SANTO DOMINGO.- República Dominicana necesita con urgencia una ley que garantice la equidad en la distribución del financiamiento público directo y establecer límites a los fondos provenientes del sector privado, recomendó este miércoles la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó las elecciones del pasado 15 de mayo.

Planteó, asimismo, que en esa nueva ley estén bien definidos los procedimientos relativos al conteo de los votos y que la implementación de las innovaciones tecnológicas sea paulatina y permita que la Junta Central Electoral, los partidos y la sociedad estén preparados para cambios tan significativos.

Propuso también la realización de varios simulacros que permitan a la autoridad electoral identificar y corregir errores.

En su informe presentado por el jefe de la misión, Andrés Pastrana, el organismo destaca que “el modelo de financiamiento público de partidos y campañas políticas en República Dominicana no genera condiciones de equidad en la contienda”, lo que atribuye a que en el país no existe ningún tipo de regulación sobre el financiamiento privado.

A continuación, el documento:

«Misión de Observación Electoral – República Dominicana
Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Congresuales, Municipales
y de Representantes de la comunidad Dominicana en el Exterior 15 de mayo de 2016

Presentado por: Andrés Pastrana, Jefe de Misión

Embajador, Elliston Rahming, Presidente de Consejo Permanente

Embajador Edward Pérez Reyes, Representante Alterno de  República Dominicana ante la OEA

Señor Luis Almagro, Secretario General

Señor Néstor Méndez, Secretario General Adjunto

Representantes de los Estados Miembros y Observadores Permanentes ante la OEA

La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana, el 25 de febrero de 2016, realizó una invitación a la Organización de los Estados Americanos para desplegar una Misión de Observación Electoral para las elecciones ordinarias generales presidenciales, congresuales, municipales y de representantes de la comunidad dominicana en el exterior, convocadas para el 15 de mayo de 2016. El Secretario General, Luis Almagro, aceptó la invitación, y designó al ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana.

La Misión desplegó un total de 38 expertos y observadores de 16 distintas nacionalidades, 50% hombres y 50% mujeres, que visitaron 292 centros en 18 provincias del país. Asimismo, 2 observadores constataron el desarrollo de la votación en Washington DC y Maryland, Estados Unidos.

La elección de 2016 se distinguió por tres características. La primera es que se trató de un proceso general, que convocó a los ciudadanos para elegir al presidente, los parlamentarios y los alcaldes de manera simultánea por primera vez en más de veinte años. En segundo lugar, la modificación al artículo 124 constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata. El tercer elemento distintivo fue la implementación del uso de nueva tecnología en el proceso electoral destinado al registro y verificación de identidad de los electores y en particular al proceso de conteo de votos y transmisión de resultados.

Como parte de los preparativos para esta proceso electoral la República Dominicana contó con una nueva cedulación con mayores elementos de seguridad y con ello un nuevo padrón electoral, con características biométricas, que al momento del cierre estuvo compuesto por más de 6.7 millones.

En temas de inclusión destacan dos medidas positivas tomadas para éste proceso electoral. La primera se refiere a un plan piloto para implementar la modalidad de “voto en casa” y la segunda se refiere al “voto penitenciario”, a través del cual se habilitaron a 1,579 ciudadanos en situación de detención preventiva.

En los días previos a la elección, la Junta Central Electoral y un grupo de partidos de la oposición solicitaron a la Jefatura de Misión sus buenos oficios para facilitar un diálogo entre las partes que estaban en desacuerdo sobre el procedimiento para el conteo de los votos. En ese sentido, la Misión celebró que la Junta haya atendido algunos de los reclamos. Sin embargo lamenta que en ningún momento, durante el despliegue de la Misión, se reunió a dialogar sobre estos temas de manera directa con los partidos. La Misión insistió en que la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos y ciudadanos es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario.

Jornada Electoral

El domingo, la ciudadanía dominicana expresó su voluntad en las urnas donde acudieron más del 69% de los electores y, de acuerdo con los datos consolidados por la Junta Central Electoral, un 61.74% votó a favor de Danilo Medina, quien fue reelecto como Presidente por los próximos 4 años.

