La ejecución presupuestaria del primer trimestre del año confirma que las cargas fijas siguen consumiendo prácticamente la totalidad de las recaudaciones al gastarse RD$94,790 millones frente a ingresos de RD$94,535 millones. Para poder efectuar inversiones por RD$14,000 millones y abonar RD$26,000 del principal de la deuda, hubo que endeudarse por casi US$1,000 millones en el trimestre, haciendo pronosticable aumento de endeudamiento por US$4,000 millones durante 2014; incrementándose así gastos financieros y déficits. Esta creciente bola de fuego fiscal-financiera augura ajustes mediatos, drásticos y dolorosos socialmente, de lo que ahora sería solucionable mediante correctivos amparados en disposiciones vigentes relativas a las dos principales fuentes de la elevada carga fija: burocracia y subsidio eléctrico. Disponemos de leyes que obligan reordenar el Estado para evitar duplicidades y competiciones orgánicas mediante supresiones y/o adscripciones reductoras de gastos prescindibles. Disponemos de leyes reguladoras del desenvolvimiento del personal, evitando duplicidades, competiciones y gastos. La 41-08 dispone quién designa, horas de trabajo a laborar, régimen de prohibiciones y sistemas de evaluación del desempeño que bastaría cumplir para aliviar nóminas. El Art. 79 instituye un Régimen Ético y Disciplinario que conducen a gastar menos y mejor, que el presente gobierno reforzó mediante la instauración del “Código de Pautas Éticas” que pocos parecen recordar. En ambos instrumentos, se establecen y reafirman, respectivamente, obligaciones de bien administrar patrimonio público, integridad en desempeño de funcionarios, evitar beneficios personales y de relacionados asociados a función desempeñada, abusos de poder, tráfico de influencia, etc. Las leyes General de Energía y Compras Gubernamentales obligan a que el precio de compraventa de energía sea determinado por los mejores ofrecimientos a la baja mientras ahora se negocia provocando tendencia alcista originando enormes subsidios altamente incidente en gastos, déficits y endeudamientos. Como está sobre el tapete la reelección, muchos consideran que el Presidente Medina no encarará la hipertrofia burocrática ni los privilegios en contratos eléctricos argumentando lesiones a la empleomanía político-partidaria y a intereses empresariales. Ignoran, quienes así piensan, que esta reducción de privilegios burocráticos y económicos que incuestionablemente provocará inconformidades, quedarán más que subsanadas por las conformidades que provocará en la ciudadanía, en la economía y competitividad, el disponer energía más barata y al eficientarse la administración pública aligerando su superabundante hipertrofia. Ambas acciones, además, reducirían el déficit que sustenta la economía especulativa que hoy succiona recursos dirigibles a producir y generar empleos. Si el Presidente Medina se re-postula, cosecharía las conformidades causadas por estos correctivos. Si no, habrá sustituido la economía especulativa y saqueada que recibió por una economía productiva y saneada; con el consecuente reconocimiento de sus conciudadanos potencialmente acumulables en dividendos futuros.

En la medida en que se acerca el desenlace de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es su inminente división, se perfila la Convergencia por un Mejor País, que busca constituirse en un amplio frente que capitalice la oposición al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El pasado domingo, ocho grupos políticos proclamaron la Convergencia con una agenda programática general a la espera de concertar un programa de gobierno, mientras esta semana el partido reconocido Alianza Social Dominicana será rebautizado como Partido Revolucionario Mayoritario. Hacia nuevo ciclo político El documento de proclamación de La Convergencia comienza reivindicando los anhelos políticos y sociales de las últimas cinco décadas, tras la desaparición de la tiranía trujillista para iniciar “un nuevo ciclo político” que “no solo desplace la corporación PLD del poder en 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y la sociedad dominicana, esfuerzo posible si logramos una vigorosa coalición de fuerzas políticas y sociales, usando adecuadamente las armas y las herramientas de la política del siglo XXI”. La estrategia fundamental parte de “la superación de los abismos existentes entre las fuerzas políticas y el movimiento social”, con una coalición no solo de partidos sino de grupos diversos de la sociedad, desde el empresariado hasta las comunidades de base “con el interés de plantear soluciones a los problemas más sensibles de la ciudadanía”. Reconocen el “deterioro que padece la clase política” por lo que se empeñarán en “construir una voluntad democrática que impregne confianza y entusiasmo en la población”, con propuestas presentadas “desde el pluralismo y la tolerancia, con prácticas y actitudes favorables a la creación de una relación necesaria entre el movimiento social y el movimiento político”, a través de la participación en las propuestas programáticas y en el Gobierno. Proponen articular un espacio plural y abierto para congregar “una amplia gama de posiciones políticas, ideológicas y sociales” con capacidad no solo para ganar la presidencia de la nación, sino para alcanzar una significativa representación congresual y municipal “con propuestas que vayan más allá de un simple cambio de autoridades”. Buscan incorporar otros El manifiesto de La Convergencia fue presentado por los partidos reconocidos Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, por el PRD Mayoritario, el Foro Renovador del PRD, y los movimientos políticos sociales La Multitud, Red de Acción Política, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y Dominicanos por el Orgullo Nacional. La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el politólogo Pedro Catrain, de los principales ideólogos de La Convergencia, explican que están entregando el manifiesto a una serie de entidades políticas y sociales, a la vez que los invitan a participar en la concertación del programa de gobierno. Aspiran a lograr la incorporación de los partidos como Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata