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Tres pasos en la dirección correcta
Como reacción inmediata al escándalo por las muertes lamentables de 11 niños en el Hospital Robert Read, las autoridades han dado tres pasos importantes en la dirección correcta. El Presidente Danilo Medina dispuso la separación y desconcentración de la red pública; la nueva ministra de salud llamó a trabajar juntos para mejorar los servicios de salud; y desde el Congreso se informa de acuerdos para elevar el presupuesto de Salud Pública. Al parecer el Gobierno Central ha comprendido la magnitud de la crisis de Salud Pública y el costo político y social de no hacer nada. Designó como Ministra a Altagracia Guzmán, una conocedora a fondo de la situación, y de los requerimientos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y en el SENASA a Chanel Rosa, un técnico calificado del Sector. Ojalá este ejemplo se replique en la reorganización de la red pública, porque ya es tiempo de tecnificar la gestión hospitalaria, en aras de mayor eficiencia e impacto. Ahora hay que evitar que el tema se polarice y politice. El CMD tiene el derecho a señalar la responsabilidad del Estado, pero no debe exculpar a priori al personal de salud. Si queremos que estas acciones no se repitan debemos mostrar mayor respecto por la tragedia de esas familias, aceptar la cuota de responsabilidad que corresponda, y trabajar unidos para erradicar el problema de raíz. LA PLURALIDAD Algunos médicos y medios de comunicación cuestionaron la Comisión Presidencial, señalando que los funcionarios no médicos carecen de capacidad para determinar si hubo “deficiencias en la calidad de la atención médica”. No estamos de acuerdo. El Presidente Medina hizo lo que nunca se había hecho, combinando la experiencia e integridad de la Dra. Guzmán, con un enfoque externo más heterogéneo e independiente, a fin de generar mayor credibilidad. La pluralidad constituye un pilar de la democracia. Recordemos que instituciones respetadas han cuestionado la idoneidad de comisiones policiales encargadas de investigar posibles abusos policiales. La falta de institucionalidad ha llegado al extremo de que muchos expertos dudan de las estadísticas elaboradas y evaluadas por los propios funcionarios. Esa crítica refuerza el criterio de que el ministro de salud tiene que ser un médico. Ni siquiera un odontólogo, o un farmacéutico. En muchos países un ministro médico constituye la excepción. Ya el país dio un paso de avance en un área muy delicada como las fuerzas armadas, al establecer en la Constitución que un civil puede ser su titular. Si solo los médicos pueden evaluar si hubo deficiencias, entonces los tribunales que conocen las demandas por mala práctica médica no deberían estar integrados por jueces, sino por médicos. Falso, puesto que la evaluación consiste en determinar si el hospital contó con los recursos indispensables, y si el personal siguió el protocolo establecido. Saludamos estos cambios y abrigamos la esperanza de que las autoridades nacionales continúen avanzando en la dirección correcta. A los nuevos funcionarios, les deseamos muchos éxitos en los retos que conocen muy bien, y que conscientemente han asumido.