Como reacción inmediata al escándalo por las muertes lamentables de 11 niños en el Hospital Robert Read, las autoridades han dado tres pasos importantes en la dirección correcta. El Presidente Danilo Medina dispuso la separación y desconcentración de la red pública; la nueva ministra de salud llamó a trabajar juntos para mejorar los servicios de salud; y desde el Congreso se informa de acuerdos para elevar el presupuesto de Salud Pública. Al parecer el Gobierno Central ha comprendido la magnitud de la crisis de Salud Pública y el costo político y social de no hacer nada. Designó como Ministra a Altagracia Guzmán, una conocedora a fondo de la situación, y de los requerimientos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y en el SENASA a Chanel Rosa, un técnico calificado del Sector. Ojalá este ejemplo se replique en la reorganización de la red pública, porque ya es tiempo de tecnificar la gestión hospitalaria, en aras de mayor eficiencia e impacto. Ahora hay que evitar que el tema se polarice y politice. El CMD tiene el derecho a señalar la responsabilidad del Estado, pero no debe exculpar a priori al personal de salud. Si queremos que estas acciones no se repitan debemos mostrar mayor respecto por la tragedia de esas familias, aceptar la cuota de responsabilidad que corresponda, y trabajar unidos para erradicar el problema de raíz. LA PLURALIDAD Algunos médicos y medios de comunicación cuestionaron la Comisión Presidencial, señalando que los funcionarios no médicos carecen de capacidad para determinar si hubo “deficiencias en la calidad de la atención médica”. No estamos de acuerdo. El Presidente Medina hizo lo que nunca se había hecho, combinando la experiencia e integridad de la Dra. Guzmán, con un enfoque externo más heterogéneo e independiente, a fin de generar mayor credibilidad. La pluralidad constituye un pilar de la democracia. Recordemos que instituciones respetadas han cuestionado la idoneidad de comisiones policiales encargadas de investigar posibles abusos policiales. La falta de institucionalidad ha llegado al extremo de que muchos expertos dudan de las estadísticas elaboradas y evaluadas por los propios funcionarios. Esa crítica refuerza el criterio de que el ministro de salud tiene que ser un médico. Ni siquiera un odontólogo, o un farmacéutico. En muchos países un ministro médico constituye la excepción. Ya el país dio un paso de avance en un área muy delicada como las fuerzas armadas, al establecer en la Constitución que un civil puede ser su titular. Si solo los médicos pueden evaluar si hubo deficiencias, entonces los tribunales que conocen las demandas por mala práctica médica no deberían estar integrados por jueces, sino por médicos. Falso, puesto que la evaluación consiste en determinar si el hospital contó con los recursos indispensables, y si el personal siguió el protocolo establecido. Saludamos estos cambios y abrigamos la esperanza de que las autoridades nacionales continúen avanzando en la dirección correcta. A los nuevos funcionarios, les deseamos muchos éxitos en los retos que conocen muy bien, y que conscientemente han asumido.

Tengo muchos deseos de unirme a todos aquellos que dicen y que proclaman que no tienen por que aplaudir la suspensión de una parte del llamado barrilito por los meses restante del año para los diputados, según lo expresara en el hemiciclo ayer el Licenciado Abel Martinez. Los que se expresan así, basan su postura en que el mismo fue atribuido en beneficio de los legisladores, haciendo un abuso de su poder legislativo y en contra de preceptos constitucionales en lo que respecta a las funciones de los estamentos del estado. Yo quisiera decir eso sismo , pero no me atrevo. No me atrevo, porque en nuestro sistema de política clientelista y populista, hemos enseñado, desde la misma fundación de la República, que los políticos, y más aquellos que recibieron el favor popular para ostentar los cargos de que disfrutan, que la ayuda, la cuña, etc., es parte de la recompensa económica y moral obligada que debe recibir el elector para satisfacer las demandas que no le son cubiertas por las dependencias oficiales del gobierno central. Cada día los recursos son menos y las necesidades mayores, y si el gobierno central tuviera la capacidad de invertir los recursos necesarios y de manera transparente a los sectores necesitados, ninguna asignación a ninguna institución, sea cual sea, tiene ni una sola razón de ser; más aún, se convertiría, en ese caso, como una aberración auspiciadora de fraudes, robos y desfalcos al erario público y un despilfarro vulgar del dinero que aportamos a a través de los organismos recaudadores del estado. Yo no tengo el honor de ser senador ni diputado, desde donde pueda defender al pueblo; pero sin serlo, visite unos familiares de mi padre que nunca conocí y que no sabía de su existencia hasta la muerte de este por Javava y La Laguna entre Moca y Salcedo, y mi dolor fue tan grande que tuve que buscar recursos de donde no tenía, para llevar algo que sirviera de paliativo al dolor, enfermedades y carencias esenciales de esos familiares. Luego, se me acercaron amigos y relacionados de ellos a ver si yo podía resolver también, de alguna manera, algún problema médico y de alimentación que también poseían.Lleve luz eléctrica ropa, medicinas, equipos médicos, construir pisos de cemento, teche casas, pague entierros, etc. Ellos no votaron por mi para nada, pero encontraron una tabla de salvación donde apoyarse y yo no puede sustraerme a mi condición humana y ayudarles sin esperar absolutamente nada que no fuere cumplir con mi conciencia. A los senadores, diputados, síndicos, etc. les muy difícil hacerse los indiferentes frente a las necesidades de los votantes y compuse blancos. Y mucho más difícil se les torna cuando esos votantes con sobrada razón, creerán, que estos disponen de cuantiosos recursos para esos fines, sin que necesariamente sea así. Suspender o no un barrilito o como se quiera llamar, si el dinero es usado adecuadamente por aquellos a quienes le es asignado constituye un problema mayor del ahorro que se persigue. Lo importante sería, y en eso no creo que quepa duda alguna, que se cree un mecanismo de control para que el barrilito o esos fondos de gestión social, sean reembolsados cada mes previa presentación de las facturas de gastos con valor fiscal que sean presentadas; y si el gasto no fue a través de una empresa, si no a un particular, con copia de la cédula cédula de este y un recibo firmado o con sus huellas, así como el concepto por el cual se hizo el aporte, a fin de que pueda ser constatado en el cao de una investigación sobre el particular. Entre la verdad del uso de los recursos del barrilito o fondo de gestión social y el posible robo atroz e inhumano de algunos o de muchos, esta un pueblo necesitado. Así pues lo importante es crear los controles para que el pueblo reciba lo que necesita como mecanismo compensatorio en un momento determinado, y no que mueran personas porque no recibe ayuda ni de uno ni de otro.