Sobre los argumentos jurídicos se esgrimen dos aspectos fundamentales: El primero, la irretroactividad de las reformas constitucionales, defendida con vehemencia por nuestro amigo y colega Julio Cury; y el segundo, el que plantea violación de derechos fundamentales de ser elegido el presidente Danilo Medina.

Sobre la primera tesis, se trata de un tema juzgado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC-0224-17, que en ocasión de un recurso de inconstitucionalidad que incoáramos contra la ley que convocara a la Reforma en el 2015 en la que concurrieron otros accionantes, estableció lo siguiente: “12.1.4. En cuanto a la alegada vulneración al principio de irretroactividad, este tribunal concuerda con el criterio tradicional de la Suprema Corte de Justicia “que las normas constitucionales pueden tener efecto retroactivo y alterar o afectar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior” (Sentencia de 1 de septiembre de 1995, B.J. No. 1018). La prohibición de retroactividad establecida en el artículo 110 de la Constitución sólo es aplicable a las reformas legislativas, no así a las constitucionales, pues la voluntad soberana que sustenta la reforma constitucional permite al órgano reformador reconstituir el ordenamiento jurídico -político con un gran margen de libertad. Una vez proclamada, esos cambios podrían extenderse a los actos jurídicos iniciados antes de su vigencia, los cuales podrían quedar afectados por las nuevas previsiones.”

Con relación al segundo aspecto, violación de derechos fundamentales de ser elegido el presidente Danilo Medina, es importante precisar que fue uno de nuestros argumentos para exigir el referéndum aprobatorio de la reforma del 2015.  Como bien apuntara el colega y amigo Eduardo Jorge Prats el pasado viernes en un artículo, nosotros defendimos esa tesis y él y un grupo de juristas constitucionalistas plantearon lo contrario, diciendo que no se violaba ni afectaba ningún derecho fundamental y, por lo tanto, no se necesitaba referéndum aprobatorio.

Como bien explica Eduardo, si se desestimara el argumento de la violación de derechos fundamentales del presidente Medina, se validaría la reforma constitucional del 2015; por argumento contrario, si se planteara que el transitorio viola derechos fundamentales del Presidente, tendríamos un gobierno ilegítimo producto de una reforma constitucional ilegítima, ya que la reforma del ‘15 no se sometió a referéndum precisamente bajo el argumento de que no se violó ningún derecho fundamental.

La realidad es que los dos argumentos por las poderosas razones expuestas no tienen ninguna posibilidad de prosperar en buen derecho.  El presidente Danilo Medina debe desoír los consejos que algunos de sus colaboradores le están dando de emular al presidente Horacio Vásquez en 1930 con la famosa prórroga y la interpretación constitucional.

Es importante que el país sepa que hay planes que se urden en la sombra de mentes siniestras para quitar del cargo de presidente del TC de manera ilegal al Dr. Milton Ray Guevara y llevar a ese vital órgano del Estado a una serie de paniaguados que vayan con el encargo de abrir el camino a una nueva reelección, vía fallo del TC.  Ese camino es el de una tragedia nacional.  Los poderes fácticos y las fuerzas vivas del país tienen que estar muy alertas de este eventual zarpazo al orden constitucional.

Culmino este artículo pidiéndole a Dios que ilumine al presidente Danilo Medina para que no se involucre ni le dé luz verde a lo que sería una aventura sumamente peligrosa, que nadie está en condiciones de predecir sus consecuencias futuras.

La aventura de Horacio Vásquez trajo el golpe militar de Rafael Leonidas Trujillo. Eso no debe olvidarse, ni volver a ocurrir jamás.

Esto afirma Julio en el párrafo segundo, parte in fine de su artículo:¨resulta fácil apreciar, el artículo transitorio en comento, de naturaleza secundaria y accesoria, colide frontalmente con una norma de carácter autónomo y permanente: el art. 39¨. La pregunta es: ¿Dónde queda el Principio de igualdad de norma?

Afirma que ¨el constituyente, por razones políticas o de interés general, puede modificar el texto sustantivo, pero sin atentar contra las cláusulas intangibles¨ .¿Es el artículo 39 de la constitución (derecho fundamental y uno de los Principios Generales del Derecho junto al Derecho a la Libertad),una cláusula de intangibilidad,es decir,que no se toca?

Si el Poder Constituyente es un acto de puro poder, que desaparece tan pronto cumple con su cometido, ¿Puede la misma Constitución ponerle límites al propio Constituyente que la crea?

Que excedería los límites que le fija la misma Carta, cuyo art.73 establece lo siguiente:“Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional” Es decir, ¿Puede la propia Constitución atribuirle una exageración al propio constituyente?

Cury afirma: ¨He expresado y lo reafirmo aquí, que el vigésimo transitorio, lejos de reducirse a la entrada en vigor o derogación del art. 124, quebrantó el derecho de igualdad en su dimensión formal y material¨. Al menos siete jueces de un total de nueve que conforman la Corte Constitucional de Colombia no piensan lo mismo, sino todo lo contrario.

Que la restricción al derecho de elegir y ser elegible a la posición presidencial más allá de dos períodos (dicen los jueces colombianos), contrario a vulnerar el derecho a la igualdad, lo que hace es fortalecerlo, pues ese derecho no es exclusivo de unos pocos, sino de todos.

El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias. Esto ha afirmado la Corte constitucional de Colombia.

Cuando después de haber una prohibición expresa en la constitución (ser presidente solo por dos períodos y nunca jamás),el tratar de extender ese privilegio, si que vulnera el Principio de Igualdad en perjuicio del resto de los ciudadanos.

De hecho, la Corte Constitucional de Colombia, por 7 votos contra 2, falló que una segunda reelección socava principios básicos de la Constitución colombiana del 1991.