Washington, 5 dic.- Organizaciones no gubernamentales de Honduras, como COFADEH, denunciaron hoy un total de 13 muertos y 115 heridos en el contexto de las protestas callejeras por las sospechas de fraude en el recuento de las elecciones presidenciales.

Así lo explicó hoy en rueda de prensa Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien aprovechó para hacer un claro llamamiento a EEUU.

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SANTO DOMINGO.- Imponer a los partidos que realicen primarias abiertas y de manera simultánea es inconstitucional y sería un atropello institucional, afirmó el expresidente Leonel Fernández.

Agregó que el debate que se ha generado en el país sobre ese tema carece de sentido, debido a que ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto en el año 2005.

Advirtió que «desconocer lo consignado en el artículo 277 de la Constitución, en lo referente a la Ley de Partidos Políticos, destaparía una caja de pandora, en la que todos los casos judiciales que anteriormente habían adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada podrían ser nuevamente conocidos por ante las distintas instituciones jurisdiccionales».

«Además, se pondría en peligro la seguridad jurídica del país, se vulneraría el clima de negocios y el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado como principio constitucional en el ordenamiento jurídico nacional», expresó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el “Observatorio Global” que publica quincenalmente en un periódico de circulación nacional.

A continuación, el artículo íntegro:

«En los artículos 36 y 37 del Proyecto de Ley de Partidos Políticos reintroducido por la Junta Central Electoral a las Cámaras Legislativas en febrero de este año, se sostiene que es competencia de los partidos y agrupaciones políticas reglamentar las primarias internas a celebrarse en fecha determinada por el organismo competente del mismo partido o agrupación política.

Más aún, se indica que “es responsabilidad de los partidos y agrupaciones políticas decidir la modalidad de la organización de las primarias…” En el proyecto de la Junta Central Electoral no se le señala a los partidos políticos que las elecciones primarias internas deben ser abiertas, con el padrón del organismo electoral, o cerradas con el registro de los miembros afiliados de la organización política.

En otras palabras, de conformidad con el proyecto del órgano electoral, cada partido dispone de la libertad de escoger el mecanismo que estime más conveniente a sus objetivos partidistas.

Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.

Al concebir la Constitución de la República que los partidos políticos son organizaciones libres, así como de que disponen de “una libertad democrática interna”, resultaría incompatible con la propia Carta Magna el que se imponga, mediante una ley, una limitación al ejercicio pleno de esa libertad instituida por el texto constitucional.

Una ley inconstitucional Como puede observarse, el propósito de establecer una ley de elecciones primarias simultáneas, utilizando el padrón universal de la Junta Central Electoral, no es nada nuevo en la República Dominicana.

Ya se había intentado 13 años atrás mediante la aprobación de la ley a que hemos hecho referencia.

En virtud de una Acción Directa de Inconstitucionalidad incoada por la Fundación Derecho y Democracia, interpuesta por el hoy presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, nuestro más alto tribunal de justicia consideró los siguientes argumentos: a) Que el artículo 104 de la Constitución de la República del año 2002 indica que “es libre la organización de partidos y organizaciones políticas de acuerdo con la ley”…; y que “esa disposición consagratoria de la libertad de organización de partidos y organizaciones políticas, es refrendada, a su vez, por la libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales y de cualquier otra índole”.

b) “Que tales disposiciones constitucionales no solo consagran el principio genérico de libertad de asociación en materia política, sino que el procedimiento escogido por ellas para el control de la función electoral es el meramente exterior, que se caracteriza por la no intervención del Estado en el ámbito del derecho de asociación política de los ciudadanos, el cual conserva su naturaleza privada originaria, pues la actividad efectuada por ellos (los partidos) si bien se enmarca en el ejercicio de la función pública, por ser parte de la función electoral, no por ello adquiere la categoría de función estatal”.

c) Que si bien es cierto que algunos Estados (Argentina, Chile y Uruguay) han incluido en su ordenamiento jurídico el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto con participación de todos los electores para la selección de las candidaturas y las agrupaciones políticas, convocadas y controladas por las autoridades estatales, como el que favorecía en nuestro país la Ley 286-04, no es menos cierto que dicho sistema ha venido siendo sustituido por el “sistema tradicional que permite escoger al elector los candidatos del partido al que pertenece mediante el voto de la mayoría emitido en convenciones separadas celebradas por cada partido y, además, por estimarse que el primero facilitaba combinaciones antidemocráticas en perjuicio de los más idóneos candidatos”.

