La decisión del presidente Luis Abinader de aceptar el ingreso de deportados extranjeros bajo el mandato de Washington representa una grieta profunda en la dignidad nacional dominicana, pues mientras el pueblo lucha contra la inseguridad interna, el gobierno decide doblar las rodillas ante las exigencias de una potencia que nos mira como su patio trasero y esta política de puertas abiertas para los desechos migratorios de otros países no es más que un acto de sumisión que pone en riesgo nuestra ya frágil estabilidad social, demostrando que para esta gestión la aprobación de la Casa Blanca pesa mucho más que el bienestar y la tranquilidad de las familias que habitan en cada rincón de nuestra amada tierra quisqueyana.

Desde el año 2020 hasta el 2026 la República Dominicana ha tenido que asimilar la llegada masiva de más de 20 mil dominicanos repatriados desde los Estados Unidos por diversos delitos federales, una carga humana y social que el Estado no ha sabido monitorear, mucho menos reintegrar de manera efectiva provocando que muchos de estos individuos regresen a las andanadas delictivas en nuestros barrios.

Mientras eso sucede, se suma al problema la imposición de recibir ciudadanos de terceras naciones bajo un acuerdo que nos convierte en un puente logístico para las políticas de expulsión de Donald Trump, ignorando el gobierno deliberadamente que nuestra capacidad de respuesta institucional está colapsada y que no tenemos por qué cargar con las crisis migratorias que otros provocan.

La realidad de nuestro sistema penitenciario es una bomba de tiempo que el gobierno intenta ocultar bajo una narrativa de modernización que no llega a las celdas donde el hacinamiento supera el 116% de su capacidad real, visto que en la actualidad las cárceles dominicanas albergan a más de 26 mil reclusos que viven en condiciones inhumanas y bajo un control criminal interno que el Estado parece haber perdido hace mucho tiempo, por lo que, pretender gestionar el tránsito o la estancia de más personas, cuando ni siquiera podemos garantizar el orden en La Victoria o Najayo es una irresponsabilidad mayúscula, es simplemente imposible añadir más presión a una infraestructura que ya se encuentra en un estado de emergencia crítica y un abandono descomunal.

Resulta alarmante observar cómo el presidente Abinader se deja seducir por la promesa de financiamientos estadounidenses que solo sirven para cubrir la logística de sus propios intereses de seguridad nacional, mientras tanto nosotros ponemos el territorio y la paz pública a merced de acuerdos opacos que se firman a espaldas del sentimiento popular de un pueblo que ya se siente invadido por diversos frentes migratorios.

No se puede llamar aliado a quien te impone sus problemas sociales y te utiliza como un vertedero de personas que sus propios países de origen muchas veces se niegan a recibir con la misma facilidad, estamos ante un escenario donde la soberanía se vende al mejor postor bajo el disfraz de una cooperación internacional que solo beneficia al que se autodenomina el más fuerte, lo que significa, sin temor a equivocarnos que República Dominicana se ha convertido en “la sala de espera del presidente estadounidense Donald Trump”

El choque de culturas delictivas que se está gestando con la llegada constante de deportados desde USA con antecedentes graves, es un fenómeno que la sociología criminal advierte como un motor de violencia incontrolable para naciones pequeñas, el dominicano que regresa tras cumplir condena por narcotráfico, asesinatos, vandalismo organizado y porte ilegal de armas en Nueva York y otros Estados, trae consigo métodos y redes que superan la capacidad de nuestra Policía Nacional, la cual sigue atrapada en reformas burocráticas sin impacto en las calles, y si a esto le añadimos el flujo de extranjeros en tránsito que el nuevo acuerdo de mayo 2026 permite, pues estamos creando el ecosistema perfecto para que el crimen organizado se diversifique y se fortalezca, todo bajo el silencio cómplice de un palacio que no sabe decir que NO cuando se trata de atrapar al país y sumergirlo en un laberinto del caos.

