La República Dominicana cuenta con una superficie aproximadamente del 25.7% de su territorio nacional por áreas protegidas, lo que incluye un total de unas 131 unidades de conservación. Además, contiene una superficie marina protegida equivalente al 10.8 % de las aguas marinas dominicanas (Ley 66-07 que declara la República Dominicana como Estado Archipelágico).

Pero, esta cobertura de áreas naturales protegidas experimenta de manera constante amenazas múltiples y agresiones severas que pone en tela de juicio si realmente estos espacios gozan de la real protección efectiva que como Estado se debe garantizar.

Huelga reconocer que el Estado dominicano tiene la intención y ha habido esfuerzos en procurar la salvaguarda de dichos ecosistemas naturales; pero lamentablemente la ignorancia consciente e inconsciente, la ambición desproporcionada, la tentación a enriquecerse a costa de esos tesoros naturales y la falta de cierta voluntad que garantice la calidad de estas áreas; ha generado vulnerabilidades preocupantes en cuanto a la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Lo antes expresado se puede evidenciar por el rosario de denuncias sucesivas de violaciones a la Ley sectorial de Áreas Protegidas 202 –04 y otras disposiciones legales vigentes, por actores sociales y comunitarios en diferentes puntos del país.

Cuevas del Pomier 

Solo basta detenerse a escuchar y ver, los daños lamentables que se le está ocasionando al Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier; la cual a pesar de constituir un área protegida que comprende un conjunto de 57 cuevas más un manantial, se ha venido agrediendo con síntomas progresivos de destrucción, no obstante ser un patrimonio con un alto valor histórico, hídrico, geológico, arqueológico y turístico.

Observar como el Cinturón Verde del Gran Santo Domingo, el cual fue creado mediante el Decreto No. 183-93 en el año 1993, está siendo impactado y disminuido peligrosamente por el asentamiento urbano en toda su periferia, fruto de invasiones sin control, generando arrabalización, altos niveles de contaminación, aguas residuales y desechos sólidos a gran escala que desembocan en los ríos Ozama, Isabela y Haina.

Ríos estos, cuyas aguas vestidas de marrón transitan en quietud de cortejo fúnebre, no gozan ni en un instante del privilegio natural de vivir y dar vida en paz; el gran desafío en cada diana y crepúsculo es poder sobrevivir a tanta inmundicia que se les vierte sin piedad a diestra y siniestra; sus bosques ribereños perdieron la cabellera de la esperanza, ante tanta contaminación les impide saciar de su propio cauce la sed que llevan por dentro, y esperan que alguien con voluntad algún día les proteja de veras, antes de que sea tarde.

Hay que aguzar los sentidos y no ser indiferentes, ante los gemidos dolorosos de los Humedales del Ozama, el cual se está secando de tanto llorar sin encontrar quien le consuele; del Parque de los Haitises, quien pide auxilio desesperado de no más deforestación, incendios forestales intencionados, de conuquismo y ganadería; de no más depredación feroz y tortuosa en su seno maternal.

Ni tampoco dejar de mirar, al Monumento Natural Dunas de Las Calderas, conocido popularmente como Las Dunas de Baní, cuyo hábitat vive de tensión en tensión, por acciones depredatorias que las están poniendo en el camino de la extinción debido a la tala y quema dañosa de especies arbóreas endémicas. Asimismo, se ha llegado al colmo de los colmos de pretender extraer sus arenas, para que deje ser un pequeño desierto en el Caribe.

Respuesta

Estos pequeños ejemplos de transgresiones de los tantos hechos que ocurren contra en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, imponen de una respuesta estatal contundente e integral.

Para tales fines, entendemos que se hace necesario fortalecer los controles sobre las áreas protegidas, destinar mayor presupuesto para su sostenibilidad y conservación; robustecer con penas y sanciones drásticas contra quienes invadan espacios verdes, áreas protegidas o destruyan ecosistemas naturales vulnerables. En ese sentido se requiere de un mayor fortalecimiento de la justicia penal ambiental.

