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Guatemala.- Guatemala y México, dos países que comparten una frontera terrestre de más de 960 kilómetros, acordaron hoy seguir trabajando en la modernización de la infraestructura en el área para agilizar el paso de migrantes de una forma segura y humana y así facilitar también el intercambio comercial.
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SANTIAGO.- Una sargento mayor músico, perteneciente al Ejército de República Dominicana, mejoró notablemente sus condiciones de vida junto a los miembros de su familia, al recibir una vivienda en sta ciudad, según destacó la institución castrense en una nota de prensa.
La beneficiada con la casa es la sargento mayor Ángela K. Navarro Meléndez, quien presta servicios en la 2da. Brigada de Infantería.
La casa ubicada en la carretera Los Pérez, número 52 del sector Canabacoa, en Matanzas, está dotada de tres habitaciones, galería, sala, cocina, comedor, baño, piso en cerámica techada en zinc y levantada en concreto.
La sargento Mayor Navarro Meléndez agradeció el gesto de la superioridad, de tomar en cuenta su petición y hacer realidad el sueño de ella y sus hijos, de vivir en una casa confortable y segura.
Con la entrega de la vivienda la Comandancia General del ERD busca mejorar las condiciones de vida de los soldados y sus familiares
of-am
SANTO DOMINGO (Licey.com).- El empresario Jaime Alsina preside desde este martes, para el período 2017-2019, a la más antigua entidad deportiva y del béisbol invernal de la República Dominicana, el Club Atlético Licey, resultado de la asamblea eleccionaria realizada en el local de la entidad, ubicado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
Alsina asume como presidente número 18 del Glorioso conjunto azul –luego de fungir como vocal en varios tramos y tesorero saliente- al encabezar la única plancha presentada en la asamblea ordinaria de 2017 y recibió el voto unánime de los presentes y socios que se hicieron representar, de una cuantía de 250.
Completan la junta ejecutiva Tancredo Aybar Torres, vicepresidente; Federico González Santoni, tesorero; Domingo Ernesto Pichardo Peña, secretario (repite); como directores, los pasados presidentes, Miguel Ángel Fernández y Miguel Guerra Armenteros, el vicepresidente saliente, Ricardo Ravelo Jana, y Rafael Antonio Úbeda Heded. Todos estuvieron presentes y juramentados.
“Juntos todos, trabajaremos para brindarles el mejor espectáculo a la mejor y más exigente fanaticada del país, que es donde realmente radica la fortaleza de nuestro equipo y así lograremos lanzar de nuevo al aire nuestro grito de guerra, ¡Licey campeón!”, proclamó el nuevo mentor de la directiva, una vez juramentado por el expresidente, José Manuel Fernández.
Alsina se convierte con su padre, el fenecido Manuel Alsina Puello (1957-1958), como la segunda pareja de padre-hijo que preside al glorioso y más famoso club del béisbol caribeño. Su padre fue el tercer presidente del equipo, tras la irrupción del béisbol profesional en el verano de 1951.
Alsina sucede en la presidencia a Miguel Ángel Fernández, quien con su padre, José Manuel Fernández (1995-1997), formó la primera pareja de padre-hijo en presidir al Licey y quien en la asamblea presentó el informe correspondiente a sus dos años (2015-2017) al frente del conjunto.
En el mismo resaltó la obtención de la corona 22 por los Tigres en la campaña recién pasada y subcampeonato en su primera, la consolidación de relaciones con más de media docena de equipos de Grandes Ligas, haber sido el equipo más exitoso en victorias acumuladas durante los dos años que los presidió, respecto a los restantes cinco que conforman la Liga Dominicana, así como un esfuerzo extra en el apoyo a los distintos programas sociales que realiza el Licey durante cada año a beneficio de sectores de los más necesitados de la sociedad dominicana.
of-am
Santo Domingo, 6 jun (EFE).- El Ministerio Público reiteró este martes que los 14 imputados hasta el momento por su presunta participación en los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht, aparecen con menciones específicas en los papeles y datos recibidos de la constructora brasileña y las autoridades de Brasil.
