Hay momentos en la vida de una nación donde una tragedia no solamente conmueve a la sociedad; también revela las fortalezas y debilidades de quienes tienen la responsabilidad de dirigirla.

La muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, en Herrera, Santo Domingo Oeste, ha estremecido al país y vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que República Dominicana arrastra desde hace décadas: ¿qué ocurre cuando la sospecha de abuso recae precisamente sobre quienes tienen el deber constitucional de proteger al ciudadano?

Según las informaciones conocidas, el joven perdió la vida durante una intervención policial y el cabo José Francisco Moreta Heredia fue señalado como el agente involucrado, quedando bajo el proceso correspondiente mientras las autoridades establecen las responsabilidades del caso.

Con grito presidencial: “eso es un animal”

Más allá de las conclusiones judiciales, existe una realidad humana que nadie puede ignorar: una familia perdió un hijo. Un joven con sueños, proyectos y una vida por delante.

Si un miembro de la Policía Nacional actuó fuera de la ley, debe responder ante la justicia.

La autoridad del Estado no puede convertirse en una amenaza para aquellos a quienes tiene la obligación de proteger.

Pero esta tragedia también abre una discusión que la política dominicana no puede evitar: la memoria histórica.

La violencia policial no nació ayer

La violencia policial no es un fenómeno creado por la presente administración. Es una deuda institucional que la República Dominicana arrastra desde hace décadas.

Antes de convertir una tragedia en una bandera electoral, la clase política debería asumir una responsabilidad elemental: recordar su propia historia.

Durante años, familias dominicanas reclamaron respuestas mientras muchas muertes atribuidas a agentes policiales quedaban bajo una misma explicación oficial: “intercambio de disparos”.

Esa expresión se convirtió en uno de los mayores símbolos de cuestionamiento al accionar policial, porque numerosos familiares y organizaciones de derechos humanos reclamaban investigaciones más profundas sobre las circunstancias de esos hechos.

Durante los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012), organismos nacionales e internacionales denunciaron preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza policial y la necesidad de transformar una institución marcada por problemas estructurales.

Amnistía Internacional documentó denuncias sobre homicidios ilegítimos, malos tratos y abusos atribuidos a miembros de la Policía Nacional, señalando la necesidad de investigaciones efectivas y reformas profundas.

Uno de los episodios que más impactó la conciencia nacional fue la matanza de Paya, Baní, en 2008, donde siete hombres fueron asesinados en un hecho que involucró agentes policiales y que terminó con condenas judiciales.

Aquel acontecimiento no fue solamente un expediente criminal; fue una señal de alarma sobre la crisis de confianza entre la ciudadanía y la institución responsable de garantizar la seguridad.

También permanece en la memoria nacional el caso de Juan Almonte Herrera, desaparecido en 2009, que generó denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos que exigían esclarecer la posible participación de agentes estatales.

La historia demuestra que el problema no apareció ayer.

Los números también tienen memoria

Las cifras cuentan una realidad que la política no puede borrar.

Durante los gobiernos de Leonel Fernández, República Dominicana vivió algunos de los años con mayores niveles de homicidios de su historia reciente. Entre 2010 y 2011, la tasa de homicidios estuvo alrededor de 25 casos por cada 100 mil habitantes, con más de 2,400 muertes violentas anuales.

Detrás de cada número había familias destruidas, comunidades afectadas y una sociedad reclamando respuestas.

Durante los gobiernos de Danilo Medina (2012-2020), aunque los homicidios generales continuaron descendiendo, la preocupación por la actuación policial permaneció presente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció en 2014 alrededor de 200 muertes en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional y reclamó investigaciones más rigurosas y mecanismos de control más efectivos.

La conclusión es clara:

La violencia policial no tiene dueño político.

No comenzó con Luis Abinader, pero tampoco puede ignorarse durante su administración.

Los errores del pasado no justifican los errores del presente.

Una oposición con memoria selectiva

La oposición tiene todo el derecho democrático de exigir explicaciones al Gobierno. La fiscalización del poder es parte esencial de una democracia.

Pero existe una diferencia entre exigir justicia y actuar como si un problema histórico hubiera nacido recientemente.

Presentarse como descubridores de una realidad que estuvo presente durante años es una forma de memoria selectiva.

La política no puede recordar solamente los errores del adversario y olvidar sus propias responsabilidades cuando tuvo la oportunidad de gobernar.

Los ciudadanos merecen una discusión más honesta.

La violencia policial no pertenece a un partido. Pertenece a una deuda institucional que todos los gobiernos han tenido la obligación de enfrentar. Y a una sociedad sin control emocional lo que demuestra que está enferma.

Un gobierno con argumentos, pero sin voz

Sin embargo, el Gobierno actual también debe asumir su responsabilidad.

El problema del PRM no es solamente enfrentar una crisis; es la forma en que la comunica.

La administración del presidente Luis Abinader ha impulsado un proceso de reforma policial y una estrategia de seguridad que sus autoridades vinculan con una reducción importante de los indicadores de violencia.

Las gestiones de Jesús “Chu” Vásquez y posteriormente de Faride Raful han colocado la transformación policial como uno de los objetivos centrales del Estado.

Pero en política, los números no hablan solos.

Las cifras necesitan una voz.

Un gobierno puede tener obras, reformas y resultados, pero si no comunica con sensibilidad, permite que otros construyan la interpretación de los hechos.

Una familia que pierde un hijo no escucha primero estadísticas. Escucha si alguien reconoce su dolor.

Una sociedad indignada no busca solamente informes técnicos. Busca liderazgo.

