los que se imponen, sino los que encarnan la voz del pueblo. Peña Gómez fue eso. Fue el altavoz de una esperanza nacional. Y su legado no puede entenderse fuera de esa fecha que lo proyectó, no solo como político, sino como símbolo ético de un país que no se rinde.

Hoy, cuando hablamos de institucionalidad, de fortalecimiento democrático, de participación ciudadana, de políticas públicas centradas en la gente, el espíritu del 24 de abril sigue vivo. Sigue vivo cada vez que un joven se organiza en su comunidad. Cada vez que una mujer exige sus derechos. Cada vez que una política pública pone primero la dignidad. Cada vez que alguien dice: primero la gente.

Conmemorar el 24 de abril no es anclarse en el pasado, es defender el presente con la memoria como herramienta. Es decirle al país que hay valores que no pueden negociarse, que hay principios que no pueden olvidarse. Que cada vez que la democracia esté en riesgo, esa fecha se levantará como bandera y como advertencia.

El 24 de abril es una piedra fundamental de nuestra historia. Y su fuerza sigue latiendo. Depende de nosotros mantenerla viva.///

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POR EMELYN HERASME

El mérito se aplaude como si fuese virtud autónoma, pero pocos se detienen a preguntar qué hay detrás de quienes siempre parecen estar “un paso adelante”. ¿Es esfuerzo individual o una ventaja silenciosa? Mientras discutimos becas, promociones y oportunidades, lo que callamos es cómo ciertas herencias —no solo materiales— definen quién asciende y quién no.

El sociólogo Pierre Bourdieu conceptualizó esto con precisión al hablar de “capitales”. No se refería solo al dinero, sino a todo aquello que puede acumularse, heredarse y generar poder: conocimientos, conexiones, prestigio. Esta idea rompe con el mito liberal de igualdad de oportunidades y claramente muestra un orden social que premia, antes que nada, el punto de partida.

El capital económico es el más evidente: herencias, propiedades, inversiones. Sin embargo, su naturalización como “ventaja competitiva” esconde su carácter estructural. Nacer pobre no es solo carecer de dinero, es empezar la carrera con los pies atados. Por lo tanto, redistribuir la riqueza no es hacer caridad, es una medida mínima para desmontar la ficción meritocrática que sostiene la desigualdad.

Más sutil, el capital cultural se transmite en la infancia: el modo de hablar, los libros disponibles, el repertorio simbólico. A menudo se confunde con inteligencia, pero responde al acceso. ¿Cómo competir en un sistema que valora códigos que nunca se enseñaron en la escuela pública? Democratizar el conocimiento implica revisar lo que se enseña, cómo y para quién.

El capital social funciona como una red de autopistas invisibles. Las amistades, los contactos, las recomendaciones: todo eso que no figura en el currículum pero pesa en una entrevista. Algunos lo llaman “networking”; otros, favoritismo. ¿Y si invirtiéramos en redes comunitarias, cooperativas, clubes abiertos, donde el vínculo también sea un derecho y no un privilegio?

El más escurridizo de todos es el capital simbólico: el prestigio social. Estudiar en una universidad de renombre, portar un apellido “con historia” o, correspondiendo a la realidad actual, tener miles de seguidores en redes sociales. Todo eso crea un aura de legitimidad, aunque el contenido sea idéntico al de alguien sin esos sellos. El riesgo no es tener símbolos de prestigio, es que estos oculten las verdaderas desigualdades.

Hoy, mientras las élites políticas se reproducen con apellidos reciclados y el algoritmo define lo visible, los capitales se digitalizan. El “influencer” sin estudios formales que acumula poder simbólico en TikTok es una anomalía o un síntoma. ¿Estamos presenciando nuevos capitales o solo viejas jerarquías con filtros y hashtags?

Aceptar los capitales de Bourdieu como herramientas analíticas es un inicio, pero no basta. Si no cuestionamos su reproducción, serán los mismos de siempre los que se beneficien del disfraz de la meritocracia. La educación pública transformadora, políticas redistributivas y acceso real a la cultura son estrategias concretas para, poco a poco, acabar con estos privilegios heredados.

La igualdad no se construye repitiendo frases como “todos pueden si se esfuerzan” o, peor aún, reproduciendo la lógica neoliberal que sostiene que “el pobre es pobre porque quiere”. Se construye desmontando los muros invisibles que separan a quienes nacen con llaves de oro de quienes apenas encuentran la puerta.

La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común?, de Michael Sandel, es una lectura indispensable para quienes buscan repensar la justicia más allá del discurso del esfuerzo individual. Sander, con mirada filosófica profunda, desmonta los mitos de la meritocracia y propone una política centrada en la equidad, la dignidad del trabajo y el bien común. Hace crítica a las élites tecnocráticas y su defensa de lo público motiva a imaginar una sociedad más humana y solidaria.

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