En ese sentido, destacó que estos indicios son serios y graves, por lo que ameritaban una investigación a fondo y la correspondiente solicitud de medidas de coerción, tal como se ha hecho.
La audiencia se sigue a los supuestos implicados Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos de Moya, Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
Declaraciones bajo juramento de ejecutivos Odebrecht
Un comunicado de la Procuraduría aseguró que los fiscales actuantes indicaron que sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
Mediante un comunicado, el organismo explicó que todos esos documentos, obtenidos gracias al Acuerdo de Colaboración con la Investigación firmado con la multinacional brasileña, junto a otros recabados durante las pesquisas locales, se encuentran depositados en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia.
Este organismo es al que pertenece el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, quien este martes preside la audiencia para decidir sobre la solicitud de medidas de coerción presentada en contra de los encartados.
Procurador «actuó de forma responsable»
La información puntualizó que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, actuó de forma responsable al poner a disposición de la justicia a los mencionados con referencias específicas en esos documentos, indicando que por eso, durante su alocución del pasado lunes 29 de mayo, el magistrado dijo que «están todos los que son y son todos los que están», en clara alusión a los papeles de Brasil, sin descartar otros posibles imputados.
El Ministerio Público señaló que en lo adelante le corresponde seguir con su papel de órgano persecutor del crimen, profundizando la investigación y probando en un juicio de fondo la culpabilidad de cada uno de estos 14 imputados hasta ahora, quienes deberán demostrar ante los tribunales su presunta inocencia de las referencias específicas de sus nombres en los documentos aportados por Odebrecht y las autoridades de Brasil, así como también, en los hallazgos detectados durante las pesquisas realizadas en el país.
Además, que ahora le toca a la justicia dominicana cumplir su rol, garantizando que ninguno de esos 14 implicados pueda sustraerse del proceso judicial, ni que estando en libertad puedan ser una amenaza para la continuación de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República.
No se ha cerrado la investigación
El organismo recalcó que no se ha cerrado la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, y que por el contrario, la misma apenas inicia bajo el amparo judicial, por lo que continuarán sin descanso con dicho proceso, para determinar si otras personas también están implicadas en estos ilícitos, así como también si existen otros delitos.
En tal sentido, el Ministerio Público señaló que, tal como se ha hecho hasta ahora, cualquier persona que resulte implicada durante la continuación de estas pesquisas será sometida a la justicia sin importar de quien se trate, el cargo que haya ocupado o que ocupe, ni el partido político al cual pertenezca.
Durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción, celebrada este martes en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, y la procuradora adjunta Carmen Díaz Amézquita.
Asimismo, los procuradores de cortes de apelación, Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña, y Wilson Manuel Camacho Peralta, y los fiscales Milciades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez, Luis Alberto González Reyes, y Wagner Cubilete García.EFE
Santo Domingo, 6 jun (EFE).- El Ministerio Público (MP) concluyó hoy su intervención en la audiencia para conocer las medidas de coerción a los imputados por el caso de los sobornos que Odebrecht aseguró pagó en el país entre 2001 y 2014, y reiteró su solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los implicados.
Asimismo, pidió que el caso sea declarado complejo, una acción que, según dijo el pasado lunes el procurador general, Jean Alaín Rodríguez, «permitirá tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones».
Los fiscales pidieron hoy al juez Francisco Ortega que los imputados, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sean enviados a la cárcel de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Igual medida pidieron para el diputado Alfredo Pacheco, del PRM, sin embargo, solicitaron que Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó el dinero, cumpla la medida en la penitenciaria de La Victoria.
El MP justificó la prisión preventiva contra el grupo alegando que los imputados podrían darse a la fuga, debido a la gravedad de los hechos presuntamente cometidos.
«Error mecanográfico»
Por otro lado, los fiscales aclararon que se debió «a un error mecanográfico» la adjudicación, por parte de la Procuraduría General, de un deposito bancario de 100 millones de pesos al exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez.
En depósito, en realidad, era de 1 millón de pesos, tal y como habían asegurado estos días los defensores de Rodríguez.
El juez dispuso un receso hasta las 2 de la tarde cuando los abogados de los imputados empezarán a presentar sus alegatos.
