Mucho se ha dicho y escrito en los últimos días sobre Loma Miranda: populismo, traidores, Estado de derecho, fundamentalismo medioambientalista, capitalismo minero salvaje, desarrollo, etc., etc. Pero desde el punto de vista político, el caso es insólito. Si el Congreso estuviera dominado por un partido de oposición, lo sucedido fuera normal. Si el Comité Político del PLD fuera débil, lo acontecido no sorprendiera. Si en el PLD hubiese dos facciones enfrentadas, se entendería un traspié. Pero no, el PLD controla el Poder Ejecutivo y Legislativo; es un partido disciplinado donde se respetan las decisiones superiores; las dos facciones (de Leonel Fernández y Danilo Medina) no están en disputa abierta; además, casi todos los legisladores votaron igual. Entonces, ¿qué sucedió con Loma Miranda? Dos explicaciones muy publicitadas me parecen deficientes: el populismo y el poder del gran capital. Se ha dicho hasta la saciedad que los legisladores actuaron bajo presión del pueblo; es decir, que el populismo los llevó a votar irracionalmente por Loma Miranda Parque Nacional. No encuentro suficiente sustento para esta explicación porque los grupos que han protestado son minoritarios, y aunque un 80% de la población diga en encuestas que así lo quiere, el presidente Medina y los legisladores tuvieron tiempo suficiente para moldear la opinión pública con los mismos argumentos presentados en el veto presidencial. ¿Por qué no lo hicieron? El populismo fallido no tiene rédito político. ¿Son tan tontos los legisladores? Otra explicación es que el gran capital nacional e internacional dobló la mano al Presidente. Tampoco me parece la razón principal, aunque ciertamente el veto expresa el deseo empresarial. Veamos, Danilo Medina denunció el contrato con la Barrick Gold en febrero de 2013 no porque se oponía a la inversión extranjera, sino porque aún después del aumento de impuestos necesitaba más dinero. Sabe también que el Gobierno necesita la inversión extranjera para mantener un flujo de divisas que ayude a contener la devaluación del peso; y que necesita impuestos de exportación para su presupuesto. Además, el Gobierno no se iba a enredar en costosas disputas internacionales con las compañías mineras. Por todas estas razones no había que doblarle la mano al Presidente; caería solita. A dos años de Gobierno es obvio que ante las controversias, Danilo Medina toma posición después que todos los sectores opinantes se han desgañitado, incluso exponiendo al ridículo a sus funcionarios que se embarcan en defender causas que no pasan en su momento (caso Bahía de las Águilas, aumento de peajes, impuesto a las compras por internet). Pero Medina también baja línea cuando quiere la aprobación de una ley, como sucedió con la Ley 169-14 ante la crisis generada por la Sentencia TC 168-13. En el caso de Loma Miranda lo hizo mediante el veto. Ahora los legisladores han quedado mal parados porque aprobaron una ley con fallos jurídicos, y de patriotas envalentonados pasaron a simples corderitos. El veto puede ser impopular en ciertos sectores, pero Danilo Medina es el más ganancioso. El Congreso se deslució, y a los líderes del movimiento social sólo les queda tragarse el veto, o ir a la calle donde recibirán el azote mediático y quizás policial. Medina ya recibió apoyo empresarial, y para la mayoría de la población, Loma Miranda es un tema circunstancial. El episodio, no obstante, revela una gran irresponsabilidad del Gobierno en un tema sensitivo. Pudieron encauzar a tiempo el debate nacional y producir una solución prudente y de amplia comprensión en vez de promover algarabía. Si ahora hay muertos o heridos, no será simplemente obra de los “revoltosos”, sino fundamentalmente del Gobierno.

