El 22 de diciembre del 1990, bajo la firma de la periodista Carmen Carvajal, salió en la sección Económicas del Listín Diario la reseña de una entrevista que  ésta nos hiciera sobre la situación de los Bienes Raíces en la República Dominicana.

Para ese tiempo, me desempeñaba como Vice-Presidente de Negocios del Grupo Central de Créditos y, como esa empresa llevaba más de 30 años como la principal compañía de Bienes Raíces del país, éramos nosotros los más autorizados para tratar todo lo relativo al sector.

En dicha entrevista yo expresaba, entre otras cosas, que los créditos a largo desaparecerían del país, asegurando que las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los Bancos Hipotecarios se verían obligados a solo dar financiamientos a plazos de seis a siete meses.

La razón de esa afirmación era muy obvia. En ese instante nuestro país estaba sometido a un fuerte proceso inflacionario que hacía insostenible un crédito a mediano o largo plazo y las tasas de intereses, por más altas que fueran, no representaban una oportunidad de negocio para las instituciones financieras del sector.

Estos elementos hacían casi imposible que los constructores de viviendas se atrevieran a iniciar nuevos proyectos, pues no disponían de los capitales necesarios para el desarrollo de las obras y prácticamente había desaparecido el llamado Préstamo Interino, un financiamiento a corto plazo que las asociaciones otorgaban al Promotor y que pasaba a ser a largo plazo en las manos del comprador final de la propiedad.

Para la Clase Media y Media Baja, era prácticamente imposible adquirir una casa o apartamento, siendo este un privilegio exclusivo de los más adinerados los cuales, en ese momento de nuestra historia, preferían hacer grandes inversiones en la compra de dólares, con lo cual ayudaban a aumentar la inflación y a encarecer el costo de la vivienda.

Esto sucedía, a pesar de que siempre la mejor inversión la representan las propiedades inmobiliarias debido a que, con muy raras excepciones, con el paso del tiempo, los bienes raíces aumentan su valor, lo que no pasa con el dólar, el cual puede depreciarse y perder su poder adquisitivo, como consecuencia de numerosos factores políticos y económicos que le pueden afectar.

El gran constructor de aquellos tiempos era el Estado, el cual, con su política de varilla y cemento, se convertía a su vez en un fuerte competidor del sector privado que veía constreñidas sus posibilidades de adquirir el cemento y la varilla a precios asequibles para sus obras, ya que el Gobierno usaba casi la totalidad de la producción nacional y, era demasiado costoso traerlos del extranjero.

Como si fuera un vidente, profeta o futurólogo y pudiese predecir el futuro, hace unas tres décadas, yo sugería que el Estado debía incentivar la industria privada de la construcción, dejando de ser su competencia y uniéndose a la misma, ya fuese mediante la inyección de recursos frescos y de bajos costos al sector financiero especializado del área, a través de la liberación de impuestos a los materiales de construcción, mediante el otorgamiento de los terrenos para el desarrollo de las infraestructuras habitacionales y, hasta llegué a proponer la creación de una Secretaría de la Vivienda.

Con el paso de los años y como resultado de un mejor manejo de la economía nacional por parte de los gobiernos que nos han precedido, las cosas empezaron a mejorar y de nuevo se fueron creando las condiciones para que lo relacionado a los bienes raíces fuera más fácil  para todos.

La realidad está a la vista de los que transitamos por las calles, avenidas y carreteras de la República Dominicana.

Las ciudades como el Gran Santo Domingo y Santiago, por solo citar dos ejemplos, hoy son metrópolis llenas de edificios de todos los tamaños, con apartamentos de los más variados precios que pueden ser adquiridos por cualquier persona con ciertas posibilidades económicas o por el más exigente de los millonarios locales o extranjeros.

Asimismo se pueden encontrar innumerables casas individuales y condominios en toda la geografía nacional que complacen las exigencias y posibilidades de todos los gustos de sus compradores.

El cambio radical que ha tenido nuestro país y que ha contribuido a un desarrollo sostenible y en crecimiento del sector de la construcción, se ha debido, en primer lugar a la estabilidad micro y macroeconómica que han logrado nuestros gobiernos, sobre todo en las últimas dos décadas y, precisamente a lo que decíamos hace unos 27 años,  sobre lo que actualmente es una realidad, en lo referente a la necesidad de una participación mancomunada, Gobierno-Sector Privado, que ayudara a todos a perseguir un mismo objetivo.

Hoy, todo el que tiene un trabajo aceptable puede acceder a comprar una vivienda directamente proporcional a sus posibilidades.