Que la protección de estas áreas constituya de manera efectiva una prioridad de seguridad nacional; poner en marcha un plan de restauración de las cuencas medias y altas, con mayor atención de aquellas que están seriamente afectadas. Hacer uso de la tecnología para monitoreo y fiscalización ambiental en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; más educación ambiental a la ciudadanía, entre otras medidas a emprender.

angelgomera@gmail.com

jpm-am

Cada 27 de febrero la historia nos llama a recordar el momento en que un grupo de valientes decidió que la libertad y la soberanía de la República Dominicana no eran sueños inalcanzables, sino derechos irrenunciables.

Su profundo amor patrio les unió con un propósito claro: construir una nación libre, justa y con instituciones capaces de sostener su independencia a lo largo del tiempo. Hoy, 181 años después, la pregunta es inevitable: ¿qué hemos hecho con ese legado?

No podemos ver la independencia solo como un hecho histórico encerrado en los libros de texto. Febrero de 1844 no fue un punto final, sino un punto de partida, un llamado constante a fortalecer nuestra República.

Una república es un conjunto de instituciones funcionando para establecer balances y controles, limitar el poder y construir convivencia pacífica estable que permita lograr las metas a futuro.

Los trinitarios no solo nos dieron un territorio libre. Nos dejaron la responsabilidad de consolidar una nación con instituciones fuertes, capaces de garantizar justicia, crecimiento, bienestar y estabilidad para todos.

La independencia dominicana no fue obra de un golpe de suerte ni de la improvisación. Fue el resultado de un ideal bien pensado, de una lucha organizada y de la convicción de que un pueblo con principios puede forjar su propio destino.

Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros grandes luchadores por la libertad y los valores republicanos, entendieron que una patria verdadera no se sostiene solo con fronteras bien definidas, sino con instituciones que protejan la dignidad y los derechos.

Hoy, más que nunca, debemos mirar el ejemplo de los fundadores con ojos críticos y valientes. Una República Dominicana fuerte no es aquella que solo celebra su independencia, sino la que trabaja día a día para consolidar su democracia, combatir la corrupción, fortalecer la justicia y garantizar que cada ciudadano tenga oportunidades reales para prosperar.

Cada vez que defendemos la transparencia, exigimos derechos y promovemos el bien común, estamos honrando la sangre derramada por nuestra independencia.

La República Dominicana de hoy tiene retos enormes, pero también tiene grandes aciertos. La lucha por un país más justo no terminó hace 181 años, sigue viva en cada dominicano que se resiste a la indiferencia y que trabaja por un futuro mejor, empezando por el primer mandatario.

Es esencial que los jóvenes dominicanos, frente a la creciente influencia del multiculturalismo y las transformaciones globales, no renuncien a la sagrada misión de ser los defensores de los valores patrios. El desafío contemporáneo exige que las nuevas generaciones no pierdan de vista su papel fundamental como guardianes de nuestra soberanía y los principios que fundaron nuestra Nación.

La juventud de hoy, con su energía y convicción, tiene la responsabilidad de fortalecer nuestra República Dominicana, asegurando que siga avanzando con firmeza hacia el futuro, respetuosa de sus raíces y capaz de enfrentar con esperanza y determinación los desafíos venideros.

Que esta conmemoración de nuestra independencia sea más que un acto protocolar. Que sea una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una República Dominicana institucionalizada, capaz de mantenerse estable y de servir de ejemplo ante las naciones del Caribe. Honremos el sacrificio de Duarte, Mella y Sánchez no solo con palabras, sino con acciones que fortalezcan la patria que ellos soñaron. Porque ser independientes no es solo un hecho del pasado. Es una tarea de cada día.///

jpm-am

Lograr una pensión  en el sector público, o en el privado en el país, más que un motivo de alegría es, lamentablemente, en muchos casos, causa de preocupación.

Parecería una exageración. Pero no, se trata de una cruda, latente y lastimera realidad por la que atraviesa una gran parte de los seres humanos que, luego de dedicar los mejores años de su vida al Estado o a empresas privadas, terminan recibiendo “pensiones pírricas”, según había precisado en un trabajo anterior.

