BERLIN (EFE).- Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

El informe «Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe» destaca además, tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

«La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel», resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %).

Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %), Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la «experiencia personal» de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe así.

De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.

No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.

El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén «siendo defraudados» por «sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado».

«El caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables», argumentó.

Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como «todos o casi todos corruptos» por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).

Destaca también que en Venezuela el 73 % de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el 56 % de los encuestados que acudieron a la justicia manifestaron que habían pagado un soborno.

Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.

TI considera que la «medida más importante» contra la pequeña corrupción es dar una información «completa sobre derechos y costos de los trámites», explica Salas.

Es clave además mejorar la «protección al denunciante», un ámbito en el que «en América Latina estamos en pañales»: «Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo».

SALCEDO, República Dominicana.- El oncólogo que atendió al recluso (hoy prófugo) Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) aseguró que éste padecía de cáncer de lengua y que la última vez que lo examinó fue abril de este año.

El doctor César Augusto Núñez Rojas dijo mediante documento colgado en las redes sociales que no tiene nada que ver con la fuga de Qurinito, más allá de la asistencia médica.

“En mi condición de oncólogo médico es mi deber hacer las siguientes aclaraciones: todo paciente que acude a mi consultorio privado en Santiago, sin importar su condición económica ni social, es mi deber y costumbre asistirlo, orientarlo, y el señor Pedro Alejandro Castillo Paniagua no era la excepción», aclaró el galeno.

Agregó que «se ha querido torcer y tergiversar los hechos, pero en el caso, desde el punto de vista médico, en lo que a mi concierne, se cumplió con un protocolo para determinar la real condición de ese paciente».

«Un diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico que se saca cual si fuera magia o sacar un as debajo de la manga, es el resultado de un diagnóstico histopatológico que te lo da un patólogo luego de tomar una muestra de tejido”, indicó.

Añadió que “después de un sin número de procedimientos, el señor Castillo Paniagua llegó a mi consulta enviado por la Procuraduría de la Corte y director del nuevo modelo penitenciario, desde San Francisco de Macorís, a las 9: 46 de la mañana del miércoles 11 de enero del 2017, acompañado de su esposa, Jennifer Domínguez, y un nutrido cuerpo de seguridad».

«Luego de la historia clínica y evaluación física, se indicaron estudios que tiempo después arrojó como resultado que éste paciente padecía un carcinoma epidermoide de lengua etapa clínica IIIB», informó.

Explicó que «esos resultados histopatológicos están en los archivos de Patología del Laboratorio ¨LAPCI¨`, que opera en la clínica donde tengo mi consultorio, por los que los interesados, incluyendo la Procuraduría, pueden acceder a ellos».

Indicó que para el tratamiento fueron programados seis ciclos de quimioterapia, «a razón de una por semana, iniciándose la primera el 31 de marzo 2017, y citándose para el día 07 de abril 2017 para continuar con el tratamiento, pero no fue posible traerlo ese día por razones que desconozco, sino el 12 de abril».

«De inmediato, se le aplicó su segundo ciclo y ese mismo día fue remitido al Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, por lo que días después nos enteramos que fuimos excluido del caso porque el Procurador solicitó que el paciente sea evaluado en el Instituto Oncológico de San Francisco de Macorís», subrayó.

Recordó que la jueza Aleida de Jesús Acosta ordenó que el paciente no volviera más a Santiago a consulta privada, ya que, por su condición de interno, debía ser visto, seguido y tratado por los médicos del INACIF y el personal de salud del Instituto Oncológico del Nordeste.

Dijo que todas las visitas y tratamientos que le hizo al recluso están documentadas y en manos de las autoridades.
Indicó que meses después de la última vez que examinó a Quirinito (en septiembre 2017), se enteró a través de la prensa que éste había fallecido.