Es necesario preguntar al presidente Luis Abinader: ¿Por qué no se exige a Estados Unidos que realice esas inversiones millonarias en los países de origen de esos migrantes o que utilice sus propios territorios como Puerto Rico para sus centros de procesamiento?.

La respuesta es evidente y dolorosa porque en República Dominicana han encontrado a un líder que no ofrece resistencia y que prefiere el aplauso diplomático exterior, antes que la defensa firme de proteger los intereses de sus propios ciudadanos dominicanos. Que tristeza me causa, ver cómo nuestro gobierno nos impone una agenda que no se corresponde con la cultura dominicana, cuyas consecuencias pagarán las futuras generaciones cuando la delincuencia se vuelva un monstruo imposible de domesticar por la falta de carácter de quienes hoy dirigen los destinos del país.

La estadística de repatriados entre 2020 y 2026 refleja un flujo constante que ha saturado los mecanismos de migración y control interno sin que se vea una reducción en los índices de criminalidad vinculados a estos grupos específicos, por el contrario vemos cómo el sicariato y las bandas organizadas adoptan nuevas modalidades importadas que antes eran ajenas a nuestra cotidianidad pacífica y trabajadora del día a día dominicano.

Aceptar más personas bajo el esquema de “tránsito”, es abrir una rendija que pronto se convertirá en un boquete por donde se filtrarán problemas que no tenemos la capacidad económica ni militar de contener en un futuro cercano. Creemos que el gobierno está jugando con fuego mientras el pueblo observa con una mezcla de miedo e indignación las consecuencias futuras.

Las nuevas diez cárceles que se prometen son solo una curita para una herida que requiere cirugía profunda y que no se soluciona construyendo muros, ya que si por otro lado se firman acuerdos que invitan a la llegada de más conflictos humanos, la estabilidad de una isla no se negocia ni se pone en subasta por unos cuantos dólares que se diluyen en la logística operativa de los mismos que nos envían a sus deportados sin preguntar antes.

Aunque lean este comentario y no lo alicen, es justo señalar que, llegó la hora de que la diplomacia dominicana recupere su columna vertebral y deje de temblar ante las llamadas que vienen desde el norte exigiendo favores que atentan directamente contra nuestra seguridad nacional y el orden público. La patria exige respeto y no más arrodillamientos innecesarios.

El destino de un país no puede estar sujeto a los caprichos electorales de un presidente extranjero ni a la debilidad de un gobernante local que ha olvidado que su primer deber es proteger su propia frontera y su propia gente. Si el presidente Abinader continúa por el camino de aceptar sin condición e imposiciones migratorias esta camada de indocumentados, sin dudas, terminará entregando no solo las llaves de nuestras cárceles a Donald Trump, sino también el futuro de nuestra identidad nacional completa.

Recuerda presidente Abinader: un líder que no sabe decir NO a tiempo, es un líder que ha comenzado a perder su propia soberanía ante los ojos del mundo, porque, “quien cede por miedo termina siendo esclavo de lo que acepta”, por eso es, que hoy el país camina peligrosamente hacia ese abismo de servidumbre.

Resulta imperativo que la sociedad civil y los sectores productivos despierten ante esta realidad que amenaza con desarticular la paz social que tanto nos ha costado mantener como nación soberana, frente a los retos del siglo XXI, pues no podemos permitir que la sumisión política convierta nuestra isla en un experimento logístico de potencias extranjeras que solo buscan proteger sus fronteras a costa de vulnerar la nuestra con acuerdos de dudosa transparencia.

La historia juzgará con severidad a quienes teniendo el mandato de proteger la Patria prefieren la comodidad del silencio y la obediencia ante los dictámenes de Washington que hoy nos imponen una carga migratoria y delincuencial insostenible, porque un pueblo que tolera el arrodillamiento de sus líderes está condenado a ver cómo su libertad se disuelve en las promesas vacías de quienes nos llaman aliados y que a merced de sus intereses nos quieren tratar como su patio trasero.

jpm-am

El 20 de mayo de 2026, el Día de la Independencia de Cuba, el Secretario de Estado Marco Rubio transmitió un mensaje en español al pueblo cubano llamándolo a construir una “nueva Cuba”. El mismo día, el Departamento de Justicia presentaba cargos formales contra Raúl Castro por el derribo de aviones civiles en 1996. No fue una coincidencia: fue la expresión de una obsesión que lleva más de seis décadas definiendo la política exterior estadounidense en el hemisferio.