Ortega reanudó hoy la audiencia tras aplazarla dos veces la semana pasada para que los abogados de los implicados pudieran acceder a las copias del expediente acusatorio.
La audiencia se celebra en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hasta donde los 10 detenidos fueron trasladados, bajo estrictas medidas de seguridad, desde el Palacio de Justicia, en el centro de la capital, donde están recluidos desde el pasado 29 de mayo.
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco están imputados pero no han sido detenidos a la espera de que sus respectivas Cámaras decidan sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria.
Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido hasta este momento.
Al grupo, que ha negado, por separado, vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. EFE
mf/mmv
El Procurador General sometió a 14 personas por el delito de soborno – sólo en algunos imputados procede lavado – en el caso Odebrecht; eso en enero, habría bastado para asegurar la reelección del Presidente Medina, ahora, es todo lo contrario, la gente ha quedado insatisfecha.
El primer error fue informar que en esa lista estaban “estaban todos los que son y son todos los que están”, pues eso cerraba el caso a enjuiciamientos adicionales del resto de los mencionados en el exterior, que pudieren resultar implicados en el curso de los 18 meses que se solicitan para como medidas de coerción para un caso, obviamente complejo en que no se incluyó la sobrevaloración de las obras, el otro delito más evidente.
Entre los imputados, que aún se benefician de la presunción de inocencia, hay cuatro con jurisdicción privilegiada, tres legisladores y un ministro, a ellos, por una disposición de la Constitución, les corresponde ser juzgados por la Suprema Corte de Justicia, empero el resto debió ser remitido a la jurisdicción ordinaria en donde está su juez natural y se les garantiza el doble grado de jurisdicción, tal y como se hizo en Brasil. Allí los ciudadanos han sido juzgados en Curitia, los legisladores, gobernadores y otros, en el tribunal federal y los delitos electorales, en el Tribunal Superior Electoral.
Igualmente ha llamado la atención que no se haya remitido el caso a ninguno de los jueces de la Sala Penal de la SCJ, sino a un magistrado de la Sala Laboral, Contenciosa Administrativa y de Tierras.
Más notorio es que se destituyera a Diandino Peña, por denuncias en un programa de televisión y, caso nunca visto, mantienen en prisión a un Ministro, sometido por el mismo Gobierno, a quien éste, no destituye: todo para mantenerlo en la jurisdicción de la SCJ de la que, aparentemente, se tiene mejor control que de la jurisdicción ordinaria.
La acusación de la Procuraduría que es una institución de persecución criminal limitada a los hechos cometidos en el plazo que la ley concede a la persecución penal, que es de diez años, intenta diluir el veneno de los sobornos en todo el sistema político, incluyendo acciones eventualmente prescritas, que imputa a Andrés Bautista, Rodríguez y Pacheco.
Por otra parte, el Procurador anunció hace poco que el Acuerdo con Odebrecht permitía enjuiciar a sus funcionarios, nacionales y extranjeros, ahora sostiene que estos no serán juzgados en el país porque cumplen condena en Brasil y se aplica el Nom Bis In Idem, previsión constitucional que no permite que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito: en este aspecto se deben considerar dos cuestiones básicas, una que eso no es cierto, Brasil juzgo los delitos cometidos allá en contra de su erario y de sus leyes, no los crímenes cometidos en República Dominicana en contra del dinero público dominicano; la segunda, más importante todavía, es que si no son sometidos y juzgados acá, los documentos aportados por la Fiscalía brasileña serán poco útiles como pruebas porque en materia penal es vital la contradicción y, sin esos testigos, en el juicio, el expediente, se caerá para la mayoría: La Fiscalía tendría un solo testigo, hostil además, que si bien admite los fondos, niega haberlos utilizado para sobornos: Ángel Rondón.
En medio de todas las preguntas que se hacen los ciudadanos surgen otros temas omitidos en el expediente acusatorio: Por un lado, el Ministro Montas escribe una carta en que admite haber recibido dinero para las últimas campañas del PLD, hecho ya identificado por el Departamento de Justicia norteamericano en diciembre y por el otro, informa quiénes firmaron los contratos con Odebrecht, lo que amplía la lista de investigables, menciona al actual Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien renegoció todos los contratos vigentes suscritos por Díaz Rúa e introduce a la empresa con el Presidente Medina, quien en principio, no le gustaba.
