SAN JUAN.- Prometieron llevarlos a una vida mejor, cruzando el mar en una yola improvisada a cambio de 2,000 dólares por persona, pero la travesía terminó antes de comenzar: la Armada los interceptó a siete millas náuticas de Samaná, en República Dominicana.

Hoy, los dos hombres acusados de liderar la operación -que tenía como destino final la Isla de Mona, en Puerto Rico- enfrentan una sentencia de 10 años de prisión, anunciaron las autoridades dominicanas.

José Armando Domínguez y Heriberto Paredes fueron hallados culpables de movilizar a 49 personas —46 de ellas de nacionalidad haitiana— en una embarcación clandestina con destino a Puerto Rico.

Según la Procuraduría General de la República Dominicana, los acusados acordaron cobrar 1,000 dólares por persona en la vecina isla y otros 1,000 al llegar a suelo puertorriqueño, lo que sumaría un pago total de $98,000 por la operación ilegal.

La yola, construida de manera artesanal en madera y pintada de azul, medía unos 35 pies de eslora y estaba equipada con dos motores fuera de borda marca Yamaha de 60 caballos de fuerza, revela un parte de prensa.

En su interior, las autoridades encontraron 11 galones de combustible, de los cuales nueve contenían una mezcla de gasolina con aceite, lista para el largo trayecto marítimo.

Sin embargo, la operación fue interrumpida por la Armada Dominicana en 2023, cuando los traficantes fueron sorprendidos con los migrantes ya a bordo.

El caso fue llevado ante el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Samaná, integrado por los jueces Edward José Soto Soto, Eriberto Luis Jhonson y Martha Mireya Indira Javier Cedano, quienes dictaron la sentencia y ordenaron que los acusados cumplieran la pena en la cárcel pública de Samaná.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Porfiria Calcaño, Anni Concepción y Natanael Frías, demostró en juicio que los imputados violaron los artículos 1 (literales f y h) y 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por promesas falsas de viajes ilegales, que no solo representan un riesgo para la vida, sino también alimentan redes delictivas que lucran con la desesperación de los más vulnerables.

Por Adriana Díaz Tirado

SAN JUAN.- Al desconocer si serán deportadas y qué pasará con sus hijos e hijas de ser separados, madres inmigrantes indocumentadas están en vías de traspasar los poderes de los menores y demás bienes –por medio de trámites notariales–, como medida cautelar si son arrestadas y estos no queden desprovistos o caigan bajo la tutela del Departamento de la Familia, agencia a la que las autoridades federales ya le han solicitado datos.

“Hay muchas mujeres que están tratando de hacer afidávits (documento legal que sirve como declaración jurada o testimonio) para ver quién se puede quedar con los niños. Pero también hay personas que tienen niños de educación especial, que se les hace muy difícil dejarlos con alguien o que alguien pueda llevarlos para su respectivo país, en la mayoría de los casos, a República Dominicana”, indicó este miércoles Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, en Río Piedras.

El lunes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) solicitó –verbalmente– a Familia que compartiera los datos de dos menores que están bajo su custodia, pero la agencia estatal replicó que el requerimiento debía seguir una orden judicial.

“Tras una reunión solicitada por la agencia federal, se nos hizo una petición de información sobre dos menores bajo nuestra custodia. Como parte de nuestra responsabilidad sobre la seguridad y bienestar de los menores, y como establecen nuestros protocolos, se les orientó a que toda petición de información sobre menores bajo nuestra custodia debe gestionares a través de una orden del tribunal”, expresó la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, en declaraciones escritas.

La titular no estuvo disponible para entrevista sobre este requerimiento y abundar sobre qué acciones Familia asumirá para proteger los datos de los menores, en caso de que haya una orden judicial. La semana pasada, Roig Fuertes insistió en que la determinación de asumir custodia de un menor no estará basada en el estatus migratorio de sus padres. Incluso, en ese momento, negó que hubiese casos de menores que hayan pasado a su cuidado tras sus padres ser detenidos o deportados.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) –la rama investigativa de ICE– detalló, a preguntas de El Nuevo Día, que hizo la solicitud de información el 22 de mayo.

“Se solicitó una información de dos personas que son menores de 21 años, pero mayores de 18 años que llegaron a los Estados Unidos sin compañía de custodia legal cuando eran menores de 18 años. Para propósitos de las leyes de inmigración, estas personas son consideradas menores no acompañados (“unaccompanied minors”). Entre las iniciativas activas, nos toca asegurar que estas personas que entraron sin custodio legal estén seguras, fuera de peligro y certificar que tengan una vista ante el juez de inmigración”, señaló la agencia federal en declaraciones escritas.

