ESPAÑA.- El Ministerio de Interior ha parado en el último momento la deportación de Sergio Morales Rodríguez, un dominicano que lleva 22 años en España y que está casado y tiene dos hijos, uno de 20 y otro de 9.

«Ya estaba en Barajas, escoltado por tres policías como si fuera un delincuente, y en el último momento me han dicho que no me subía al avión», cuenta el propio Sergio a eldiario.es desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, adonde lo han llevado de vuelta.

Como publicó el diario.es el martes, este exboxeador y residente en San Sebastián, tenía la residencia y estaba en situación legal en España. Pero hace seis años fue condenado por un delito de agresiones a 28 meses de prisión.

Según el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, si una persona comete un delito que tiene prevista una pena superior a un año -aunque te condenen a menos- pierde la residencia automáticamente. Así le pasó a Sergio. Aunque depende del juez se valorará el arraigo. En su caso no se valoró. Un día lo pararon y como no tenía los papeles lo mandaron al CIE de Madrid.

Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, explica que «el artículo está tan mal hecho, que hay interpretaciones para todos los gustos».

Interior remite a la Policía, que «no hace comentarios sobre deportaciones» y a Sergio no le han explicado el por qué han parado la suya. Su mujer, Mari Carmen, que vive en Bilbao, ha pasado el día en Madrid para intentar frenar la marcha de Sergio: «Él no tiene familia ni amigos allí, se va a ir con lo puesto». Cuenta que ha ido al Consulado, que ha intentado mediar, y también ha informado a la compañía de que en el vuelo iban a embarcar a un deportado. A veces los pilotos se niegan a embarcarlos al entender que pueden suponer un problema para la travesía.

«Esta mañana me han dicho finalmente que no había ningún billete a nombre de mi marido, que lo había pero que lo han anulado», cuenta Mari Carmen. El motivo que ha hecho que se paralice la deportación es un misterio. Al final Sergio ha vuelto al CIE madrileño de Aluche, adonde según él cuenta ha cumplido ya el máximo legal de «60 días, que es lo que llevo aquí». Pero no se ha librado: «Me han dicho que en 10 ó 15 días me subirán a un avión rumbo a República Dominicana».

Sin embargo, José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal y miembro del grupo académico I+D+i IUSMIGRANT, señala que «si lleva 60 días, han de ponerlo en libertad inmediatamente», ya que es el límite legal para estar en un CIE y que haya salido para la deportación y vuelto a entrar no pone el contador a cero. Ha de hacerlo la policía, no hace falta siquiera una orden judicial.

Es más, Sánchez recuerda que el abogado del Estado se comprometió ante el Tribunal de Derechos Humanos a aplicar el artículo 57.2 teniendo en cuenta el arraigo, es decir, que ser condenado no volvería a suponer la expulsión automática. Lo hizo en relación al caso de una mujer argentina que tenía un hijo e iba a ser expulsada. En aquel caso, el Gobierno afirmó que «en el futuro la interpretación del artículo 57.2 (…) se realizará puesta en relación con los criterios que recoge el artículo 57.5.b) de la misma Ley Orgánica (…)».

Algo que, al parecer en el caso de Sergio -paralelo al de la mujer argentina, ya que él tiene un hijo de 20 años y una de 9- no se ha cumplido.

Fuente: ELDIARIO.es

jt/am

SAN JUAN.- Esperanza llegó en 2003 a  Puerto Rico buscando un mejor porvenir, alejada de la relación tortuosa y tóxica que vivió con su primer esposo en su país natal.

Como otros inmigrantes, llegó aquí  sin documentos legales, sin dinero, sin saber español, y con apenas algunas piezas de ropa, pero con la esperanza de conseguir un  trabajo  y  rehacer su vida.  Lo que  nunca  imaginó es  que iba a vivir la pesadilla de ser maltratada, abusada y violada por personas que ella  creía la ayudarían a  progresar.

Pero, a pesar del vía crucis que esta madre de  dos hijos  vivió durante nueve años, Esperanza no se cataloga como una víctima, sino como una sobreviviente que ha logrado superarse, expresó en una entrevista con El Nuevo Día en la que compartió su historia.

