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Santo Domingo, 19 sep.- El caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) volvió esta semana al centro de la agenda informativa de República Dominicana con una nueva fase de la investigación por presunto fraude, que incluyó 37 allanamientos y 28 arrestos.
La denominada Operación Cobra 2.0-A amplió el expediente a médicos, exempleados de la aseguradora estatal y otros prestadores de servicios de salud, según informó el Ministerio Público, que realizó los operativos la madrugada del viernes en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
La nueva etapa da continuidad a la Operación Cobra, iniciada contra una presunta estructura de corrupción vinculada a la administración de Senasa, por la cual fueron procesados, entre otros, el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y otros funcionarios y particulares.
De acuerdo con el órgano acusador, la investigación apunta ahora a determinar la participación de profesionales y prestadores de salud en distintas maniobras para sustraer recursos de la administradora pública de riesgos de salud.
Entre las prácticas bajo investigación figuran sobornos, doble facturación, cobros por servicios no prestados, medicamentos no suministrados, documentos y sellos médicos presuntamente falsificados y adulteración de estados financieros.
La documentación judicial utilizada para los allanamientos describe además miles de autorizaciones médicas consideradas irregulares por los investigadores. Medios locales reportaron más de cuatro mil 300 autorizaciones por unos 41 millones de pesos (696 mil 200 dólares), entre ellas consultas y procedimientos que afiliados aseguraron no haber recibido.
Uno de los hallazgos citados en la investigación fue la aparición de consultas de ginecología cargadas a nombres de afiliados hombres, quienes las negaron, de acuerdo con una auditoría médica de Senasa referida en documentos del caso.
El Ministerio Público sostiene que el entramado investigado habría provocado un perjuicio cercano a 16 mil millones de pesos (unos 272 millones de dólares) a la aseguradora estatal, cuya responsabilidad deberá determinarse en el proceso judicial.
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