Ahí está la gran debilidad del PRM: la ausencia de una respuesta comunicacional más activa, humana y estratégica.

La batalla por el relato

La política moderna no solamente se libra en los tribunales ni en las instituciones. También se libra en la percepción ciudadana.

La oposición ha entendido que una crisis puede convertirse en una batalla narrativa.

El Gobierno debe entenderlo también.

No basta con gobernar; hay que explicar.

No basta con hacer; hay que comunicar.

No basta con tener argumentos; hay que conectar con la ciudadanía.

La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes debe servir para exigir justicia y para profundizar la transformación policial.

Pero también debe servir para recordar una verdad fundamental:

Los muertos no tienen partido.

El dolor de una familia no puede ser utilizado como instrumento electoral.

La justicia debe hablar.

La Policía debe transformarse.

Y el Gobierno debe aprender que, en democracia, quien deja vacío el espacio de la explicación permite que otros escriban su historia.

Porque al final, los pueblos no solamente recuerdan lo que ocurrió.

También recuerdan quién estuvo presente cuando más necesitaban una respuesta.

POR JUNIOR PEREZ

Para la región de Hispanoamérica, quizás es poco común escuchar hablar de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa). Sobre todo se desconoce cuál su rol protagónico en el actual escenario internacional.

La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa queda articulada como una organización internacional, con personalidad jurídica, de carácter interestatal, creada mediante tratado (la propia declaración constitutiva), con un sistema permanente de órganos, y con voluntad propia.

Pueden ser miembros de la CPLP aquellos estados que, usando el portugués como lengua oficial, se adhieran sin reservas a sus Estatutos. Dentro de este organismo se encuentran los siguientes países como miembros plenos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Macao, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial.

La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) con el paso del tiempo ha constituido ser un eje geoestratégico de primer nivel que conecta América (Brasil), África (Angola, Mozambique, etc.), Europa (Portugal) Asia (Timor Oriental y Macao). Su valor trascendental radica en la unión de más de 223 millones de personas bajo una misma lengua, lo que facilita el peso diplomático, el comercio transatlántico y la influencia geopolítica a nivel global. Su incidencia en los diferentes espacios le ha permitido lo siguiente:

·       Control de rutas marítimas transatlánticas: Los territorios de Brasil, Angola y Portugal, junto con los archipiélagos africanos (Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe), otorgan al bloque una posición dominante sobre el Océano Atlántico, vital para el comercio y la seguridad energética.

·       Plataforma diplomática global: Actúa como un puente de negociación entre la Unión Europea (a través de Portugal) y los mercados emergentes de América Latina y África, permitiendo una concertación política única.

·       Puente de Europa y Asia: Mediante la presencia de Timor Leste y Macao, ha sabido articular espacios importantes, donde ha trazado un puente económico y comercial entre Europa y Asia.

Cultura y Difusión de la Lengua Lusa.

El portugués es uno de los idiomas más hablados del mundo, lo que otorga a la comunidad un «poder blando» (soft power) fundamental en foros internacionales y organismos multilaterales.

Desde su formación, la CPLP ha ayudado a solucionar problemas político-sociales en Santo Tomé y Príncipe, y en Guinea-Bissau, producto de golpes de estado en ambos países. Ha ayudado a estos dos países para llevar a cabo reformas económicas (en el caso de Santo Tomé) y democráticas (en el caso de Guinea-Bissau).

Los líderes del CPLP creen que la promoción de la paz es la salida, sobre todo en los países miembros con conflictos bélicos, al igual que también apelan al desarrollo y la consolidación de la cooperación multilateral.

El Brasil como miembro pleno, por medio de los Institutos de Formación de Lengua y Cultura Brasileña, ha procurado motivar a la promoción de las costumbres y modismos de la lengua, lo cual le ha permitido compenetrar en algunas latitudes del mundo hispanohablante.

El gigante sudamericano, ha sabido aprovechar los múltiples espacios internacionales, donde ha trazado una visión de liderazgo tanto en el ámbito latinoamericano como en el internacional lusófono, situándose en un punto intermedio cultural y territorialmente entre los países hispanohablantes y los lusófonos, y entre los latinoamericanos y los africanos, ha podido ver en la tendencia y propuesta paniberista una baza coherente para fortalecer sus pretensiones como actor regional y global.

En el caso de Portugal, país que asume un liderazgo simbólico y también sustantivo en la Asociación de Naciones de Lengua Portuguesa, la CPLP,  ha procurado la articulación de un espacio panibérico, donde puede ser señalada como una interlocutora del mundo lusófono con el hispánico, tal como se quiso entender durante décadas la incorporación conceptual de Brasil a un espacio hispánico que acabaría cristalizando geopolíticamente en el Sistema Iberoamericano con la participación de Brasil y del mismo Portugal.

Los países iberohablantes africanos, básicamente de lengua portuguesa, sienten cercanía hacia lo latinoamericano, pero esperan, probablemente, un consenso mayor al respecto entre los Estados que, respectivamente, procuran apostar por el espacio iberoamericano y por el interlusófono.

Futuro de la CPLP

El futuro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) continuará promoviendo las bases de la transformación de un bloque cultural y lingüístico hacia un pilar de cooperación económica, movilidad ciudadana y diplomacia global.

Su incidencia a nivel global extenderá su soft power a los diferentes espacios de gran envergadura, para por medio de sus miembros plenos, puedan seducir a los miembros observadores y, así capitalizar la importancia de la lengua y la cultura lusa. Esperamos que Hispanoamérica continúe estrechando los lazos de hermandad y de cooperación con la CPLP.

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