La pregunta obvia es la siguiente: ¿por qué la potencia militar y económica más grande del planeta dedica tantos recursos, tanto tiempo y tanta energía política a destruir a un país isleño de 11 millones de habitantes, sin petróleo como Venezuela o Irán, sin minerales estratégicos como los países africanos, sin un canal como Panamá? La respuesta no está en la geografía económica. Está en la geografía del poder.

El miedo al ejemplo, no a los recursos

Washington nunca le ha temido a Cuba por lo que tiene. Le teme por lo que demuestra. En 1959, un país del tercer mundo, a 90 millas de Florida, expulsa a sus dominadores, nacionaliza sus industrias y construye un Estado soberano. Para la doctrina imperial, ese hecho es inadmisible no por su tamaño, sino por su ejemplaridad.

El politólogo James Petras lo sintetizó con precisión: el sistema imperial no puede tolerar ejemplos exitosos de alternativa, porque cada ejemplo exitoso es una invitación a la imitación. Si Cuba puede sobrevivir al bloqueo durante más de seis décadas, cualquier nación del Sur Global puede plantearse la pregunta: ¿por qué no nosotros?

El “efecto demostración” opera en dirección inversa a la que Washington desearía. No es Cuba quien amenaza militarmente a Estados Unidos. Es Cuba quien amenaza ideológicamente al sistema de dependencia que sustenta la hegemonía estadounidense en la región.

La Doctrina Monroe y la grieta inadmisible

La Doctrina Monroe, formulada en 1823, estableció que América Latina es la zona exclusiva de influencia de Estados Unidos. Desde entonces, esa doctrina no ha sido abandonada, ha sido actualizada. Rex Tillerson, Secretario de Estado del primer gobierno Trump, lo declaró sin rodeos durante su gira latinoamericana en 2018: la Doctrina Monroe es “tan relevante hoy como el día en que fue escrita”.

Cuba representa, desde 1959, una grieta estructural en ese sistema. No una grieta marginal: una grieta en el corazón del Caribe, a 90 millas del territorio continental estadounidense. Para la lógica monroísta, permitir que esa grieta subsista es señal de debilidad imperial. No tolerar la existencia de Cuba soberana no es una posición de Trump ni de Rubio: es la posición estructural del Estado imperial, que trasciende administraciones y partidos.

Ningún presidente estadounidense ha abandonado el objetivo del cambio de régimen en Cuba. Ni siquiera Obama, cuyo ”deshielo” de 2014 fue, como los documentos internos lo confirman, una táctica diferente para el mismo fin estratégico.

Bahía de Cochinos: la herida que no cierra

Hay una dimensión que los análisis convencionales subestiman: la humillación institucional. En abril de 1961, la CIA organizó una invasión mercenaria en Bahía de Cochinos. En 72 horas, el ejército cubano la derrotó completamente. Fue la primera derrota militar directa de Estados Unidos en el hemisferio occidental en el siglo XX.

Las instituciones del poder imperial no olvidan ni perdonan ese tipo de derrota. Genera lo que los teóricos de las relaciones internacionales llaman “deuda de reputación”: la sensación de que la hegemonía queda cuestionada mientras la derrota no sea revertida. Seis décadas después, Cuba sigue en pie. La deuda, desde la perspectiva imperial, sigue sin saldarse.

El factor doméstico: Rubio y el bloque cubano-americano

No puede ignorarse el factor político interno. La comunidad cubano-americana en Miami, Florida, estado bisagra electoral,  ha secuestrado históricamente la política exterior estadounidense hacia Cuba. Marco Rubio es su producto político más acabado: hijo del exilio, arquitecto de la política de máxima presión, y hoy Secretario de Estado con más poder sobre Cuba que cualquier funcionario en la historia reciente.