En cuanto a la distribución de materiales electorales, se registraron retrasos y fallas en la entrega de los kits electrónicos. Sumado a esto, un alto número de auxiliares técnicos no se presentó a trabajar, hecho que fue anticipado por la Junta Central Electoral, la noche del sábado, misma que se comprometió a investigar y explicar esta situación que afectó la jornada electoral.

La totalidad de los colegios electorales abrió, en promedio una hora más tarde de lo estipulado por ley, a pesar de todas estas dificultades iniciales. Las mesas se integraron en su mayoría con miembros titulares. Los sitios eran adecuados y fueron bien organizados para el desarrollo de la votación, garantizando así el secreto del voto. Fue patente el esfuerzo por contar con recintos adecuados para que la jornada pudiera llevarse a cabo según lo programado.

La Misión observó una importante presencia de representantes partidarios, en particular de los delegados de las candidaturas mayoritarias. Llamó la atención la actividad proselitista desplegada tanto en las inmediaciones, como en el interior de los centros de votación, contrario a lo previsto en el artículo 108 de la Ley Electoral. Se observaron también aglomeraciones de personas alrededor de los recintos y, en ese contexto, se recibieron 13 denuncias sobre diversas irregularidades incluidas compra de votos y cédulas, que fueron remitidas a la autoridad correspondiente.

La introducción del nuevo sistema automatizado de conteo de votos modificó de manera sustantiva el proceso y la organización electoral, ya que la figura más importante de la mesa, el Presidente, se sustituyó en los hechos por el Auxiliar Técnico, pues en el recayó el buen funcionamiento o no de los equipos, y con ello de la mesa, siendo contrario al espíritu ciudadano que prevalecía anteriormente.

Aunado a esto la Ley Electoral actual (275-97) data de 1997, lo que generó muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva realidad Dominicana. Esto ocasionó que la Junta Central Electoral supliera estas lagunas a través de resoluciones o acuerdos, que tuvo como consecuencia que la Junta asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas.

En numerosos recintos faltaron equipos, no llegaron los auxiliares técnicos, o tuvieron problemas de conectividad y funcionamiento de las máquinas de control biométrico y de cómputo automatizado. Las autoridades electorales debieron ordenar el inicio de la jornada de votación bajo esas condiciones. La adecuada capacitación de los miembros de mesa, la familiaridad con el proceso manual, la buena predisposición y experiencia de los delegados partidarios contribuyeron a encauzar la elección sin contratiempos adicionales.

Etapa post-electoral

Fue marcada por los problemas en el proceso de conteo de votos y como consecuencia en la transmisión y difusión de los resultados. El último boletín oficial con el 100% de las actas computadas se hizo publicó 13 días después de la jornada electoral.
Es importante mencionar que ya transcurrida la jornada electoral, se presentaron algunos incidentes de violencia, donde se lamentan especialmente los hechos en los que murieron 6 personas.

Esta situación generó inconformidad y provocó movilizaciones de los partidos políticos. En este sentido la MOE recibió diversas quejas sobre la pérdida de confianza de las autoridades electorales y denuncias por escrito de diversos actores políticos, mismas que fueron remitidas a las autoridades nacionales competentes y han sido tomadas en cuenta para el presente informe.

Es importante resaltar que desafortunadamente la Misión, no contó con los recursos que consideraba necesarios e incluidos en la propuesta y presupuesto original. Por lo que no pudo mantenerse en terreno y continuar hasta la culminación del proceso, ni aplicar todas las metodologías de observación que tiene el DECO desarrolladas, además de realizar muestras representativas de los resultados. A pesar de ello, se dio seguimiento a la distancia por medios electrónicos y a través de la oficina nacional.

En este sentido es importante resaltar que el domingo 12 de junio de 2016 en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el Secretario General, Luis Almagro, recibió y escuchó a un grupo plural de candidatos presidenciales y militantes partidarios quienes le manifestaron sus quejas y objeciones del proceso electoral e hicieron entrega de diversa documentación, misma que fue remitida a los organismos nacionales correspondientes.