Rondón, por otra parte, ante la mención de su hija, firmante de decena de millones de dólares en sus cuentas offshore y locales, dejada fuera de la acusación, llama a un programa en donde le defienden u omiten mencionarlo y amenaza claramente al Gobierno si le desconsideran, “a su familia”, confirma, confesando, que hubo dinero para Punta Catalina: USD$ 110 millones, adicionales a los USD$ 92 de los sobornos previamente informados por los norteamericanos que solo investigaron hasta el 2014.
La gente espera que a todos los acusados y, a los imputables que faltan, cuyos crímenes no han prescrito, se les dicten medidas de coerción – no tan extrema como 18 meses de prisión, que es una condena previa – en centros del sistema penitenciario, excepto a Radhames Segura, que está enfermo de cáncer y, desde luego, ninguna medida de prisión domiciliaria en un apartamento de RD$ 300 millones en Torre Caney, comprado con dinero del soborno y menos todavía garantía económica, porque si bien todos tienen arraigo, tienen más dinero fuera del país que el declarado aquí y a José Michelen todavía lo estamos esperando.
El expediente entero está mal instrumentado – por impericia o intencionalmente – y, se caerá para la mayoría, pero, como habrá un plazo para completar las indagatorias, esperamos que se corrija para que la gente pueda creer en la justicia y no trillemos el triste camino de Venezuela.
Hoy veremos que decide el Juez sobre las medidas de coerción solicitadas.
LINK:
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Santo Domingo, 6 jun .- La Policía Nacional anunció hoy la detención de un hombre acusado de matar a un hijastro suyo de 7 meses en un hecho ocurrido en el sector Villa Linda, en Pantoja.
El detenido es Luis Alberto Ortiz Concepción, de 18 años, mientras que el menor fue identificado como Braniel Estarlín Martínez Lara, según un comunicado de la Policía Nacional.
Según la madre de la víctima, de 16 años, Ortiz Concepción aprovechó que ella había salido al colmado para cometer el crimen.
Asimismo, aseguró que éste acostumbraba a maltratar a niño y que, supuestamente, la amenazaba de muerte para que no revelara lo que ocurría.
De acuerdo con la Policía, el niño presentaba golpes en la cabeza, piernas y otras partes del cuerpo y falleció mientras era traslado a un centro salud.
El apresado se encuentra bajo control del Ministerio Público para ser sometido a la Justicia.EFE
mf/mmv
SANTO DOMINGO.- El 40% de las adolescentes dominicanas ha tenido una unión conyugal antes de los 18 años y un 10% la tuvo antes de los 15 años, según un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La organización internacional Save The Children publicó en 2016 que el 37% de las mujeres con edades entre 20-24 años se casó antes de tener 18 años.
Otro dato establece que un 37% de las dominicanas en edades entre los 20 y 49 años se casó o ingresó a una relación de unión libre, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2014), preparada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Esa última fuente pone en 12.5% a las mujeres del mismo rango de edad que se casaron antes de los 15 años.
La encuesta de la ONE determinó también que una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años está actualmente casada con un hombre 10 años mayor.
Las regiones con el mayor porcentaje de mujeres casadas o unidas antes de los 15 años son El Valle (18.5%) y Enriquillo (18.2%), llegando hasta 47% y 48.6% antes de cumplir los 18 años, conforme una publicación del Listín Diario.
En Latinoamérica y el Caribe el 25% de las mujeres entre 20 y 24 años tuvo una unión conyugal antes de los 18 años y el 3.4% de las adolescentes entre 15 y 19 años tuvo su primera unión conyugal antes de cumplir los 15, conforme un estudio de Unicef de 2015.
El Congreso de la República Dominicana discute la eliminación de la permisividad del matrimonio con menores de edad, una disposición permitida en el actual Código Civil siempre que los varones pasen de 16 años, las niñas de 15 años, y tengan una autorización de sus padres.
