Históricamente en la República Dominicana el gobierno central ha estado realizando gran parte de las funciones que corresponden al poder municipal y no se vislumbra cuando las alcaldías llenaran su rol para garantizar la seguridad ciudadana, impulsar el empleo, generar cambios en la salud y la educación, promover y velar por la protección ambiental, promover la información pública, la gobernabilidad y participación ciudadana y comprometerse con la transparencia y la competitividad, dejando atrás el populismo y el paternalismo.

Nuestros alcaldes se han quedado muy atrás de las exigencias de los ciudadanos y hoy por hoy creen que su responsabilidad no alcanza más que la recogida de basura, el ornato, otorgar empleos botellas y complacer las apetencias políticas, sin darse cuenta de que estamos en la era de las tecnologías y las comunicaciones y que es vital estar a la vanguardia de las exigencias de los ciudadanos y ciudadanas que le dieron el voto.

Se sabe que la ley 176-07, la ley 1-12 de estrategia nacional del desarrollo 2030 y la declaración de los nuevos objetivos del desarrollo del milenio, ahora de desarrollo sostenible, son  un camino largo a recorrer y que es de cumplimiento obligatorio, lo cual llevará a nuestros ciudadanos a obtener más empleos, mas comida, mas educación, mas participación y mayor control ciudadano de los recursos que se le otorgan a los ayuntamientos para cumpla con los anhelos de todos.

Los ayuntamientos deben coordinar políticas públicas con otras instituciones para poder ofrecer más seguridad ciudadana y que la gente perciba que está segura; coordinar con medio ambiente para dar el mensaje de que se tiene la voluntad de proteger el medio ambiente de basura, de contaminación, de aguas negras y residuales, cloacas, drenajes pluviales, mantener áreas verdes, ruidos; organizar el transito, aéreas de parqueos, peatonales, rotondas, centros de artes, cultura, deporte y recreación.

Da pena de cómo el gobierno tiene que acudir a diferentes provincias a resolver pequeños desastres naturales que los mismos debieran estar previstos por las alcaldías y debieran tener en sus presupuestos el saneamiento ambiental del drenaje pluvial, de los ríos que circundan las ciudades, de las cañadas y sobre todo prevenir de que personas se ubiquen a la orillas de los ríos o en pleno  caudal y, que finalmente son las que salen perjudicadas a la hora del paso de tormentas y huracanes.

Las principales funciones de los ayuntamiento entre otras, son: Administrar el presupuesto participativo e incluir las necesidades de las comunidades, recaudar los arbitrios( rodajes, espectáculos públicos, galleras, mercados, cementerio, bares, restaurantes, carnicerías, hoteles, moteles, cierre de calles, impuesto por tasa de construcción y estudios de suelo, arenas, minas, comercio e hipotecas; además la asignación presupuestaria del gobierno) y posibilitar las facilidades tecnológicas para el debido recaudo, registro e informe de las recaudaciones a la ciudadanía; Cumplir con la ejecución de los gastos en base a lo que establece la ley con el debido cuidado, registrando las obras oportunamente, licitando los bienes y servicios de manera transparente para que los negocios, industria y comercio  sean proveídos por los ciudadanos que ofrezcan mejores precios y mayor calidad. “Deben garantizar conjuntamente la gestión eficiente, eficaz, Transparente y participativa, en base a los principios de descentralización, desconcentración, concurrencia, coordinación y subsidiariedad.”

Vemos como en los centros urbanos por falta de un planificación, desde que llueve,  las calles se anegan de agua y hacen imposible el tránsito de vehículos y personas, se llena el país de damnificados; mientras esto pasa no se observa que después que pasan las desgracias se esté aplicando un programa preventivo para evitar pérdidas de recursos y perdidas de vida.

Es tiempo que los ayuntamiento dejen atrás la improvisación y la inacción y se aboquen a cumplir con las funciones establecidas en la ley y procedan a elaborar un plan estratégico que detalle las necesidades de las comunidades a mediano y largo plazo y se pueda darle seguimiento y saber en qué punto estamos  realizando las metas programadas.

Los ayuntamiento necesitan de un personal técnico que maneje las tecnologías, elabore los planes, se evalúen los programas, que se elaboren los informes de manera oportunas para que nuestras autoridades puedan tomar las decisiones  en base a las metas realizadas y puedan medirlas y saber si van a lograrlas en el tiempo programado. No se puede medir el progreso de una actividad si no se pone fecha de inicio y fecha de término o finalización.

Se espera que los empleados, funcionarios, directivos y  alcaldes conozcan la Ley 176-07 que rige los ayuntamientos y específicamente los artículos del 19 al 21 de la ley y, que establecen sus competencias, los servicios municipales que deben ofrecer y el destino de los fondos. También decirles que la Liga Municipal dominicana se encarga de ofrecerle el entrenamiento al personal administrativo, como también la Contraloría General de la República. “Si así lo hicieren, Dios los bendiga, de lo contrario la sociedad se lo cobre”.

