Se necesita recaudar más en RD, para eliminar déficit, es el titular que se ve en todos los medios. Recomendada esa medida por recaudadoras de RD y por el Fondo Monetario Internacional. Hay un plan que creo justo dentro de ese esquema y lo analizo para Ustedes. Mire esto: Revisar el impuesto anual que se aplica sobre la suma total del patrimonio inmobiliario de las Personas Físicas y Jurídicas, llamado IPI en RD, cuyo valor sea mayor de seis millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos pesos, hoy, esta, en agenda. Solo están exentos del pago de este impuesto los inmuebles: 1. Ubicados en zonas rurales, dedicadas a labores agropecuarias, produciendo, no vegetando. 2. Acogidos a la ley 158-01 sobre fomento turístico, pertenecientes a los primeros adquirientes (personas físicas), cuyo contrato sea anterior a la Ley 253-12 de parche tributario. (Esto debe revisarse también, con el CONFOTUR, pues le mantienen incentivos al adquiriente viejo y revisar el derogado artículo 6 de la Ley No. 158-01 que establecía que los incentivos y beneficios se limitaban a los nuevos proyectos de construcción turística que se iniciaran, debe actualizarse) 3. La vivienda cuyo propietario tenga sesenta y cinco (65) años de edad o más, siempre que dicha vivienda constituya el único patrimonio inmobiliario del propietario. Y las ONG, Iglesias y otras sin fines de lucro, desde luego. Catastro ira con su varita a revisar medidas y darles valores actuales a inmuebles, ya que miles no están de acuerdo con el valor determinado por Impuestos Internos. Cuál es el nuevo Plan: Hacer una cartografía de inmuebles en RD, comenzando con un levantamiento de 35,000 unidades nuevas, que no pagan nada hoy. El objetivo del análisis de la demografía de los inmuebles a levantarse en 2014 debe ser proporcionar información de la población de establecimientos, micro, pequeños, medianos, y grandes ubicados en el territorio nacional, para que tributen por valor de mercado, y/o por el valor agregado comercial o sea plusvalía por inversiones del Estado, sin contrapartida del beneficiario. Definido como una contribución por la mejora que hizo el Estado en los últimos 12 años, debe pagarse no en especie, sino en moneda, por el aumento de valor 1 km a la redonda de donde fue hecha la millonaria inversión sea del ayuntamiento, Gobernación u Estado. Beneficiarse indirectamente, afectara al próximo a estas obras, los demás no pagaran nada. Eso traerá discusiones y ganara el Estado y las mayorías no afectadas, y envidiosas. Los Valores mínimos estimados de referencia, hoy en promedio, para todo el país, no en la Gran Capital, ni en Bávaro, son: Valor del Metro cuadrado (de un solar, no zona AAA) es de RD$ 2,998.00. Valor del Metro cuadrado (de construcción) RD$12,980.00 de 3ra clase. Vea Consultas DGII para otras zonas y tipo viviendas, valores los promedie, para nación. Punto comercial u plusvalía por inversiones Estatales (sin techo, no tendrá limites) La información obtenida en ese análisis tiene múltiples usos en el ámbito público, privado y académico, ya que los investigadores y estudiosos de la economía tienen en los datos obtenidos un insumo invaluable para observar la dinámica de los negocios dentro de la economía nacional. Ese plan es justo, si aumenta el # de potenciales contribuyentes que pasen del valor exento según el DGII, y Catastro, pero tiene sus bemoles. El posible abuso viene por la realización del proceso de revisión de valores catastrales durante los últimos años. Y por la ley que reza así: La Dirección general del Impuesto sobre la Renta estimará de oficio la cuantificación del valor de la vivienda y el monto del impuesto, en caso de que su propietario no haga a tiempo su declaración Jurada, la haya hecho mal o incompleta o se niega a declarar. A esos fines, la Dirección General utilizará los medios que la Ley establece y cobrará el impuesto exigido más un recargo de un 25% sobre el monto del impuesto estimado hasta el primer mes de retardo en declarar, más un 5% (cinco por ciento) por cada mes o fracción de mes adicional de retraso en declarar o pagar. Y suministrar información falsa o inexacta, entre otros, se penaliza con multas de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos. El fallo es con la casa habitación que ocupo que aunque tenga valor de más de $6.7 millones, no genera ingresos y pagar impuesto por tenerla resulta abusivo. Así lo debe entender el Pleno del Congreso el 16 de Agosto, cuando lleguen esos nuevos proyectos para convertirse en ley. El odioso aumento del itebis en 3% anual en el 2014, es la razón de motivar esta salida sustituta al plan de subir presión tributaria para gravar al que tiene, y no al que consume. Lo dijo la Iglesia graven al que tiene, no al que consume por necesidad. Impresora fiscal al que compre más de 36 millones anuales y sanción al que no se acoja al PST o plan simplificado, es un plan que amerita apoyarse en el DGII, y por todos, porque cerrar negocios no es lo que queremos, dijo su Director, pero tenerlos ubicados a todos los contribuyentes, como cuentas por cobrar, con deudas por pagar. Eso será siempre. Esperemos los cambios o los parches. Creo eso viene en el Verano caliente 2014. Johnnysanchez1147@yahoo.com