La eliminación del matrimonio infantil ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora la posibilidad de erradicar definitivamente de la legislación dominicana los casamientos con niños queda en manos del Senado, que tiene a su a cargo el estudio, ponderación y decisión sobre la iniciativa.
NUEVA YORK. – Un acaudalado empresario, propietario de más de 140 edificios de apartamentos de Manhattan, se declaró culpable ante una jueza de Manhattan de refinanciar fraudulentamente préstamos y evadir impuestos, como parte de un plan para expulsar de sus unidades a inquilinos de renta estabilizada, informó este martes el fiscal general Eric T. Schneiderman.
Se trata de Steven Croman, quien hizo la declaración de culpabilidad ante la jueza de la Corte Suprema del Estado, Jill Konviser, por lo que podría ser sentenciado a un año de prisión en la cárcel de la Isla Rikers y a pagar 5 millones de dólares como parte de un acuerdo de impuestos. La condena le será dictada el 19 de septiembre del 2017.
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SANTO DOMINGO, República Domincana.- El senador de San Cristóbal por el PLD, Tommy Galán, declaró que las acusaciones en su contra contenidas en el expediente de Odebrecht son «un agravio a la moral y la honestidad» suyas, y advirtió se defenderá «hasta las últimas consecuencias».
En un comunicado cuya copia remitió a ALMOMENTO.NET, indicó que estas imputaciones carecen de fundamentos legales y probatorios, y constituyen una afrenta para él, su familia y para el pueblo de San Cristóbal.
El texto de su comunicado es el siguiente:
«AL PUEBLO DOMINICANO
Después de haber leído detenidamente el expediente acusatorio en mi contra de la Procuraduría General de la República, aseguro que la vinculación al caso de soborno de Odebrecht no es sustentable en el derecho, por las falsedades y manipulaciones de cifras y datos que se presentan en el expediente.
Comunico a los dominicanos que mi defensa la asumiré bajo el principio de la seguridad de absolución total de cargos, por mí plena y absoluta inocencia de los hechos mencionados.
Voy a demostrar todas y cada una de las falsedades, manipulaciones, tergiversaciones maliciosas contenidas en el acta de acusación del ministerio público en mi contra.
Fui de los primeros en presentarme ante el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, aún teniendo inmunidad parlamentaria y sin ser citados, convencido de mi inocencia.
Las acusaciones en el expediente de Odebrecht es un agravio a la moral y la honestidad al que he sido objeto, lo que compromete gravemente mi figura pública y personal, «la que defenderé hasta las últimas consecuencias y por eso pido que se profundice hasta mi desagravio»
Soy el primero y el más interesado en defender mi honor y esta acusación sin fundamentos legales ni probatorios es una afrenta para mí, mi familia, mi pueblo San Cristóbal, a quienes demostraré con valentía y decisión que son falsas las imputaciones.
Agradezco la solidaridad de la clase política, a las instituciones de la sociedad y a las personas humildes de San Cristóbal que han expresado su apoyo y han ofrecido testimonio de mi honorabilidad y mi hoja de servicio en bien de la sociedad.
Reitero que no he recibido sobornos de la multinacional empresa de la construcción brasileña Odebrecht ni de personas físicas ni de ninguna otra institución durante el ejercicio congreso.
Como funcionario público y como congresista siempre he hecho declaraciones jurada de bienes para la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, años tras años, la última el pasado 16 de agosto del 2016, a la vista del Ministerio Público y el pueblo dominicano interesado en conocer la verdad.
Convencido de que quien no la hace, no la paga, asistiré a cualquier escenario a defender mi honor y demostrar mi inocencia, con o sin inmunidad parlamentaria, “porque la verdad es como el corcho que siempre sale a flote».
El Ministerio Público puede accesar a la información que detalla la naturaleza de mis bienes que conforman mi patrimonio económico, a sí como las cuentas bancarias en las que se encuentran depositados en la Cámara de Cuentas y en el Congreso.
Tommy Galán
Senador de la República
Representante del PLD por San Cristóbal.
6 junio 2017″