Muchos de los argumentos del presidente Danilo Medina para observar la ley que declaraba la loma Miranda parque nacional tienen validez, pero nadie entiende cómo permitió que su absoluta mayoría legislativa aprobara casi a unanimidad una ley que parece expresión de la excesivamente prematura lucha en el interior de su partido por sucederle. La indefinición en el Gobierno y la incapacidad de la empresa Falcondo para presentar un proyecto de explotación minera con parámetros medioambientales aceptables, permitieron que se expandiera una oposición radical que subestimaba las implicaciones económicas y sociales del proyecto. El veto presidencial. No fue una simple observación de la ley que declaraba a loma Miranda parque nacional, fue un veto absoluto a la procedencia de la ley para consternación de amplios sectores sociales y políticos que habían concentrado su atención en los últimos dos años en el rechazo de la explotación minera por considerar la loma Miranda como un santuario inviolable del equilibrio ecológico regional. Aunque algunos de los argumentos presidenciales pueden ser discutibles, como que la ley tenía que esperar por una dilatada Ley de Ordenamiento Territorial, otros fueron contundentes, como que los legisladores fundamentaran su decisión en tres leyes y cuatro decretos que habían sido derogados, tan inconcebible que no han faltado quienes crean que fue expreso para que la ley se cayera ante el ejecutivo o en una instancia judicial. Colocado entre la espada y la pared, el presidente Danilo Medina adoptó la posición clara que se le había requerido en el proceso de debate que abarcó por lo menos los últimos dos años. Se auxilió del reclamo de veto del sector empresarial, pero mejor fundamentado por dos razones, especialmente porque advirtió que la observación de la ley no implicaba aprobación de la explotación minera en loma de Miranda, que solo autorizaría “luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y se hayan validado, si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales”. El mandatario se refirió respetuosamente a “sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensores de los recursos naturales” y les garantizó que no autorizará ninguna explotación minera “sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambiental sostenible y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente, con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza”. El mismo martes 2 en que se produjo el veto presidencial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada había publicado un comunicado maniqueísta donde sin la menor consideración ni diferenciación sostenía que no se debía promulgar una ley “que ha sido empujada por grupos ideológicamente radicales, que de manera constante se oponen al desarrollo sostenido y sostenible. Aunque la oposición es tan amplia que abarca grupos políticos y populares, religiosos encabezados por el obispo de La Vega, donde hasta las entidades empresariales apoyaban el parque nacional. Responsabilidad del PLD Lo que nadie logra entender es cómo fue posible que el poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no bajara recomendaciones a sus legisladores en un proyecto tan importante y que dejara al presidente Medina enfrentar solo las consecuencias políticas del veto. Se responsabiliza a los presidentes de las cámaras legislativas por haber permitido un despacho acelerado del proyecto de ley, conocido en ambas cámaras en tres días. Se afirma que el presidente Medina se quejó de ello en la reunión de ese organismo del lunes, cuando anunció que vetaría la ley. Se han producido autocríticas en el equipo ejecutivo del mandatario por no haber fijado posición clara al respecto, mientras otros se quejan de que los encargados de “bajar línea” no hicieron su trabajo. No han faltado quienes estiman que se trató de una “negligencia inducida” para exponer a Danilo Medina a una reducción de su popularidad en momentos en que tomaba velocidad el activismo de algunos que creen posible una repostulación del mandatario, lo que solo sería posible con la declinación de los aspirantes a la candidatura presidencial, relevantemente el expresidente Leonel Fernández, cada semana más metido en su promoción. De lo que no hay dudas es que precandidatos y dirigentes peledeístas quisieron subirse a la ola popular que reclama la conversión de loma Miranda en parque nacional sin medir las consecuencias ni pedir el parecer del Gobierno, compitiendo anticipadamente con una aún dispersa oposición que busca espacios de articulación y crecimiento. Tampoco hay dudas de que la prematura campaña interna en el PLD empieza a condicionar su propio Gobierno cuando apenas ha iniciado su segunda mitad. La