Los burgueses movimientos progresista y las organizaciones izquierdistas podrán ahora agregar una consigna más a su denominador común, para, sin mostrar sus diferencias, insinuarle al pueblo la urgencia de lanzarse a las calles so pena del aumento vertiginoso en los actos de corrupción por parte de los que controlan el Estado. Esta nuevo reclamo se sumará a la larga lista donde se encuentran demandas como la asignación de Loma Miranda como parque nacional, la abolición de la sentencia 0168-13 del Tribunal Constitucional, no a la Contra-Reforma Laboral, no a la impunidad, no a los contratos mineros, no a la Barrick Gold, no al Paquetazo, cárcel para los corruptos, no al terrorismo policial, justicia para los muertos y heridos en protestas previas, libertad para los presos políticos, entre otras demandas. Como de costumbre, los movimientos progresistas, pedirán en sus protestas que Danilo desestime la modificación que elimina del artículo 85 el tercer párrafo que reza: En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante, mientras los de izquierda, invitaran al pueblo a indignarse y hasta rebelarse contra esta absurda reforma. Ninguno de los llamados explica cómo las acciones que sugieren garantizaran no solo el respeto a los bienes del pueblo, sino el bienestar de todas las familias dominicana. ¿Por qué, además de las acciones, no le explican al pueblo los resultados que se esperan obtener si acatan estos llamados? Digamos que mañanael llamado de los ”progresistas” sea atendido por la mayoría del pueblo y que, accediendo a su demandas, el gobierno de Danilo decida no solo revocar los cambios al artículo 85 del Código Procesal Penal, sino que declare a Loma Miranda Parque Nacional, ordene abolir la sentencia 0168-13 TC, detenga la contra reforma laboral, declare que no permitirá más corrupción, y hasta inicie un juicio contra los funcionarios de los anteriores gobiernos (PLD-PRD), ¿cómo esas acciones garantizan la dignidad y el bienestar del pueblo? (Una pausa para que piense). Ahora, supongamos que el pueblo decida acudir al llamado de la izquierda. Los posibles escenarios son los siguientes: 1.Ante un pueblo indignado y rebelde, el gobierno se ve obligado a nombrar una comisión para que “atienda” los reclamos de la comisión formada por las diferentes organizaciones de izquierda. (Tomar en cuenta que son diferentes organizaciones de izquierda, o sea, no se han podido poner de acuerdo en los objetivos ni en la forma de alcanzarlos). 2.EL gobierno se ve acorralado y reprime los manifestantes. Cientos de muertos y heridos obligan al gobierno a ceder, viéndose forzado a cumplir todas las demandas (ver escenario anterior). Como podemos notar, ninguno de los llamados tiene como objetivo garantizar la dignidad ni el bienestar del pueblo. Por suerte hay un grupo dentro del movimiento izquierdista que, con claridad de clase, repudia estos acontecimientos, participa en las protestas y apoya las demandas, pero con objetivos claros. Este creciente grupo entiende que sus demandas no pueden ser, ni serán, cumplidas por el gobierno de turno ni por quienes éste representa. Al contrario, ven al gobierno como la cara opresora de los máximos representantes del capitalismo quienes, sin inmutarse, sacrifican el bienestar de la humanidad y la estabilidad del planeta, a cambio de duplicar sus ganancias. Este grupo de marxistas participa con las mismas consignas y en las mismas actividades de protesta reclamándole, no al gobierno, sino al pueblo que reclama, a los afectados por la exclusión y a todos los trabajadores, que escuchen y entiendan las verdaderas causas de su míseras situación social y económica, que se eduquen creando conciencia de clase, que se organicen y que, con el poder que da un pueblo consciente y enfocado en objetivos comunes, rompan las cadenas que los mantienen hundido en el fango de la neo-esclavitud y condenado al sufrimiento eterno. Aprendamos de este grupo y usemos las actividades de protesta y las demandas, no para crear falsas esperanzas en el seno de nuestro incrédulo pueblo, usémosla para despertarlo, para acompañarlo en la larga, pero inevitable lucha contra el sistema empobrecedor. Si así lo hacemos, algún día lo podremos acompañar a disfrutar de la dignidad y el bienestar con que hoy sólo puede soñar. Y si no, estaremos perpetuando, sin intención, las acciones y los hechos que mañana saldremos a repudiar.