Ocurre que nuestros pensionados no pueden hacer planes para ir a playas, viajar, visitar ciudades del interior, remozar sus viviendas (si las tienen) porque el monto que reciben “apenas da para comer malamente”.

¿Cómo es posible que un servidor público, después que se pasa la mayor parte de su vida detrás de un escritorio sirviendo a un próspero Estado, no pueda con su pensión planificarse un viajecito a una nación cercana, como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Venezuela, Panamá, etc.?

Y ni pensar que éste quisiera con esa pensión cubrir los gastos médicos por enfermedades catastróficas propias de la tercera edad, que es cuando el empleado, trabajador o servidor público más necesita esta asistencia. Se da el caso, por ejemplo, en el que un solo estudio médico de una enfermedad crítica (cirugías, trasplantes, etc.) sale más cara que la misma pensión, y para colmo, muchos pensionados no tienen ni pueden cubrir un buen seguro médico.

Estos datos no son perogrulladas mías. Todos están contenidos, aunque sin estos detalles, en investigaciones realizadas por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las cuales evidenciaron “las pírricas pensiones” que existen en la región, razón por la cual en sus estudios plantearon la necesidad de repensarlas.

A partir de sus indagatorias, el BID editó el libro “Repensar la jubilación”, el cual fue realizado mediante una colaboración entre centros de investigación de la región de América Latina y el Caribe, lo que implica que el mal no está solo en nuestro país.

Cuando escribí al respecto en un artículo anterior, apunté que: “Tenemos por ejemplo que, entre dos de los principales agentes bancarios y financieros del país (según SIPEN, el Banco Popular y  Banco de Reservas, este último del Estado dominicano) manejan, haciendo un corte al mes de mayo del año 2024 en curso, la suma de RD$525, 825, 697,841.54 del Patrimonio del Sistema Dominicano de Pensiones. Es decir, más de 525 mil 825 millones de pesos”.

El que reparte y reparte

Precisé que no se trata de beneficios, sino de flujo de capitales que provienen del sistema de  pensiones. Por eso cabe aplicar ahí el dicho: “El que reparte y reparte, se queda con la mayor parte”.

¿Y qué nos dicen esas cifras? Nos señalan que “el cerón está cargado de un solo lado en demasía”. De ese volumen de recursos, a los trabajadores apenas llegan pensiones pírricas, insuficientes. ¿Y eso qué augura? ¿Qué presagia esta situación de lo que ocurrirá más tarde o más temprano? Que si no se cambia el rumbo, nos vendrán graves problemas sociales”.

El bienestar humano, la calidad de vida y el estado de salud de la población de envejecientes, que son millones de dominicanos, está en picada y avanza hacia una situación de miseria. ¿Eso se puede prevenir? Creemos que sí, pero eso es si hay una buena voluntad política en los entes gobernantes (Estado, empresarios, grupos financieros y económicos, etc.) y estos se inclinan a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pensionados. La situación se puede aparejar.

Urge aumentar sueldo

¡Albricia!, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP)   acaba de realizar un estudio atinado, acucioso, objetivo y enjundioso sobre la triste realidad de las pensiones en el país. “El estudio de las Pensiones Otorgadas por el Sistema de Reparto Estatal y Límite Máximo de Pensión (2019-2024)” resalta, saca a relucir primero que nada, “la inequidad en la distribución de las pensiones”.

La investigación, encabezada y divulgada por el experto, licenciado Luis Edo. Holguín-Veras Martínez, se realiza a partir del axioma  que apunta a que: “Los servidores públicos esperan que sus derechos sean respetados para disfrutar de una jubilación digna y justa”.

En sus conclusiones, la investigación de Holguín-Veras Martínez sostiene como mal principal la inequidad en la distribución de las pensiones. Precisa, asimismo, que “es factible de la corrección de la forma de calcular el Límite Máximo de Pensión”.

El estudio destaca igualmente la “desigualdad significativa de los montos de pensión” y plantea la “urgente necesidad de aumentar el sueldo mínimo del sector público”.

jpm-am