La ejecución de los fondos se debe hacer de acuerdo a la Ley 176-07, de la siguiente manera: 25% para el Gasto de Personal, 31% para los servicios de mantenimiento municipales, 40% para la construcción, adquisición y mantenimiento de obras e infraestructuras y 4% para programas educativos, cuestión de género y salud.

«El trabajo es la maldición de la clase bebedora». Oscar Wilde.

Los trabajadores son algo más que factores de producción abstractos. Son personas que tienen familia, deseos y necesidades, además de proporcionar trabajo a la economía, por lo que la tasa de desempleo es un motivo fundamental de preocupación de la sociedad y por la que el mercado de trabajo es una fuente constante de controversias, conflictos sociales y agitación política.

El siglo XIX fue testigo de batallas campales entre el trabajo y el capital por los salarios, las condiciones de trabajo y el derecho a sindicarse; actualmente, las mujeres y las minorías luchan por tener un buen puesto de trabajo y una remuneración equitativa.

El grupo más numeroso que padece la discriminación económica es el que está formado por las mujeres. Las mujeres que trabajan durante todo el año a tiempo completo solo ganan en promedio un 80% de lo que perciben los varones que tienen el mismo nivel de estudios y el mismo origen social.

Algunas variaciones salariales se deben a diferencias de educación, experiencia laboral y otros factores; las divergencias salariales son inevitables en una economía de mercado.

Hay discriminación salarial cuando las diferencias se deben a una característica personal irrelevante como la raza, el sexo o la religión, la política, entre otras.

Aunque existe una enorme variedad de rentas en todas las economías, los economistas tienden a considerar que el salario medio es un buen indicador del poder adquisitivo del trabajo en general, (Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, 1996).

La República Dominicana no aplica leyes como la de los derechos civiles e igualdad salarial que prohíben la discriminación en la contratación, el despido en el empleo y que obligue a los empresarios a pagar a los varones y a las mujeres lo mismo por igual trabajo.

Muchos sindicalistas de la nación dominicana procuran que haya un aumento del salario mínimo de los trabajadores pues hace casi dos años que no se aplica de forma razonable y equitativa un incremento de éste conforme el nivel de la canasta familiar de menor costo.

Conforme a lo anterior las principales centrales sindicales presentaron recientemente un documento ante el Comité Nacional de Salarios en que piden a los patronos un aumento salarial de 30% para el sueldo mínimo de los trabajadores no sectorizados.

En el indicado documento señalan que la canasta familiar tiene un costo de RD$28,380.00 mientras el salario mínimo de las grandes empresas apenas sobrepasa los RD$12,000.00.

De no acogerse la indicada demanda amenazan con irse a huelgas y realizar protestas en las mismas empresas. Asimismo solicitan al presidente de la República Dominicana que aplique por decreto un aumento general de salarios de un 30% al salario mínimo los sectores público y privado, hasta los RD$25,000.00.

Son muchas las protestas que se han escenificados en distintos sectores en busca de que se incrementé el salario mínimo en los sectores señalados.

No es lógico ni correcto de que se negocie un incremento salarial  de manera unilateral o se acuerde favorecer uno o dos sectores sin tomar en cuenta el resto de los trabajadores ya que se estaría cayendo en una clara discriminación.

Se sabe que todos son ciudadanos dominicanos afectados por las mismas condiciones económicas o el mismo costo de vida. Es el mismo caso de que se subsidie un sector en detrimento de otro.

Un caso muy comentado es el de las protestas de muchos  agentes activos y retirados de la Policía Nacional los cuales no obstante la importancia de su trabajo de preservar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía estos perciben un salario conocido como cebolla o deseo de llorar el cual fomenta la corrupción, la arbitrariedad y el desorden en el desempeño del trabajo éstos trabajadores públicos.

Es tiempo ya de que se mida con la misma vara a todos los sectores y se decrete un aumento general de salaria porque no se concibe que un policía gane RD$5,000.00 0 RD$6,000.00 cuando su trabajo es de alta peligrosidad y responsabilidad.

Tampoco es concebible que un servidor público perciba un emolumento mínimo de tan solo RD$5,000.00 pesos cuando el costo de la canasta familiar ronda los RD$28,850.00.

Las autoridades dominicanas deben llevar al país a los mismos niveles de justicia y equidad que otras naciones del continente americano menos desarrolladas que la dominicana hoy exhiben.

¿Cuándo la nación dominicana comenzará a distribuir entre los hombres y mujeres de menores ingresos de forma justa y equitativa el cacareado crecimiento de su Producto Interno Bruto que año tras año se anuncia con bombos y platillos?

Pasa el tiempo y se oye la misma canción de que el país no alcanza definitivamente su plena institucionalización y de que su presupuesto es mal formulado y ejecutado.

Es el momento ya de que la nación dominicana se ponga los pantalones largos del crecimiento, el desarrollo, la equidad y la institucionalidad pues de lo contrario desaparecerá la actual generación de personas y se seguirá luchando por lo mismo cuando esto debe ser un capitulo aprendido y un expediente cerrado.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

jpm