Nuestro país, al querer resorver un problema interno que afecta sensiblemente el quehacer nacional, ha tenido que enfrentar los embates sesgados de organismos y personalidades, nacionales e internacionales que dicen defender los derechos de los inmigrantes haitianos que emigran a esta parte de nuestra isla La Española. Hasta escritores famosos como el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, a lo mejor sin haber analizado concienzudamente la sentencia de TC, le han entrado a dos manos a nuestra nación. A pesar de que la sentencia 168-13 emitida nuestro Tribunal Constitucional, contiene un confuso y controversial elemento, como es el de la supuesta desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros; ésta constituye, el punto de arranque para resolver el viejo problema inmigratorio, que pondría al día el registro civil dominicano, legalizando a miles de extranjeros sin documentos. Dicha sentencia a dado pie a que las entidades relacionadas en todo el mundo a la defensa de los derechos humanos, tengan ahora un poderoso elemento para avivar su activa campaña de descrédito en contra del país. El que no obstante esa debatible, pero soberana e inapelable decisión constitucional, ha aportado más al bienestar de los haitianos que ninguna otra nación u organización nacional o internacional, ONGS, etc., que pugne por el respeto a los derechos de los inmigrantes haitianos. El Tribunal Constitucional, con esa sentencia, realmente solo está poniendo en practica un mandato constitucional, que ordena a los organismos del Estado responsables de aplicar las leyes en el campo inmigratorio, a que cumplan con preceptos constitucionales que definen claramente quien es o no es dominicano. Lo cierto es que la constitución del 2010 no cambió nada de las constituciones anteriores, en relación a este tema. Lo que se hizo en la promulgación de la nueva constitución, fue ratificar o dejar intacto, lo establecido por disposiciones constitucionales previas. Por lo que estos ciudadanos nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, no eran legalmente ciudadanos dominicanos antes de su promulgación; por lo que no existe desnacionalización y tampoco retroactividad. El articulo 18 de la nueva constitución, establece lo mismo que las anteriores: Que son dominicanos los nacidos en el territorio nacional, los hijos de padre o madre dominicanos. Y que no son dominicanos los hijos de miembros del cuerpo diplomático ni los de extranjeros en tránsito; definiendo como extranjeros en tránsito, también a los extranjeros ilegales. Por lo que los hijos de estos, constitucionalmente, no son dominicanos.Sin embargo, en lo que se refiere al problema humano que como legado de esos mandatos constitucionales tenemos ahora como secuela; debemos actuar con mucha cautela, tratando de resolver esta problemática de la mejor manera posible. De forma tal que salgamos de esta crisis sin lesionar nuestra soberanía nacional, pero sin dañar nuestro prestigio internacional.Por lo que se debería tomar en cuenta que existe otro artículo constitucional, que es el 74.3, que reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.Siendo el país signatario de varios tratados y pactos convencionales internacionales relativos al respeto de los derechos humanos, sería prudente tomar en cuenta éste artículo. De manera que basándonos en esta última premisa constitucional, podemos sugerir, que la solución a este drama de los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país, podría ser, el que se apruebe una amnistía general, otorgándoles la ciudadanía a los nativos. Y a los demás inmigrantes que han echado raíces familiares y por su larga permanencia en el país, darles una residencia permanente y la posibilidad de hacerse ciudadanos. Esto no implicaría lesionar la soberanía nacional ni nuestras leyes sustantivas. Luego de esto, solo nos quedaría la difícil disyuntiva de cuidar eficientemente la frontera, eliminando las redes de corrupción que hacen porosos los pasos fronterizos. Controlando así el flujo inmigratorio para evitar que se repita cíclicamente el mismo drama humano. Con esta solución ganarían los inmigrantes, y también el país en su armonía social y en su imagen, porque dejaría de ser el blanco de las críticas, justificadas o no, de los defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos.Entre tanto, dejando atrás el dilema de los haitianos, nuestro gobierno se abocaría más concretamente a enfrentar los serios y acuciantes problemas, deficiencias y atrasos, que aquejan al pueblo dominicano. Joseflandez8@gmail.com

