Santo Domingo, 26 jun (EFE).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana recibió hoy una instancia de la defensa del empresario Ángel Rondón recusando a Francisco Ortega Polanco como juez de instrucción especial en el caso Odebrecht en el país, sumándose así a otros tres encausados que objetaron su designación.

Ortega Polanco hizo llegar al órgano judicial el documento, presentado en la tarde de ayer ante el tribunal por la defensa del imputado, para que decida a este respecto, según confirmaron a Efe fuentes de la SCJ.

Los abogados de Rondón argumentan que el magistrado «tiene comprometida la imparcialidad e independencia en el caso, por lo que está prácticamente impedido de conocer la acusación y dirigir la audiencia preliminar», dado que tiene conocimiento de todas las pruebas del Ministerio Público como sustento de su acusación.

La instancia señala que el hecho de «haber intervenido como juez de la instrucción privilegiada en la etapa preparatoria (…) va a incidir indiscutiblemente en la decisión» que Ortega Polanco «pueda adoptar en la fase intermedia y la dirección de la audiencia preliminar», por lo que solicitan la designación de otro juez.

Ayer, el magistrado aplazó hasta el 6 de julio la audiencia preliminar contra los siete imputados de recibir sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, tras ser recusado por tres de los encausados por los mismos motivos que los expuestos por los abogados de Rondón.

Ortega Polanco tomó la decisión a la espera de que la SCJ decida sobre los recursos presentados por el expresidente del Senado y hasta hace poco presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista; por el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, miembro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y por el abogado Conrado Pittaluga.

En relación con este caso, el Ministerio Público también imputó por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos al senador Tommy Galán, del PLD, al exsenador y miembro del PRM Roberto Rodríguez, y al expresidente del Senado y exsecretario del PRM Jesús Vásquez.

Según el expediente, Odebrecht pagó 92 millones de dólares en sobornos para adjudicarse la construcción de millonarias obras de infraestructuras en el país entre 2001 y 2014, y Rondón habría sido la persona que recibió y distribuyó el dinero.

El año pasado el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, solicitó medidas de coerción contra 14 personas por este caso, pero tras varios meses formulando el expediente acusatorio formal, solo imputó a siete. EFE

«Quiero informarles que el Gobierno de México habrá de presentar un proyecto de resolución en el Consejo Permanente sobre ese gravísimo tema que es la separación de niños y niñas», dijo Videgaray después de reunirse en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Videgaray detalló que la resolución busca ser una «condena formal» a la «cruel, inhumana e injustificada» separación de familias inmigrantes, además de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite los albergues y centros de inmigrantes donde están las familias.

El canciller detalló que México llevará la separación familiar a la sesión ordinaria del Consejo Permanente que ya estaba convocada para el viernes.

El Gobierno de México estará representado en esa sesión por su embajador ante la OEA, Jorge Lomonaco, según detalló Videgaray, que explicó que él no tiene previsto acudir.

El Gobierno de Donald Trump puso en marcha en abril una política fronteriza de «tolerancia cero», que lleva a procesar criminalmente a los adultos que entran irregularmente al país, lo que ha provocado la separación de familias porque los niños no pueden ser privados de libertad durante largos periodos de tiempo.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.

Actualmente, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el Ejecutivo de Trump ha pedido a la Justicia que amplíe ese límite.

Videgaray, que mantendrá hoy reuniones en la Casa Blanca, aseguró que su Gobierno tiene «preguntas» sobre las condiciones en las que los niños serán privados de libertad para que puedan permanecer al lado de sus familiares.

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El alto tribunal falló, así, a favor de la tercera prohibición de viaje promulgada por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen e impone restricciones a los venezolanos y norcoreanos desde el pasado septiembre.

En un principio Chad también estaba en la lista, pero fue excluido posteriormente.

La sentencia, redactada por el juez John Roberts, fue respaldada por la mayoría conservadora del tribunal y salió adelante por 5 votos a favor y 4 en contra.

En ella, se considera que Trump ejerció «legalmente» su poder para «suspender la entrada» de extranjeros al país.

Antes, Trump había impulsado otras dos prohibiciones de viaje.

La primera había sido aprobada en enero de 2017, justo después de su toma de posesión, y abarcaba a siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) durante 90 días y suspendía el programa de admisión de refugiados por 120 días, con excepciones de minorías religiosas.

Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron retenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado, lo que generó un amplio caos en estas instalaciones en todo el país.

Dicha orden fue bloqueada por tribunales federales y el Ejecutivo preparó una segunda versión, tramitada en marzo de ese año, que eliminaba de la lista a Irak y suprimía las excepciones recogidas en el programa de admisión de refugiados, pero los tribunales nacionales se opusieron de nuevo e impidieron su puesta en marcha.

Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.

Las restricciones eran temporales y cuando expiraron, en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, en los que las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su «familia inmediata».

El Supremo permitió en diciembre su implementación de manera temporal.

La inclusión de dos países que no albergan una mayoría musulmana supuso un duro golpe a la argumentación de los demandantes -liderados por Hawái-, que habían apuntado a las declaraciones del magnate sobre la necesidad de implementar un veto contra los musulmanes y señalaban que discriminaba en base a la religión.

El nuevo fallo supone un influjo de combustible para Trump, pero sobre todo un respaldo a sus políticas acompañadas de una extravagante retórica antiinmigración que cimentó las bases de su campaña presidencial de 2016 y que mantiene durante su mandato. 

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Al encuentro asistirán los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, según dijo a los periodistas una fuente de su oficina.

La Casa Blanca indicó inicialmente que los presidentes de los tres países centroamericanos irían a la reunión, pero después aclaró que el salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, no acudiría al encuentro por problemas de salud.

La cita se producirá al término de la gira latinoamericana de tres días que Pence inició hoy en Brasilia y que le llevará este miércoles a Ecuador y el jueves a Guatemala.

El vicepresidente estadounidense estará acompañado en la reunión por la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien es responsable de inmigración y fue objeto de críticas por la separación de niños de sus padres registrada en la frontera estadounidense con México desde abril y hasta la semana pasada.

El presidente, Donald Trump, firmó el pasado miércoles un decreto que ordenaba el fin de la división de las familias, pero estableció que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.

Hasta ahora, las autoridades han reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes, aunque 2.053 menores siguen bajo custodia de las autoridades, según datos publicados el sábado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Muchos de esos menores proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos Gobiernos han condenado la separación de las familias y han criticado la política de «tolerancia cero» hacia la inmigración ilegal, que lleva a procesar criminalmente a los indocumentados y originó el problema de las divisiones familiares.

Durante su visita el jueves a Guatemala, Pence también tiene previsto visitar a algunos de los damnificados por la erupción este mes del volcán de Fuego, que ha causado al menos 112 muertos, casi 200 desaparecidos, más de 50 heridos y casi 2 millones de guatemaltecos damnificados, de los que 3.589 permanecen en albergues.

El Gobierno de Guatemala solicitó este lunes a Estados Unidos el Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus migrantes debido a la catástrofe provocada por la erupción del volcán de Fuego.

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