Comienza el infierno

Esperanza llegó de manera ilegal  a  Puerto Rico  con un  hombre de origen puertorriqueño que conoció en la República Dominicana y que  le ofreció matrimonio  para legalizar su estatus migratorio. Ahí comenzó su pesadilla.

“Ese hombre me puso en un cuartito donde estuve seis meses encerrada, encarcelada con llave. No me permitía salir a la calle hasta que se le pagara el dinero  para los documentos. Ese hombre cometió abuso físico, emocional y sexual conmigo», narró.

«Una noche fue al matres donde yo estaba durmiendo y me empezó a quitar la ropa. Le dije: ¿qué tu haces? y él me dijo que lo tenía que dejar hacerlo. Desde ese día, lo hacía todos los días, aunque yo no quería», relató.

Esperanza sentía que no tenía muchas opciones. Si quería alimentarse  tenía que aguantar  los abusos   de aquel hombre que la restringía de la libertad. Tenía  que soportar los golpes físicos, el abuso sexual,  las amenazas de  muerte, el chantaje y  las amenazas de  que sería  deportada a su país.

«Él era una persona violenta. Me insultaba, me tiraba agua, mojaba el matres donde yo dormía. Me amenazaba con prostituirme a sus amigos. Me sentía menospreciada. Él me decía muchas cosas bien malas», sostuvo.

Intenta suicidarse

Esclava de aquel ciclo de abusos, Esperanza intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Llegó a mezclar cloro con otros productos de limpieza pero cuando lo tomaba lo vomitaba. «Como tres veces lo intenté», recordó ella entre lágrimas.

Contó que  sufría mucho no poder hablar con su familia porque no tenía   teléfono para contactarla.

Luego de seis meses de tortura, Esperanza aprovechó que  su agresor se estaba bañando,  logró coger las llaves de su bolsillo y escapó del lugar en que estaba prisionera en el área metropolitan de San Juan.

Ya en libertad y con tres meses de embarazo, Esperanza no se atrevió a acudir a la Policía para  denunciar a aquel hombre por miedo a que la deportaran. Tampoco sabía español.

Esperanza encontró una mano amiga, una señora, que le ofreció vivir en su casa  en el área metropolitana. Esperanza quería trabajar para hacerse de sus pertenencias  y ayudar a la señora en agradecimiento.

Solicitó trabajo en un colmado aledaño, cuyo dueño le ofreció pagarle $40 semanales por barrer, fregar, organizar el colmado, y preparar la comida.  Además de trabajar en ese negocio, Esperanza trabajaba limpiando la casa del comerciante, cuya esposa se encontraba fuera de la Isla con sus hijos.

Otro hombre la agrede

Esperanza, según contó, sentía desesperanza pues pasaban las semanas  sin que su jefe le pagara por las horas trabajadas en el colmado y la casa. Un día, con  cuatro meses de embarazo, Esperanza limpiaba la estufa de la casa de su jefe cuando vio al hombre detrás de ella con un cuchillo en la mano.

«Me dijo que yo me tenía que acostar con él, y si no, llamaba a Inmigración para que me deportaran o me mataba. Si lo denunciaba también me iba a  matar», expresó con voz entrecortada,

¿Qué pensaste en ese momento?», le preguntó El Nuevo Día. «Pensé en pelear con él o dejarlo hacer lo que quisiera».

¿Y que pasó?, se le preguntó. “Me agarró por el cuello y tuvo  relaciones conmigo parado en la cocina. Su cuñado estaba durmiendo en la misma casa pero no se dio cuenta. Ese día terminé de limpiar su casa, pero no fui a trabajar al negocio al otro día».

Esperanza sintió coraje y odio hacia ella misma por lo que había sucedido. Tampoco lo denunció.

“Me odiaba a mí misma. Me sentía culpable porque dejé mi país para venir para acá buscando una mejor vida. Yo quise regresar a mi país. Quería  que me deportaran. Sentía otra vez ganas de suicidarme», resaltó.

Esta mujer huyó del lugar y en el camino encontró a otras personas que le dieron la mano y trabajo para poder comer y sobrevivir.

Su embarazo seguía en proceso, y  pensó en regalar  a su bebé cuando naciera. No obstante,  casi en la etapa final del embarazo decidió quedarse con el pequeño.

Con los años, Esperanza aprendió  español y se  buscaba el peso trabajando y ahorrando dinero.