Sin dilación, tenemos que “sembrar” el territorio nacional de clústers, pues es un hecho que ya estamos en la era de la asociatividad empresarial, de los encadenamientos productivos, donde –indefectiblemente- todos los sectores empresariales que deseen bajar costos, mejorar e incrementar la producción y servicios, y conquistar mercados locales e internacionales de manera ventajosas tienen que ponerse a tono con la misma. En efecto, a los fines de incrementar la competitividad de los sectores productivos nacionales, mejorar sustancialmente los niveles de vida de la población y reducir el alto índice de desempleo, la República Dominicana en su conjunto, debe volcarse y enfocarse cuanto antes a fomentar una activa política de asociatividad empresarial, mediante la conformación, en todo el ámbito nacional, de clústeres, grupos de eficiencias colectivas, cooperativas y encadenamientos entre sectores y centros de manufactura y servicios de una misma actividad. Los clústeres garantizan la internalización de las empresas, el acceso de los productos y servicios a nuevos mercados, la reducción de costos, la comercialización en general y el incremento sustancial de las exportaciones. Aunque muchísimas naciones del mundo, empresas manufactureras, comerciales y de servicios de diversas índoles hace tiempo que vienen practicando e impulsando, con evidentes éxitos, el asociacionismo, hoy más que nunca este mecanismo constituye una extraordinaria estrategia, una oportunidad, para fomentar y asegurar la competitividad de los negocios y el desarrollo sostenido de los pueblos. Ineludiblemente, además de la globalización, la tecnología y el conocimiento, también estamos en la era de la asociatividad empresarial, por lo tanto, es inocultable que hoy en día –en el período de las economías abiertas- fomentar los encadenamientos productivos se ha convertido en una gran necesidad, que debemos asimilar y poner en práctica para avanzar. Todos sabemos que la humanidad está inmersa en la promoción al máximo de iniciativas empresariales novedosas y que la República Dominicana se afana por implementar una política de competitividad sistémica, con un enfoque meso económico, que fomente el desarrollo de clústeres en todo el país, la creación de un modelo organizacional para impulsar los centros empresariales de articulación productiva y el diseño de un programa nacional de proveedores industriales. En efecto, se impone como reto, la implementación de un programa masivo de clusterización a nivel nacional, en especial de la creación de los centros de acopio y las primeras redes de proveedores. Para ello, los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Industria y Comercio y el de Agricultura, junto al sector privado e instituciones como ProIndustria, Promipyme y el CNC deben crear ya un Banco de Consultores Especializados en el tema de la asociatividad a los fines de “sembrar” de grupos asociativos el territorio nacional. Dentro de esa corriente están el gobierno, el sector privado, y las academias, y es un mandato ineludible del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) 2007, de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012 y del 2do Congreso de la Industria dominicana 2012. Como podemos ver ante el arduo proceso de apertura de mercado y la firma de varios acuerdos comerciales impulsados por la nación desde finales de la década de los noventa- el país debe abocarse ahora, sin ninguna dilación, a replicar exitosos modelos internacionales de Articulación y Encadenamientos Productivos, clústeres, Distritos y Parques Industriales, como los que existen, por ejemplo, en Italia, especialmente en los sectores muebles, calzado, vinícola, joyería, autos y metalmecánica. En Tiruppur, la India, donde las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) aglutinadas en clúster y en Distritos y Parques Industriales producen el 95% de las medias del país, el 85% de las maquinas de coser y el 60% de las bicicletas. Así mismo, el Grupo de Agra, también en la India, que concentra en un Distrito Industrial 500 MIPYMES del sector