SANTO DOMINGO, 11 de noviembre.- Dirigentes transportistas y choferes expresaron su rechazo a la resolución de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) para rebajar entre RD$5 y RD$10 a los precios de los pasajes.
Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), calificó el anuncio de la OTTT como «un show montao para distraer la atención de la opinión pública sobre el incremento del ITBIS y algunos productos de consumo masivo»..
Dijo que la medida es «un disparate», con lo que se busca sonar con una actitud demagógica.
“Nos invitan a sentarnos con una camisa de fuerza, y luego le dirán al pueblo que nos negamos a lo que nos quieren imponer”, afirmó.
De su lado, Severiano González, chofer de la ruta Independencia-Feria, condicionó la rebaja a que sigan bajando los precios de los combustibles.
Carlos Julio Moreno, de la ruta Bolívar-Parque, de su lado, llamó a la OTTT a que “deje su payasería, porque el gas no ha bajado”.
Encarnación Soriano, de la ruta Parque-Feria, entiende que si el pasaje subió cuando el combustible estaba a RD$80, debería de bajar a ese precio, para poder aplicarle una rebaja.
jt/am

SANTO DOMINGO, 11 de noviembre.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del DN fue apoderada del conocimiento de un recurso de apelación en contra de la decisión que declara nula y archiva las actuaciones de la Fiscalía en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
El tribunal que preside el juez Eduardo Sánchez Ortiz fue apoderado durante un sorteo aleatorio realizado por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Julio César Canó Alfau.
La nulidad de las actuaciones de la fiscal Yeni Berenice Reynoso fue dispuesta por el juez interino del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Leomar Cruz Quezada.
Fuente: DIARIO LIBRE
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SANTO DOMINGO, 11 de noviembre.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, elogió el hecho de que el Poder Ejecutivo haya sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley para regular el sistema correccional.
Destacó que «con esa acción, el presidente Danilo Medina demuestra su interés y sensibilización en torno al tema carcelario», que calificó de neurálgico y vital para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Consideró que las personas privadas de libertad, deben ser tratadas bajo un régimen de atención integral que permita su rehabilitación y posterior reinserción social y laboral.
“Agradecemos al presidente Danilo Medina que haya dado prioridad a este tema de tanta importancia, ya que con el envío de dicho anteproyecto de ley, el país se aboca a cerrar todo un capítulo en la historia del sistema carcelario, en donde estaremos construyendo el futuro de una sociedad más segura, considerando que los recintos penitenciarios no estarán funcionando con el único propósito de hacer cumplir una condena, sino de transformar en positivo internamente a los privados de libertad”, expresó el funcionario en un comunicado.
Aseguró que, «de aprobarse dicho proyecto, se estaría cerrando el paso en gran porcentaje a la reincidencia de quienes por una razón u otra han infringido la ley penal, ya que bajo la modalidad de centros correccionales se estaría trabajando con los privados de libertad en su capacitación educacional, la reflexión, el soporte espiritual y un seguimiento oportuno que permita abrirle los ojos a otro estilo de vida más digno y lejos de actos delincuenciales, conjuntamente con el fortalecimiento de los vínculos familiares de cada uno de ellos».
El Instituto Nacional de Servicios Correccionales (INSEC) sería un organismo desconcentrado de la Procuraduría General de la República, con autonomía presupuestaria, administrativa y financiera, que regirá el Sistema Correccional de la República Dominicana.
El proyecto contempla la conformación de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, la Inspectoría General del Sistema Correccional y la Capellanía General Correccional, en cuyos estamentos estarían además involucrados los ministerios de Salud, Educación, el de Defensa, entre otros, así como la figura del Procurador General Adjunto Penitenciario.
Entre los “considerandos” que contiene el anteproyecto se destaca que “el Estado dominicano ha suscrito y ratificado tratados y convenios internacionales que establecen compromisos ineludibles para la nación dominicana, en materia penitenciaria”; y destaca “el avance del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de la República Dominicana, señalando que ha logrado resultados altamente positivos en la corrección, rehabilitación y reinserción social de los internos e internas, que han recibido programas integrales de tratamiento, en base a la educación, terapias ocupacionales y valores éticos y morales”.
Igualmente, resalta que “el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de la República Dominicana ha sido reconocido y asumido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como referencia para Latinoamérica y el Caribe, por su eficacia en la corrección, rehabilitación y reinserción social de las personas en conflicto con la Ley Penal”.
El funcionamiento del sistema correccional estará integrado por el Consejo Nacional de Servicios Correccionales (CNSC), el Instituto Nacional de Servicios Correccionales (INSEC), la Academia Superior de Estudios Penitenciarios (ASEP), la Inspectoría General del Sistema Correccional y la Capellanía General Correccional.
El propósito de dicha ley es fortalecer y desarrollar en su máxima expresión, el sistema penitenciario del país, garantizando desde una óptica integral, la rehabilitación de los y las privadas de libertad en todo el territorio nacional, apegados al respeto a la dignidad, la no discriminación y bajo las garantías de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
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