Conclusiones y recomendaciones

La Misión reitera la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral, la Misión ofrece las siguientes observaciones y recomendaciones:

Tecnología electoral

La Misión considera importante que los procedimientos relativos al conteo de los votos estén definidos con mayor claridad en la ley. La implementación de innovaciones tecnológicas debe ser paulatina, permitiendo que tanto la autoridad electoral como los partidos y la sociedad en su conjunto estén preparados para cambios tan significativos.

Asimismo, la MOE recomienda desarrollar y ejecutar varios simulacros, con la anticipación adecuada, que permitan a la autoridad electoral identificar y corregir errores. Lo anterior asegurará que el día de la elección las innovaciones tecnológicas cumplan con el propósito para el que fueron diseñadas, brindar certeza y transparencia al proceso.

Financiamiento de campañas

El modelo de financiamiento público de partidos y campañas políticas en República Dominicana no genera condiciones de equidad en la contienda. Esto se debe a dos características fundamentales: 1) No existe ningún tipo de regulación sobre el financiamiento privado y 2) la ley electoral establece que el 80% del financiamiento público se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios y el 20% restante entre los demás partidos.

En este sentido, tal como lo hicieron las misiones previamente desplegadas por la OEA en el país, la MOE recomienda que se avance urgentemente en una ley que garantice la equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado.

Acceso a medios de comunicación

La legislación de República Dominicana establece el acceso gratuito a los medios de comunicación del Estado, pero estos sólo representan el 0.5% del universo total de medios en el país. Es decir, las campañas se realizan mayormente a través de los medios de comunicación privados. Dicha situación genera inequidad, por ello la Misión considera necesario establecer un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados.

Sistema de representación

El sistema electoral de República Dominicana distingue la elección del Senado y la Cámara de Diputados, pero en la práctica no se contempla que que un votante pueda seleccionar candidatos de distintas alianzas de forma independiente para las diferentes cámaras del Congreso, es decir el Senador recibe los votos marcados para él y el de todos los diputados que formen la alianza. Debido a esto, es habitual que en el Senado un partido obtenga una absoluta mayoría.

Aunque este sistema de asignación de escaños genera condiciones de gobernabilidad, limita al mismo tiempo la pluralidad en el poder legislativo y contribuye a la concentración de poder. Teniendo en cuenta lo anterior, la Misión recomienda considerar la posibilidad de que se desvinculen las votaciones de senadores y diputados.
Participación equitativa de hombres y mujeres
El aumento de la participación de mujeres en la política dominicana ha ido de a mano de la implementación de cuotas, pero al interior de los partidos políticos la mayoría de los cargos en las directivas nacionales están ocupados por hombres. Las mujeres candidatas con las que se entrevistó la Misión manifestaron dificultades para participar en la toma de decisiones al interior de los partidos y para conseguir financiamiento para sus campañas.

La Misión recomienda evaluar la efectividad de las medidas afirmativas vigentes y ajustarlas de manera que sean más efectivas en su propósito de aumentar el número de mujeres en cargos de elección popular y garantizar su permanencia en el ejercicio del poder.

Justicia Electoral

Este proceso hizo evidente que es necesario revisar y ajustar el modelo de medios de impugnación con el que se cuenta, donde el Tribunal Superior Electoral detente la posibilidad, no sólo jurídica, sino también real, de revisar la regularidad legal y constitucional de todos los actos administrativos que emita cualquier autoridad en la materia. Por lo que se considera recomendable establecer un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de justicia electoral, que puedan ser ejercidos y resueltos oportunamente.

Agradecimientos

Por último, la Misión desea agradecer la apertura de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de las distintas instancias del gobierno que permitió a la delegación recolectar la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. Asimismo, agradece las contribuciones financieras de Bolivia, España, Estados Unidos, Israel, Luxemburgo y Perú que posibilitaron el despliegue de la Misión».

jt/am

VIDEO: Telefuturo, Canal 23.

PUNTA CANA, República Dominicana.-  El presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que la gestión que concluye en ese organismo “administró con honestidad” las tasas de los pagos por servicios hechos por los ciudadanos y que en nueve años las recaudaciones en las oficialías alcanzan “un total de más de 10 mil millones” de pesos.