calzado y pieles. En Pakistán, donde las MIPYMES conglomeradas en Clústeres y Parques Industriales manufacturan el 50% de los artículos deportivos que exporta el país y una gran cantidad de maquinas agrícolas y productos de acero inoxidable. En Guadalajara México, donde existe un clúster de PYME de calzado en capacidad de fabricar hasta dos tercios de la producción nacional de calzado. En Ciudad Trujillo, Perú, donde opera un Parque Industrial del sector calzado con altísimos niveles de productividad y calidad. En el Valle de Sinus, en Brasil, donde en un Distrito Industrial convergen unas 398 MIPYMES del área del calzado que fabrican una impresionante cantidad de zapatos para el mercado local y de Estados Unidos. Otro caso excelente o ejemplo a seguir en materia de clusterización lo tenemos en el país Vasco, en España, donde los sectores público y privado han fomentado una política de clúster que ha redundado en un evidente crecimiento y desarrollo económico, hasta el punto de que el mismo ha pasado en los últimos 6 años del puesto octavo al tercero en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en comparación con los 27 países de Europa. Allí es famoso el proyecto Hiriko, el cual consiste en la innovadora producción y distribución para todo el mundo de un vehículo eléctrico desarrollado por un consorcio de empresas vascas que participan como co-fabricantes.

A pocos días de cumplirse un año más de la Guerra abril del 1965 por el rescate de la Constitucionalidad y la dignidad, considero importante recordar que en la misma participaron: Combatientes y Militares Constitucionalistas. Combatientes éramos los civiles, pero militares eran los que provenían de las instituciones armadas. Guardias y policías que se incorporaron valiente y disciplinadamente a la lucha, por convicción o porque siguieron a sus jefes, como esos que durante largos años vienen reclamando una pensión. Hubo casos de excepción en los que Caamaño, como Presidente Constitucional le dio rango militar a civiles, por Decretos, Oficios y por medio de Carnet, como ocurrió cuando me designó Supervisor de reparto de alimentos a los comandos, otorgándome el rango de 1er Teniente del E. N., el cual conservo con orgullo, pero ese no es el caso de los militares que reclaman. De eso hace 49 años, de los cuales 26 han gobernado el PRD y el PLD. Los dos partidos que fundó precisamente Juan Bosch por quienes lucharon quienes reclaman ser reconocidos con una pensión, lo que debe ser corregido cuanto antes. No importa que las instituciones armadas puedan alegar que algunos habían sido dados de baja, porque muchos de los que actualmente tienen funciones dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido dados de baja y reincorporados, incluso en más de una ocasión. Parece que fue ayer, pero cuando estalló la revolución el 24 de abril de 1965, acababa de cumplir 21 años de edad, sin embargo, hace tan solo unos días, cuando visite de forma rutinaria al médico y le llevé los resultados de los análisis, los encontró normales, pero aprovechó para recordarme que como en esta misma semana cumpliré 70 años, y según él, las expectativas que la sociedad y las estadísticas nos asignan es un promedio de 72, de ahí en adelante los años por venir son extras, por lo que debemos cuidarnos con la alimentación y otros hábitos. Pero igual ocurre con la mayoría de los militares constitucionalistas que reclaman pensión, pues ya están en un tramo de edad mayor de 72, muchos de los cuales han quedado atrapados entre el pasado y la esperanza que no les ha tocado las puertas. Por eso le solicito al Presidente Danilo Medina su intervención a fin de que ordene la búsqueda de alguna solución, para que puedan llevar, arrastrar o extender los años extras que les quedan, con mayor dignidad. No solo por lo que pueda significar para ellos la ayuda económica y la posible inclusión el algún seguro médico, que lo necesitan, sino porque además sería el único reconocimiento que la sociedad a través del gobierno les haría por sus aportes voluntarios, desinteresados y heroicos a la patria. Muchos guardamos con orgullo los recuerdos de la Guerra de Abril, pero debemos evitar que esos militares constitucionalistas que reclaman una pensión, solo guarden recuerdos de amargura como respuesta a su heroísmo y gallardía. tabasa1@hotmail.com