ICE-HSI sostuvo que no está “en la libertad” de informar si ha habido menores de edad entre los arrestos administrativos realizados en operativos en la isla. Sostuvo, no obstante, “que no ha separado unidades de familia”, aunque recalcó que hay otras agencias federales que también tienen la responsabilidad de hacer valer las políticas migratorias del gobierno federal.

“Si la agencia se topa con un menor en una intervención, se coordina para identificar si hay un padre, madre o custodio legal. De no ser así, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) asume custodia del menor”, señaló.

Por escrito, ICE-HSI indicó que, hasta la fecha, solo ha realizado requerimientos de información a Familia y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero no descartó acudir a otras agencias gubernamentales, como el Departamento de Educación.

“No se han solicitado datos al Departamento de Educación. Sin embargo, como se ha informado, de advenir un caso en el que haya un padre, madre o custodio con estatus migratorio no definido, se trabajará con el Departamento de Educación siguiendo los protocolos establecidos”, sostuvo.

A finales de enero, la agente a cargo de HSI en San Juan, Rebecca González, había dicho que no arrestarían a menores no acompañados ni a unidades familiares. La funcionaria federal tampoco estuvo disponible.

Sobre el requerimiento de datos a Familia, la presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Mariela García Amador, recalcó que el gobierno local debe proteger la confidencialidad de la información de los menores.

“Si hay un ‘subpoena’ de una corte federal, ellos pudieran evaluar qué privilegios se pudiesen utilizar para mantener esa información confidencial. Hay trabajadores sociales involucrados, terapeutas, sicólogos y, tanto nivel estatal como federal, hay protecciones para esa información. Lo ideal es que traten, en la forma que sea posible, de no tener que entregar niños a que sean detenidos”, señaló.

“La administración federal ha dicho que les dará prioridad a niños sin compañía para procesarlos. Durante la primera administración de (Donald) Trump, desaparecieron niños. Al día de hoy, no se saben dónde se encuentran. Tenemos que tener esto en consideración porque, si hay un niño bajo custodia de Familia, existen grandes posibilidades de que cualifique para un remedio migratorio”, añadió la abogada.

Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.

Los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a las personas que se encontraban frente a diversos establecimientos en busca de corroborar su estatus migratorio.

Desde el inicio de su campaña política, el presidente prometió que llevaría a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una política que comenzó a poner en acción tan pronto asumió su segundo mandato.

Al principio de la segunda administración del presidente estadounidense, cuando iniciaron las redadas más agresivas del ICE en la isla, abogadas comenzaron a orientar a sus clientes sobre establecer medidas preventivas, en caso de que se vean obligadas a salir.

García Amador recomendó “a toda persona sin ciudadanía ni residencia legal permanente que traspasen los poderes a un familiar o amistad que tenga estatus legal para que, en caso de que sean detenidos, sus hijos no se queden desprotegidos”.

Explicó que la declaración jurada debe precisar la persona a quien le estarían brindando la autoridad de disponer de su casa, los autos, cerrar cuentas bancarias e, inclusive, para poder viajar con los hijos en busca de reunificación familiar y no quedar bajo custodia de un desconocido.

La licenciada Yineyri Castillo Arias también ha orientado sobre la delegación de poder entre familiares y allegados como “medida cautelar”.

“Muchos niños están en la escuela y se le informa a la escuela que esta persona está a cargo. Muchas madres que son deportadas quieren que alguien se quede para poder hacer la gestión de mandar el niño a su país de origen, dónde está ella, o movilizar al menor con otro familiar que esté en Estados Unidos”, contó la abogada dominicana sobre este poder notarial.

Además, la presidenta de la Comisión sobre los Derechos de las y los Inmigrantes del Colegio de Abogados y Abogadas señaló cómo el acceso a la justicia también se complica para inmigrantes que han perdido sus trabajos y temen a acudir a oficinas legales por miedo a ser detenidos.

“Siempre ha habido un problema de acceso a la justicia para los inmigrantes y personas de bajos recursos económicos. El miedo y desconocimiento afectan sobre cómo hacer la solicitud y a dónde pueden llamar”,dijo Castillo Arias, también inmigrante que vivió el difícil proceso de regularizar su estatus migratorio.

Para orientación u obtener más información del Centro de la Mujer Dominicana, puede llamar al (787) 772-9251 o (787) 681-6179. Para coordinar servicios o recibir más información sobre la asistencia de telemedicina del Colegio de Médicos Cirujanos, llame al (787) 751-5979.

(Reproducido del periódico El Nuevo Dia)