Hablando en el acto de apertura de la sede de la JCE en el distrito municipal de Verón, en donde recibió un reconocimiento como visitante distinguido de parte de la Alcaldía del municipio Higüey, dijo que cuando llegó al organismo  los oficiales civiles recibían todo el dinero que producían en su trabajo, porque no tenían sueldos, pero que él sometió que se les asignaran salarios a estos empleados.

“Luego de esta medida en el primer año las oficialías del país generaron unos 700 millones de pesos; mientras que los años siguientes las recaudaciones fueron de unos mil millones anuales, para un total de más de 10 mil millones en nueve años”, detalló

Dijo que esos recursos permitieron crear nuevos espacios, mejorar los salarios de los empleados y digitalizar 30 millones de documentos.

Rosario resaltó la importancia de la edificación para los servicios que demanda el polo turístico más importante del Caribe, en donde desde que la Junta Central Electoral comenzó a trabajar, se han realizado 12 mil bodas, lo que es un récord.

«En el peor momento para la JCE, entre el 15 de mayo y el 16 de junio del corriente, la empresa Latinobarómetro de las Américas realizó una encuesta en donde la la Junta dominicana aparece en tercer lugar, entre las más apreciadas por sus ciudadanos, solo detrás de las de Argentina y Uruguay», expuso.

“Los críticos más duros de la JCE, los que dicen que ahí lo que hay es un dictador; que eso es una dictadura… esos reconocen que hemos transformado la Junta”, aseguró.

Manifestó que ha aprendido que los contemporáneos carecen de la capacidad para reconocer los logros, pero las futuras generaciones tendrán que decir que hubo un antes y un después de esta gestión que comenzó en enero de 2007.

En el acto estuvo el pleno de organismo conformado por César Féliz Féliz, José Ángel Aquino; miembros titulares, así como Lino Oviedo y Henry Mejía, suplentes en funciones.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, consideró “un abuso contra el pueblo” el aumento de hasta un 380% los peajes.

Dijo que en el país se paga el peaje más caro de América Latina por kilómetros recorridos.

Dijo que el programa de red vial que maneja la fiducia entre el Banco de Reservas y el Ministerio de Obras Públicas, nadie sabe cuánto han reunido ni en qué se invierten.

Expuso que de las ventas de combustibles por galón se tomaban dos pesos; pero, que ahora son cinco pesos para la viabilidad, lo que le ha generado unos 8 mil millones de pesos.

Apuntó que más  que de hablar de cinco pesos, a Fenatrano le interesa es conversar de políticas de transporte.

«De que el Gobierno no siga quebrando a los transportistas como a los de la 27 de Febrero, dónde se han invertido millones de pesos, pagando los impuestos, mientras que el Poder Ejecutivo, lo que ha hecho es ponerle la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), atrás», explicó.

Hubieres expuso que cinco pesos o no, es el problema, sino que es del Gobierno que no paga salarios adecuados a los guardias, policías y servidores públicos. “Este gobierno no ayuda a los estudiantes ni a nadie”, aseveró.

Indicó que el Gobierno no puede seguir pidiéndoles a los transportistas que subsidie a nadie, “porque aquí ningún dueño de empresa  y funcionarios subsidia a nadie, ni siquiera la mafia del sector eléctrico que dirige el propio Gobierno subsidia a nadie”.

Dijo que para él, el problema de subir 5, 3 y 2 pesos no es discusión, “sino el de la mafia de cómo se está manejando el subsidio de los combustibles, el transporte y la economía nacional, así como la mafia que sustentan el sicariato y los jueces del sistema judicial, a la que hay que tumbarlas”.

Al ser abordado de que si el Gobierno da los pasos para lograr una política de transporte eficiente, Hubieres consideró que el Poder Ejecutivo no le interesa y resaltó que la ley presentada originalmente  por el diputado Tobias Crespos fue boicoteada por cinco años en el Congreso Nacional.

Dijo que esa ley de Tobías es prometedora, pero las modificaciones que le han impuesto sectores con intereses no permiten que se conozca la iniciativa original.

wj/am