En sus considerandos, la Suprema Corte de Justicia hizo otras ponderaciones que consideró de carácter inconstitucional en la ley objeto de impugnación, relacionadas con la Convocatoria de Asambleas Electorales para fines distintos a los indicados en las disposiciones jurisprudenciales, así como la nueva indicación de la fuente de donde provendrían los recursos para solventar las necesidades que se crearían con su puesta en ejecución.

Fue por todo eso que nuestro máximo intérprete constitucional de la época decidió declarar no conforme con la Constitución la ley que procuraba establecer un sistema de elecciones primarias simultáneas, mediante el voto universal directo y secreto.

Una discusión sin sentido

Si como acaba de comprobarse, nuestra Suprema Corte de Justicia decidió declarar como inconstitucional la celebración, por parte de los partidos políticos, de elecciones primarias, simultáneas y abiertas, ¿por qué razón ahora se insiste de nuevo en introducirlas en el proyecto de Ley de Partidos? Por una razón sencilla. Porque se pretende desconocer lo estipulado en el artículo 277 de la Constitución de 2010, el cual reza de la siguiente manera: “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional”.

Al interpretar lo consignado en nuestra Carta Magna, algunos han considerado que lo que el artículo 277 quiere decir es que la sentencia dictada con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada no puede dar lugar a un proceso de revisión judicial; pero si a la introducción de una nueva pieza legislativa a los mismos fines o propósitos.

Eso, sin embargo, tampoco es así. El artículo 184 de nuestra Ley Sustantiva consagra el precedente vinculante para todas las decisiones del Tribunal Constitucional que tengan carácter de definitivas e irrevocables; y el artículo 6 del mismo texto constitucional estipula que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Eso significa que el mero hecho de intentar introducir un proyecto de ley a los mismos fines del que ya fue declarado nulo por inconstitucional, devendría también nulo de pleno derecho.

Así lo consagró el Tribunal Constitucional en su sentencia número 84 del año 2013, en el que estableció que los precedentes constitucionales “constituyen fuente directa de derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos, dentro de los que se encuentra la Cámara de Diputados, órgano que integra el Poder Legislativo”.

En sintonía con lo previamente establecido, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños Guzmán ha sostenido que “el efecto del artículo 277 de la Constitución impide que asuntos que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada previo a la promulgación de la Constitución de 2010 puedan ser conocidos por el Tribunal Constitucional; en consecuencia, este tema se encuentra precluido y eso es algo que debe tomar en cuenta el Congreso Nacional al momento de conocer el proyecto de ley de partidos políticos”.

Por su lado, el Tribunal Superior Electoral, en su Sentencia 23-2017, del 23 de septiembre de 2017, consideró que son los militantes de los partidos quienes deben elegir sus candidatos durante una convención interna con su propia lista o padrón.

A eso, añadió: “Aceptar lo contrario sería provocar que los partidos políticos se conduzcan en un esquema de vulnerabilidad que desnaturalice los fines y propósitos para los cuales han sido concebidos…”.

Luego de esas contundentes declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral e incontrovertible decisión del Tribunal Superior Electoral, las máximas autoridades en el país en materia electoral, se supone que el debate debió haber concluido.

No ha sido así. Sin embargo, desconocer lo consignado en el artículo 277 en lo referente a la Ley de Partidos Políticos, sería, al mismo tiempo, destapar una caja de Pandora, en la que todos los casos judiciales que anteriormente habían adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada podrían ser nuevamente conocidos por ante las distintas instituciones jurisdiccionales.