negligencia de Falcondo Con su producción de ferroníquel paralizada por los bajos precios del mercado internacional, la minera Falcondo pareció subestimar la potencialidad del movimiento de los defensores del medio ambiente. La provincia entera de La Vega se le fue en contra, con su obispo, legisladores y empresarios al frente, y la de Monseñor Nouel y su sindicato de trabajadores salieron tarde al debate para defender un millar de empleos directos y otros dos mil indirectos. No se encuentra justificación al hecho de que 16 meses después del informe del PNUD que desestimó su plan de explotación, la empresa no hubiese presentado otro proyecto, atendiendo sugerencias y requerimientos. La única explicación es que al no estar exportando, la empresa no mostrara prisa en garantizarse la expansión, pero mientras tanto la fiebre del parque nacional subía de temperatura. La empresa debió invertir recursos para adelantar la remediación ambiental que aún tiene pendiente en las áreas que ha explotado ferroníquel en las últimas cuatro décadas. El informe del PNUD reconoce que “la empresa ha dedicado importantes esfuerzos a recuperar la cobertura vegetal luego de la extracción del mineral”, pero advierte que “no obstante persiste un área considerable aprovechada en el pasado, cuya degradación es aún visible”, planteando que “Hasta que se restablezcan estos sitios, será difícil para Falcondo argumentar que no se producirán impactos visuales similares en loma Miranda”. Una Torre de Babel Lo ocurrido en el debate sobre loma Miranda ha sido una reproducción de la bíblica Torre de Babel, en la que cada sector hablaba su propio lenguaje, sin tratar de entender el de los demás. Ha faltado una iniciativa del Gobierno para contener el movimiento ecologista, reclamando a Falcondo la nueva propuesta de impacto ambiental como condición fundamental para considerar la autorización de explotación. No bastaba lo de la seguridad jurídica ni derechos adquiridos. En todo el mundo las explotaciones mineras pasan por legitimarse social y económicamente y cuando no ocurre, simplemente quedan desautorizadas. Los defensores del medio ambiente han lucido radicalmente cerrados a toda discusión y consideración, algunos exagerando el valor ecológico de la loma Miranda, pero con justificadas preocupaciones, sobre todo si hasta los técnicos extranjeros del PNUD advertían que no se ha remediado todo lo degradado en las explotaciones de La Peguera y Ortega. Ha habido escasa valoración del empleo directo e indirecto y de los ingresos fiscales que representa la explotación del ferroníquel. Lo que parece haber predominado es la algarabía politiquera y las dificultades de los dominicanos para concertar en aras del interés colectivo, mucho más allá de los legítimos intereses sectoriales. Ambivalencia gubernamental Hasta que se produjo el veto presidencial a la ley de parque nacional, lo que hubo en el Gobierno fue una ambivalencia. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente había acogido las conclusiones de la evaluación de la misión técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contratada por el Gobierno, de que el proyecto de explotación minera presentado “no responde a las exigencias ambientales y sociales, y por ende de desarrollo sostenible del país”. En oficio del 6 de junio de 2013, el ministerio decidió “desestimar el proyecto loma Miranda para obtener autorización ambiental hasta tanto las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de explotación minera garanticen un aprovechamiento sostenible del recurso mineral”. Pero la posición del Ministerio de Industria y Comercio y su Dirección General de Minería eran contrarias al parque nacional, planteado como forma de cerrar toda posibilidad de explotación. Favorecían el proyecto minero sin enfatizar el cumplimiento de las exigencias medioambientales, ni la remediación forestal total de las dos lomas, La Peguera y Ortega, donde la Falcondo ha operado durante cuatro décadas. A esa dicotomía se atribuyeron los desacuerdos en las cámaras legislativas para tramitar el proyecto de ley de parque nacional. Al final de la primera legislatura del año y al comienzo, en agosto, de la segunda, se esperaba una clara definición del Gobierno que no se produjo, lo que explicaría la aprobación casi unánime del parque nacional en sesiones de urgencia de ambas cámaras legislativas. En el Senado solo disintió el senador por Monseñor Nouel, atendiendo las preocupaciones de su comunidad por el desempleo que determinaría el cierre de la explotación del ferroníquel en su provincia. El partido de Gobierno controla 31 de los 32 escaños senatoriales. Entre los diputados la desaprobación y las abstenciones fueron un puñado.