Por HANNA BUENO

Vivimos bajo una anestesia colectiva. Mientras el consumo digital fragmenta la atención pública, el sistema internacional registra su mayor nivel de conflicto armado en décadas. Según el ACLED (Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados), el bienio 2025-2026 mantiene niveles críticos de violencia política que han dejado de ser «ruido exterior» para convertirse en un factor de costo directo.

En la República Dominicana, el conflicto ya no es una abstracción transatlántica; ha cruzado el umbral de su hogar a través del medidor de energía.

El «peaje» de la Guerra Proxy

La narrativa de «paz insular» es un lujo que un importador neto de hidrocarburos no puede permitirse. Nuestra economía es víctima de una guerra proxy (guerra por delegación) en el tablero energético: conflictos donde potencias globales utilizan terceros países o rutas comerciales para desestabilizar mercados.

Con una matriz dependiente en un 75% de combustibles fósiles (Gas Natural Licuado, Carbón y Petróleo Combustible), el país paga una prima de riesgo invisible. Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz y los ataques en el Mar Rojo —nodos por donde transita el 20% del crudo mundial— no solo afectan la logística; alteran la estructura de costos de toda la nación.

Aunque los índices de Xeneta y Freightos (plataformas de análisis de tarifas de transporte marítimo) muestran una estabilización técnica este mes, el daño estructural persiste. Los fletes en la ruta Asia-Américas se mantienen un 20% por encima de los niveles de 2024.

Para el ciudadano, esto se traduce en «inflación importada» que el Estado intenta mitigar con un subsidio eléctrico proyectado en RD$115,000 millones para el cierre de 2026. No somos meros espectadores; somos los financistas pasivos de esta guerra por delegación.

Caucedo: yugular del Caribe

Nuestra mayor fortaleza logística es, paradójicamente, nuestro flanco más expuesto. El puerto de DP World Caucedo, tras una inversión estratégica de US$760 millones confirmada este año, ha escalado su capacidad a 3.1 millones de TEUs (Unidad Equivalente a Veinte Pies, el estándar de un contenedor común).

Esta expansión consolida al país como el centro logístico regional, pero en la era de la «guerra híbrida», esta hiperconectividad nos hace vulnerables. Un bloqueo en las cadenas de suministro de gas o un ciberataque a los sistemas de gestión portuaria podría paralizar el flujo de alimentos y medicinas en cuestión de 72 horas. La soberanía hoy no se mide en kilómetros de frontera, sino en la resiliencia de la infraestructura crítica.

Hacia la «soberanía del interruptor»

A inicios de 2026, la República Dominicana alcanzó un hito: el 25% de su generación proviene de fuentes renovables (solar, eólica e hídrica), con más de 2,700 megavatios instalados según la CNE (Comisión Nacional de Energía). No obstante, ante un mercado de gas natural que ha sufrido saltos del 45% en contratos futuros debido a la inestabilidad en Qatar, la transición energética ha dejado de ser una meta ecológica para convertirse en un imperativo de defensa nacional.

El crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto por el Banco Central (~4.5% para 2026) es de cristal si no aceleramos la implementación de la Resolución SIE-007-2026 dictada por la Superintendencia de Electricidad. Esta norma, que regula la generación distribuida (paneles en techos), es nuestra mejor arma: cada kilovatio producido por el sol dominicano es una trinchera contra el chantaje de los precios internacionales.

Proyección 2026-2027: el costo de la incertidumbre

Las proyecciones para el cierre de 2026 sugieren un escenario de volatilidad persistente. Si las tensiones en el Estrecho de Ormuz escalan hacia un bloqueo intermitente, el precio del barril de referencia podría estabilizarse en un piso de US$95-US$105, lo que forzaría un ajuste al alza en la tarifa eléctrica técnica de entre un 12% y un 18% para inicios de 2027.

Sin una aceleración agresiva en el almacenamiento de energía (baterías escala de red) y una mayor penetración de renovables, el Estado se verá obligado a elegir entre un déficit fiscal insostenible o trasladar el “costo de la guerra” íntegramente al consumidor final.

Conclusión

La verdadera paz es la capacidad de evitar que un actor externo «apague» el progreso de una nación. Su factura de luz es el recordatorio mensual de que la seguridad nacional se juega en el sistema eléctrico.

La pregunta para el liderazgo nacional y el sector privado es clara:

¿Seguiremos pagando el impuesto de la dependencia o tomaremos finalmente el control de nuestro horizonte estratégico?

jpm-am

No me he sentido sorprendido ante el sonado caso del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de utilizar su cargo para extorsionar a un testigo clave a cambio de alterar el curso de una investigación.

El mismo ha generado debate en distintos sectores de la sociedad, especialmente entre profesionales del derecho y ciudadanos preocupados por la transparencia institucional.

Este tipo de situaciones no es aislado en el sistema judicial dominicano. Muchos abogados del país conocen de primera mano prácticas irregulares que, durante años, han afectado la credibilidad del Ministerio Público. El problema radica en una cultura institucional que ha permitido la permanencia de conductas cuestionables.

El caso del fiscal Valdez Alcántara ha puesto en evidencia las debilidades en los mecanismos de control interno. La acusación de extorsión, especialmente dirigida hacia un testigo clave, no solo compromete una investigación específica, sino que también socava la confianza general en el sistema de justicia. Este hecho ha provocado indignación y llamados a una revisión profunda de los procedimientos de supervisión.

Ha habido una reacción tardía por parte de las autoridades.  “Ahora” la Procuradora General de la República parece haber tomado conciencia de la magnitud del problema, reconociendo que está rodeada de funcionarios corruptos y mediocres sin la capacidad necesaria para ejercer sus funciones de manera adecuada.

En ese sentido,  la procuradora Yeni Berenice debe autorizar una investigación profunda de todos los casos que llevaba el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, con el fin de determinar posibles irregularidades y garantizar la transparencia.

En este contexto, diversos sectores han exigido reformas estructurales que garanticen la selección de fiscales con criterios más rigurosos y transparentes. Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer los órganos disciplinarios para sancionar de forma ejemplar a quienes incurran en actos de corrupción o abuso de poder.

Recuperar la confianza ciudadana no será una tarea sencilla. Requerirá voluntad política, acciones concretas y un compromiso real con la ética y la justicia. Solo así será posible transformar el Ministerio Público en una institución que verdaderamente responda a los intereses de la sociedad dominicana.

sp-am