Lo que hace particularmente peligrosa la situación actual es que Rubio no actúa solo como representante de una comunidad: actúa como el cerebro de una estrategia regional que, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, ha colocado a Cuba en la mira directa. Reportes de Drop Site News publicados en febrero de 2026 sugirieron que

Rubio podría estar tergiversando deliberadamente la política de la administración Trump para avanzar su propia agenda de cambio de régimen, incluso ante el propio presidente.

El bloqueo energético como arma de guerra

La política actual ha alcanzado un nivel de agresividad sin precedentes en décadas. Tras el corte de los suministros venezolanos de petróleo en enero de 2026, Cuba entró en su peor crisis energética en la historia moderna. Para mayo de 2026, el ministro de energía cubano declaró que la isla había agotado completamente sus reservas de diésel y fuel oil. Los apagones llegaron a 22 horas diarias en buena parte del país.

Rubio, en su mensaje del 20 de mayo, atribuyó esa crisis exclusivamente a la mala gestión del gobierno cubano. PolitiFact, tras verificar los hechos, otorgó a esa afirmación una calificación de “medio verdad”: si bien hay algunos problemas en la gestión energética cubana, el bloqueo estadounidense sobre el petróleo ha agravado decisivamente la situación. Omitir ese factor no es imprecisión: es propaganda.

El objetivo declarado es explícito. Según personas familiarizadas con los planes internos de la administración, citándose en Politico: “La energía es el estrangulamiento para matar al régimen”. Y la caída del gobierno cubano es considerada, en esos círculos, un “evento de 2026”.

La dignidad como amenaza estratégica

La clave interpretativa última es esta: para el sistema imperial, la dignidad de un pueblo pequeño es más peligrosa que los recursos de un país grande. Un país rico pero subordinado es funcional al Imperio. Un país pobre pero soberano es una amenaza existencial a su lógica.

Cuba no tiene petróleo como Venezuela. No tiene oro como Mali o la República Democrática del Congo. No tiene un canal como Panamá. Tiene algo más subversivo: tiene una historia de resistencia sostenida durante más de seis décadas frente a la potencia más poderosa del planeta. Y esa historia, en sí misma, es un programa político para cualquier pueblo del Sur que se pregunte si la soberanía es posible.

José Martí lo comprendió antes que nadie. En su carta a Manuel Mercado, escrita la víspera de su muerte en 1895, advirtió que la independencia de Cuba era indispensable para impedir que Estados Unidos se extendiera por las Antillas y cayera con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Martí no hablaba de Cuba sola: hablaba de

Cuba como escudo de un continente. Washington lo entendió también. Y por eso, 131 años después, sigue sin perdonarla.

El Imperio no teme lo que Cuba tiene. Teme lo que Cuba es

La obsesión de Washington con Cuba no es irracional desde su propia lógica: es coherente. Un sistema de dominación hemisférica no puede permitir que exista, a 90 millas de su frontera, una nación que le dice no y sobrevive. Cada año que Cuba resiste, esa resistencia se convierte en argumento. Cada apagón que el pueblo cubano soporta sin renunciar a su soberanía, esa resistencia se convierte en epopeya.

El verdadero recurso estratégico de Cuba no está bajo su tierra. Está en su historia. Y eso, para el Imperio, es lo único que no se puede bloquear.

POR E. MARGARITA EVE

Cada vez que Cuba entra en crisis, el Caribe entero contiene la respiración. Aunque la palabra “invasión” vuelve a escucharse en algunos círculos políticos y mediáticos, el escenario actual parece muy distinto al de otras etapas de tensión mundial. La tensión regional ha comenzado a crecer nuevamente. Especialmente en la

República Dominicana, el tema ya despierta preocupación.