Eso, por supuesto, pondría seriamente en peligro la seguridad jurídica del país, el clima de negocios y el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado como principio constitucional en el ordenamiento jurídico nacional.

La imposición a los partidos políticos de un sistema de elecciones primarias abiertas y simultáneas, sería un acto de naturaleza inconstitucional y un atropello institucional».

jt/am

SANTO DOMINGO.- Marcha Verde solicitó al Congreso un juicio político contra el presidente Danilo Medina, por su supuesta vinculación con las «prácticas cuestionadas» de la empresa Odebrecht en República Dominicana.

Para ello entregó este martes un documento a los diputados Fidelio Despradel, Fidel Santana y Fariseos Raúl en el que explican el fundamento de su petición.

Marcha Verde a Medina responsabilidad en la comisión de faltas graves y delitos en el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, Carlos Pimentel, vocero de Marcha Verde, citó la estrecha relación entre Medina y Joa Santana, condenado por corrupción en Brasil, quien fue su jefe de campaña de 2012 y 2016.

Recordó que los también brasileños Fernando Migliacciio y Luiz Eduardo Da Rocha Soares supuestamente confesaron transferencias millonarias de Odebrecht para financiar campañas electorales en la República Dominicana.

Dijo que el PLD recibió dinero a través de las firmas Polis Caribe SRL y “Cine &ART2013”, propiedades del Joao Sanana.

Asimismo, reveló la presencia en el Gobierno y en la dirección del Estado de una “delincuencia política” que, apoyada por Medina, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus representantes en el Congreso.

Denunció también la sobrevaluación de las plantas a carbón Punta Catalina que construye en gobierno en la provincia Peravia.

“Todo indica que esta obra fue significativamente sobrevaluada y que el Presidente se implicó directamente en su adjudicación a Odebrecht. Fue un miembro del propio gobierno y partido que reveló que públicamente que parte de los recursos de este proyecto se utilizaron para comprar legisladores que modificarán la Constitución e introdujeran la reelección en la Constitución”, afirmó.

jt/am

Caracas, 5 dic (EFE).- La oposición venezolana apostó hoy por la «transparencia» frente al país ante la incertidumbre de un proceso de diálogo con el Gobierno que cerró el fin de semana sin resultados en su primera ronda de encuentros y que se retomará el 15 de diciembre con las partes esperanzadas en llegar a un acuerdo.

CARACAS (EFE).- El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro no llegará a ningún acuerdo con la oposición ni convocará a elecciones si no se retiran las sanciones internacionales contra su país.

«Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas canadienses o de otra índole», afirmó.

Rodríguez hizo estas declaraciones después de que el fin de semana se celebrara en República Dominicana la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, que no llegaron a ningún acuerdo y volverán a reunirse el 15 de diciembre con las condiciones en que deben celebrarse las presidenciales de 2018 en el centro del debate.

El ministro, que es también uno de los emisarios del Gobierno en las negociaciones de Santo Domingo, citó asimismo el reconocimiento por parte de la oposición de la Asamblea Nacional Constituyente como una de las demandas oficialistas en las conversaciones.

La Constituyente es un órgano plenipotenciario instaurado por el oficialismo en agosto de este año sin un referendo previo de aprobación, y su legitimidad no es reconocida por buena parte de la comunidad internacional ni por la oposición, que exige su supresión en el diálogo con el Gobierno.

Rodríguez -que se dirigió a la nación en un espacio en la televisión estatal titulado «90 millas con Maduro»- citó también entre las peticiones del Gobierno en las conversaciones la creación de una «comisión de la verdad», que juzgaría la responsabilidad de líderes opositores en los disturbios de las protestas.

ZURICH.- El Comité Olímpico Internacional (COI) por sus siglas en inglés, eliminó a Rusia de la competencia de los juegos 2018 de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur.

El anuncio vino después de una reunión de la junta ejecutiva del COI en Suiza en la que se presentaron acusaciones de que los atletas rusos habrían participado en una campaña de dopaje patrocinada por el estado en los Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi.

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