y Dominicanos por el Cambio, que lideran Guillermo Moreno, Max Puig, Hatuey de Camps y Eduardo Estrella. En la concreción del programa esperan incluir cuestiones vitales para reducir la corrupción, la impunidad, el clientelismo y al reparto del Estado, y señalan asuntos como la incorporación de las entidades sociales en el Consejo Nacional de Ética, la supresión de organismos inoperantes y suplicantes de funciones, de cientos de vicecónsules, embajadores y cargos innecesarios, así como de las nominillas, dentro de una política de prioridades en la inversión y el gasto. También proscribir barrilitos y cofrecitos de los legisladores, con el compromiso de dedicarse a sus funciones constitucionales, y gestión municipal absolutamente transparente y participativa. Los estrategas están convencidos de que el compromiso concreto con las principales demandas de la sociedad producirá una avalancha que sacudirá el sistema partidista, aunque reconocen que para alcanzar esos objetivos tendrán que aunar grandes energías, “espantando los fantasmas del grupismo autodestructivo que ha afectado tanto al PRD como a los partidos y grupos de izquierda, que una y otra vez han impedido la sumatoria de los sectores democráticos y progresistas”. Esperan que esa avalancha no solo liquide lo que quedará del viejo PRD, sino que genere un terremoto en el PLD. Todo ello en base al rechazo que las encuestas marcan al actual sistema partidista. El desafío de candidaturas Cuando se discute a fondo con los promotores de La Convergencia, se llega siempre al desafío que representan las candidaturas, no solo la presidencial, sino también las legislativas y municipales. Milagros Ortiz y Catrain dijeron el viernes por Teleantillas que esperan tener candidatura presidencial para octubre, o a más tardar para comenzar el 2015. Conciben la elección con el padrón universal, llamando a toda la población a elegir sobre las propuestas que formulen los partidos y grupos coaligados. De los actuales participantes solo el Frente Amplio ha señalado su candidato, Fidel Santana, y se espera que otros, incluyendo los que aún no se han comprometido, presenten candidaturas, lo mismo que el PRD Mayoritario, el cual tiene el desafío de decidir entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. El primero no ha dicho si la buscará, pero el segundo lleva más de un año en campaña. Hasta ahora los dos se mantienen unidos en la creación de la estructura que sustentará el PRD Mayoritario, conformada por la dirección media y de base del perredeísmo. Todos reconocen que si los perredeístas transportan el grupismo y el clientelismo tradicional, La Convergencia quedaría corta. Un proyecto de reglamento elaborado a principio de año concibe que el 80 por ciento de los cargos sean elegidos en votación abierta, y el restante 20 por ciento para asegurar la representación de las minorías políticas y de los grupos sociales. Pero eso está aún por definirse, esperando la incorporación de otros partidos y núcleos sociales. La suerte está echada Para los dirigentes de lo que ya se conoce como “PRD Mayoritario”, la suerte está echada, porque tienen la convicción de que la elección de dirigentes del viejo partido culminará el próximo domingo en “otra imposición de Miguel Vargas con el apoyo del Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral de Leonel Fernández”, a quien dan por candidato presidencial del PLD. Han dado apoyo al intento de polarización con Vargas protagonizado por Guido Gómez Mazara, pero la actitud antidemocrática de aquel, la exclusión de casi dos tercios del viejo padrón del PRD y la parcialidad de la comisión organizadora, no dejan margen a la duda. Por eso proclamarán esta semana el PRD Mayoritario. La decisión está basada en todas las encuestas que, como la Gallup HOY, han dejado entre 9 y 13 por ciento las simpatías de los perredeístas por Vargas Maldonado, entre dos tercios y tres cuartas partes inclinados a seguir los pasos de Mejía y Abinader. Una investigación del Centro Económico del Cibao al primero de junio indicó que el 72 por ciento de los perredeístas apoyaría La Convergencia y el 21 por ciento no lo haría. El 68 por ciento se integraría a ella y el 23 por ciento no lo haría. El 70 por ciento dijo que Abinader y Mejía tienen la real representación del PRD, y el 15 por ciento la atribuyó a Vargas Maldonado. La agenda programática Los propulsores de La Convergencia parten de una agenda de cuatro capítulos generales a ser enriquecidos por los actores sociales y políticos en un proceso de concertación democrática para “desmontar el antidemocrático modelo peledeísta, erigido sobre la base de la corrupción, la impunidad y el clientelismo”. En el capítulo 1, “participación electoral con transparencia” plantean “una reformulación integral de las normas que rigen el proceso electoral”. Si bien apoyan la promulgación de una Ley de Partidos y del régimen electoral, lo consideran insuficiente para lograr la libertad de elección, por lo que incluyen la modificación de la actual composición del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. Los objetivos estructurales, en el capítulo 2, parten de la reestructuración del modelo económico “para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de las riquezas del país, incentivando los sectores productivos, la generación de empleos de calidad con salarios dignos y derechos laborales garantizados, así como el aumento de la inversión social dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad, garantizando una distribución equitativa de la inversión pública entre las diversas provincias del país”. Esbozan acciones en los sistemas educativos, eléctrico y la seguridad social, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, y en políticas internacional y migratoria, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente “para desatar los nudos autoritarios existentes y reconfigurar los principales poderes públicos”. El capítulo 3 se refiere a “objetivos Coyunturales”, como convertir la Loma Miranda en parque nacional, la impunidad, código laboral y servicios públicos, y el cuarto se refiere al medio ambiente, mujer y género, juventud, discapacidad y diversidad.