Detiene el patrón maltrato conyugal

Conoció a otro muchacho en su iglesia, mas no se sentía con el ánimo de entrar en otra relación por la pesadilla que había vivido, a pesar de que este hombre la trataba como una princesa. A los pocos meses  se casaron por lo civil.

La pesadilla volvió para Esperanza. Su esposo la celaba, le verificaba el teléfono,  la acosaba, quería saber dónde ella estaba en todo el tiempo aún sabiendo que Esperanza había comenzado a estudiar en una universidad.

«Quería tener control sobre  mí. Le daban ataques de celos. Sonaba el teléfono  y cuando yo contestaba me lo quitaba y  él contestaba por mí. Me hablaba malo. Una vez que sonó el teléfono  no quiso dármelo y me tiró contra el sofá, y tiró el teléfono contra el piso y  amenazó con matarme y matar a mi hijo. Ahí cogí miedo. Le dije que se fuera de la casa pero no quiso. Me decía: «si salgo de aquí te liquido, te mato». Yo no lo podía creer», manifestó ella.

En un altercado en público, la Policía arrestó a su hoy exesposo y  Esperanza le puso una orden de protección, la cual él hombre violó en ambas ocasiones.

Temiendo por su vida, Esperanza buscó protección en el   Hogar Ruth, un albergue para mujeres maltratadas en Vega Alta. Allí, la ayudaron a ella y a su hijo a obtener  vivienda, a recibir terapia sicológica, y la acompañaron en el proceso del divorcio en los tribunals.

No hay que callar

Como inmigrante, Esperanza recordó que el proceso de divorcio fue atropellante porque los abogados de su expareja la tildaban de mentirosa, de que ella era la que estaba persiguiendo  a su exmarido.

«Los abogados  me insultaban. No me creían, pero logré  el divorcio», expuso ella.

Bairá Soto, manejadora de casos en el Hogar Ruth y quien acompañó a Esperanza en esta entrevista,  explicó que la Ley de Inmigración está diseñada para proteger a cualquier inmigrante que ha sido víctima de crimen en esa jurisdicción, pero muchos inmigrantes lo desconocen, además los  procesos son arduos pues revictimizan a la víctima.

Esa, a su juicio, es una de las razones por las que  muchos  inmigrantes víctimas de crimen, especialmente mujeres, callan el abuso y el maltrato que sufren.

«Hay una tendencia a culpar a las víctimas. Si eres víctima de violencia doméstica te dicen que escogiste mal a tu pareja, que debes saber con quién te metes, como si tuvieras una varita mágica.  También,  si eres víctima de agresión sexual te preguntan qué ropa tenías puestas o qué hora era. Si el proceso es peor, la víctima no va a hablar. La víctima necesita que la sociedad la escuche y la apoye. Tenemos que liberar esa confianza de que hablen y haya oídos para escucharlas”, manifestó Soto.

Esperanza ha contado a muy pocas personas su historia. Su familia, dijo, aún  no conoce  su pesadilla vivida por temor a que la critiquen y le reprochen por haber salido de su país. Pero ese pasado no la detiene.

Fuente: EL NUEVO DIA

jt/am

SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo para combater la desigualdad y la pobreza extrema de los dominicanos residentes en el exterior.

El convenio fue firmado entre el canciller Andrés Navarro y Lidio Cadet, quienes aunarán esfuerzos para apoyar el desarrollo del «Plan Quisqueya Empieza Contigo de Atención Integral a la Primera Infancia» y el «Plan Quisqueya Somos Todos de Desarrollo Local».

El Plan también asegurar la alfabetización de jóvenes y adultas de la diáspora dominicana que lo necesiten, a través Quisqueya Aprende Contigo.

La Cancillería se comprometió a instruir y promover en las sedes diplomáticas y consulares dominicanas la ejecución del Plan Quisqueya Aprende Contigo, identificando personas iletradas entre sus trabajadores, clientes y relacionados y registrándolos en núcleos de aprendizaje.

También articulará la participación de organismos internacionales vinculados al combate de la pobreza, la educación de adultos, la educación ciudadana, la atención y protección de la infancia y la promoción del desarrollo local.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y establece que la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia asesorará al Ministerio de Relaciones Exteriores en la metodología utilizada en Quisqueya Aprende Contigo para la alfabetización de adultos.

jt/am