POR RAFAEL PASIAN

Hay momentos en la historia de los pueblos en que las naciones parecen detenerse frente a una encrucijada. Son instantes en los que la ciudadanía observa hacia todos los lados buscando una figura capaz de devolver la confianza, la esperanza y el sentido de rumbo colectivo.

La República Dominicana parece encontrarse hoy ante uno de esos momentos.

Mientras crecen las preocupaciones por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, las dificultades de los servicios públicos y la incertidumbre económica de miles de familias, una figura política ha comenzado a resurgir con fuerza en la conciencia popular: Gonzalo Castillo.

No se trata simplemente de un dirigente político. Tampoco de una candidatura más dentro del escenario electoral dominicano.

Para millones de ciudadanos, Gonzalo representa el regreso de una forma de gobernar orientada a la ejecución, a los resultados concretos y a las soluciones prácticas.

En una época donde abundan las promesas, Gonzalo aparece como un hombre identificado por amplios sectores con las obras realizadas, las carreteras construidas, los puentes levantados, las respuestas rápidas en momentos de emergencia y la capacidad de convertir las palabras en acciones.

Sus adversarios podrán cuestionarlo. Podrán atacarlo. Podrán intentar reducir su trayectoria a consignas partidarias. Pero existe una realidad imposible de borrar: el pueblo dominicano conoce a Gonzalo Castillo.

Lo conoce porque lo vio trabajar.

Lo conoce porque lo vio responder.

Lo conoce porque lo vio actuar.

Quizás esa sea precisamente la razón por la cual su figura continúa despertando tanto interés político.

Cuando un liderazgo conserva respaldo popular después de años fuera del poder, cuando continúa siendo mencionado en las conversaciones de los barrios, los campos, los mercados y las redes sociales, es porque existe una conexión que trasciende las campañas electorales.

Los simpatizantes de Gonzalo sostienen que los ataques políticos y judiciales dirigidos contra él durante los últimos años tuvieron un objetivo evidente: impedir el regreso de un liderazgo con capacidad real de competir por el poder.

Lejos de desaparecer, sin embargo, esa ofensiva terminó fortaleciendo la percepción de muchos dominicanos que interpretaron aquellos acontecimientos como un intento de excluir de la competencia a una figura con gran arraigo popular.

La historia política latinoamericana está llena de ejemplos donde los intentos de destruir a determinados líderes terminaron convirtiéndolos en símbolos de resistencia.

Y eso parece haber ocurrido con Gonzalo Castillo.

Hoy su nombre vuelve a escucharse con fuerza en todos los rincones del país. Vuelve a escucharse entre jóvenes que buscan oportunidades.

Entre madres que anhelan mayor seguridad para sus hijos. Entre trabajadores que sienten el peso creciente de los precios. Entre pequeños comerciantes que reclaman dinamismo económico.

Entre ciudadanos que recuerdan años de crecimiento y estabilidad.

La posible candidatura presidencial de Gonzalo Castillo para el 2028 no se presenta únicamente como la aspiración legítima de un dirigente político.

Para muchos dominicanos representa la oportunidad de retomar una visión de gobierno centrada en la eficiencia, la inversión pública, el crecimiento económico y la cercanía con la gente.

La política dominicana entra poco a poco en una nueva etapa.

Y en esa nueva etapa comienza a emerger una pregunta que cada día resuena con más fuerza en calles, comunidades y hogares:

¿Está listo Gonzalo para volver a servir a la RD?

Si la respuesta termina siendo sí, el país podría estar presenciando el nacimiento de uno de los movimientos políticos más importantes de la próxima década.

Porque los pueblos no siguen únicamente a quienes les hablan. Siguen a quienes les inspiran confianza.

Y en la política dominicana, la confianza continúa siendo la moneda más valiosa de todas.

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Identificar al aliado potencial y diferenciarlo del adversario principal, en una determinada coyuntura, constituye una condición político-estratégica indispensable para todo jefe político o militar. En política, como en la guerra, no basta con tener fuerza, discurso, estructura o presencia territorial, porque todo eso podría diluirse cuando una organización o un líder confunde la contradicción principal con una contradicción secundaria.

Ese riesgo parece gravitar hoy sobre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, dos organizaciones que compiten por un segmento electoral parecido, pero arrastran heridas políticas que, en vez de cicatrizar, se mantienen abiertas y sangrantes, aun cuando ambas disputan liderazgo dentro de una franja opositora que, de continuar fragmentada, podría facilitar al Partido Revolucionario Moderno la administración del conflicto entre sus principales adversarios.