Mientras aumenta la presión sobre Cuba, también crece la incertidumbre sobre las posibles consecuencias regionales de una nueva etapa de confrontación impulsada por Donald Trump. Sin embargo, el estilo político de Trump ha sido diferente al de otros presidentes estadounidenses. Hasta ahora, ha preferido métodos de presión económica y diplomática. No el modelo tradicional de invasiones militares abiertas.

La historia recuerda que en 1961 ocurrió la Invasión de Bahía de Cochinos, organizada bajo la presidencia de John F. Kennedy. Apenas un año después, en 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear durante la Crisis de los Misiles en Cuba. Aquellos acontecimientos colocaron al Caribe en el centro de la Guerra Fría.

Fue uno de los episodios más peligrosos del siglo XX.

Durante décadas, Cuba logró sostener cierta estabilidad económica gracias al fuerte respaldo financiero y energético de la Unión Soviética. Antes de la perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov y del colapso soviético, la isla no enfrentaba los niveles de escasez y crisis energética que vive actualmente. La caída del bloque soviético transformó profundamente el destino económico cubano.

Décadas más tarde, Estados Unidos volvió a recurrir a operaciones militares directas. En 1989, bajo la presidencia de George H. W. Bush, Washington invadió Panamá para derrocar a Manuel Noriega. Dos años después, en 1991, comenzó la Guerra del Golfo contra Irak. Aquellas operaciones reafirmaron el poder militar estadounidense tras el final de la Guerra Fría.

Más adelante, en 2001, George W. Bush hijo lanzó la invasión de Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En 2003, ordenó también la invasión de Irak. Aquellas guerras marcaron una etapa de intervenciones militares prolongadas y enormes costos humanos y económicos. Además, provocaron fuertes críticas internacionales y un profundo desgaste político para Washington.

 

Trump, en cambio, ha preferido otro enfoque frente a gobiernos considerados adversarios de Washington. Incluso durante momentos de alta tensión con Irán, Venezuela o Corea del Norte, evitó iniciar guerras convencionales de gran escala. Su estrategia ha estado basada principalmente en sanciones económicas, presión diplomática y aislamiento político.

En el caso de Venezuela, el escenario fue completamente distinto al de Irak o Afganistán. Washington acusó a Nicolás Maduro de narcoterrorismo y, en enero de 2026, ejecutó la llamada “Operación Resolución Absoluta”. La acción terminó con su captura sin necesidad de una invasión militar prolongada. Fue un modelo basado en inteligencia y operaciones estratégicas puntuales.

Con Cuba, la presión parece orientarse principalmente hacia sanciones económicas, restricciones financieras y limitaciones energéticas. El objetivo sería debilitar gradualmente al sistema cubano sin recurrir a una ocupación militar convencional. Muchos analistas consideran que Washington apuesta más al desgaste interno de la isla. No a una guerra abierta en el Caribe.

En un momento pensé que podrían comenzar a moverse algunas fichas estratégicas dentro del Partido Republicano para que Marco Rubio asumiera un papel protagónico en el tema cubano. Una situación así incluso podría fortalecer su proyección política futura. Sin embargo, todo indica que Trump ha decidido mantener personalmente ese enfoque dentro de su visión internacional.

El propio Trump ha hablado anteriormente de la posibilidad de visitar, antes de concluir su mandato, una “Venezuela libre”, un “Irán libre” y una “Cuba libre”. Más que una postura de confrontación militar directa, el discurso parece orientarse hacia cambios políticos impulsados mediante presión económica y diplomática. Esa estrategia busca evitar guerras largas y costosas como las de Afganistán e Irak.

Muchos cubanos dentro y fuera de la isla sueñan con el fin del actual sistema político. Para la República Dominicana y gran parte del Caribe, el verdadero temor no es únicamente una invasión militar sobre Cuba. La región vive principalmente del turismo y, cualquier conflicto provocaría una fuerte caída económica, además de un incremento de la inmigración y de la inestabilidad regional.

 emargaritaeve@gmail.com