La Fuerza del Pueblo y el PLD no son organizaciones idénticas, ni tienen por qué ocultar sus diferencias, sus heridas ni sus disputas por liderazgo, pero tampoco deberían actuar como si el adversario principal de una fuera la otra, porque ambas provienen de una misma matriz política, comparten parte de su electorado y se mueven en una franja social que difícilmente podrá derrotar al oficialismo si llega dividida, resentida y agotada a las elecciones de 2028.

El problema no está en que compitan, porque la competencia forma parte natural de la política, sino en que esa competencia se transforme en una guerra de desgaste permanente, con lo que cada ataque, cada descalificación y cada intento de reducir al otro puede terminar produciendo un efecto boomerang, fortaleciendo indirectamente al adversario que administra el poder, mientras la oposición se entretiene en ajustar cuentas con su propio pasado.

Cuando dos fuerzas opositoras que comparten una base electoral parecida se colocan una a la otra como blanco permanente, corren el riesgo de regalarle al partido gobernante una ventaja estratégica que no siempre obtiene por méritos propios, sino por la incapacidad de sus adversarios de establecer prioridades, ordenar sus diferencias y comprender que en política no toda rivalidad debe convertirse en ruptura definitiva.

Ese error se vuelve más costoso cuando el país enfrenta deterioro de servicios públicos, endeudamiento creciente, promesas incumplidas, inseguridad ciudadana, crisis educativa y pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para responder a problemas estructurales, porque una oposición dispersa, entretenida en sus pugnas internas, termina dejando sin conducción política el malestar social que podría convertirse en fuerza de cambio.

El costo de la dispersión

La Fuerza del Pueblo puede aspirar legítimamente a consolidarse como principal fuerza opositora, y el PLD puede intentar recuperar el espacio perdido, pero ninguna de esas aspiraciones debería conducirlas a desconocer que el adversario principal, desde la lógica de la lucha por el poder, no está en la organización que comparte parte de su electorado, sino en el partido que controla el gobierno, administra los recursos públicos y procura proyectarse como opción de continuidad más allá de 2028.

De ahí que el desafío no consista en borrar diferencias ni decretar una unidad artificial, sino en evitar que la confrontación entre ambas organizaciones se convierta en una trampa política, porque cuando el potencial aliado es tratado como blanco equivocado, se deteriora la posibilidad de un entendimiento futuro, se profundiza la desconfianza entre sus bases y se reduce el margen para construir una mayoría electoral capaz de disputar el poder con eficacia.

Competencia como clave estratégica

En la relación entre el PLD y la Fuerza del Pueblo cobra relevancia un concepto tomado del mundo empresarial: la “coopetencia”, que combina competencia y cooperación. Aunque surge en otro ámbito, ayuda a explicar una dinámica en la que dos actores disputan un mismo espacio, pero reconocen la necesidad de colaborar cuando enfrentan un desafío común que los supera por separado.

Trasladado al escenario político dominicano, el PLD y la Fuerza del Pueblo compiten por conquistar el electorado surgido de la vieja matriz peledeísta, hoy repartido entre la identidad morada y la identidad verde, así como por presentarse como la principal fuerza opositora. Esa competencia es legítima y hasta saludable en democracia, pero puede volverse autodestructiva si se transforma en una guerra de desgaste que termine beneficiando al partido gobernante.

La coopetencia ofrece un camino: mantener la identidad propia, preservar los matices de cada organización y, al mismo tiempo, encontrar espacios de coincidencia en lo fundamental. Eso implica construir acuerdos en torno a una agenda mínima que devuelva esperanza al electorado y proyecte una alternativa creíble de poder, porque la población, más que interesada en rivalidades internas, espera madurez política, sentido de oportunidad y capacidad de colaboración.

No se trata de renunciar a las diferencias ni de decretar una unidad artificial, sino de comprender que el adversario principal no está dentro de la oposición, sino en la administración actual. En ese sentido, la coopetencia podría convertir la lógica de suma cero en una suma necesaria, capaz de ampliar las posibilidades de éxito electoral y responder al reclamo social de unidad frente a un gobierno que muestra señales de desgaste en su popularidad, en su capacidad de gestión y en sus políticas sociales y económicas.

En definitiva, el efecto boomerang no solo opera cuando se convierte en víctima a quien se ataca de manera reiterada, sino también cuando una fuerza política dispara contra el blanco equivocado y termina debilitándose a sí misma, con lo que FP y PLD deberían comprender que la política no se mide solo por la intensidad del golpe que se lanza, sino por la claridad con que se identifica al adversario principal y por la inteligencia con que se preservan los puentes hacia quienes mañana podrían resultar indispensables.

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