A los tontos periodistas del CDP 

Durante muchos años se podían contar con los dedos los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas que habían visto la Ley 10-91, que creó a ese gremio profesional, y mucho menos leído sus artículos 4 y 5 y su famoso transitorio.

Pero, con la crisis electoral en el gremio, ahora muchos de todas categorías, incluyendo analfabetos, dirigentes gremiales, opinadores, académicos, doctores, escritores, periodistas de prestigio e intelectuales han expresado consideraciones sobre la calificación del periodista, las condiciones sobre la afiliación en el CDP y sobre lo que dice el transitorio del artículo 5 de la Ley 10-91.

Dentro de esas opiniones, una minoría ha expuesto algunas absurdas, incluyendo a la expresada por los 4 miembros de la Comisión Electoral que firmaron una desastrosa resolución, de fecha 18 de agosto del presente año, que excluye como candidato a la presidencia del CDP, al señor José Beato, por supuestamente violar los artículos 4 y 5 de la citada Ley, y su transitorio.

Es por eso que me pregunto, que si ese grupo en verdad es tan lego, que priva en no sabe leer y escribir, o se hace más tonto de la cuenta, por razones dogmáticas, intereses grupales o consideraciones personales, entre otras cosas.

Esa gente ignora, que la legislación permite que cualquiera que ejerza el periodismo durante tres años alternos o continuos puede solicitar su ingreso al CDP, e incluso dirigirlo. Olvidan, que por su debilidad, en el 1991 se produjo una división, con la creación de la Asociación de Periodistas Profesionales (APP).

Es una verdad que en todo conglomerado hay personas inteligentes, pero también hay una cuota de verdaderos legos, que no entiende o entiende muy poco, y que se siente orgullosa de su condición.

El artículo 4 de la Ley dice textualmente lo siguiente: “para los fines de esta y otras leyes, se considera periodista profesional al graduado de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario y al que tiene por ocupación principal, regular y retribuida, buscar, obtener y emitir informaciones u opiniones en medios audiovisuales, en agencias de noticias, en oficinas y agencias destinadas a la distribución de informaciones y agencias destinadas a la distribución de informaciones, y que obtiene de esa ocupación los principales recursos para su subsistencia».

De acuerdo a esa disposición, es incuestionable e incontestablemente, al menos que usted no sea un obtuso, que la Ley 10-91 reconoce como periodistas a los egresados de una universidad y a los que tengan como ocupación principal el ejercicio del periodismo durante tres años alternos o consecutivos.

Es decir, que reconoce, no a los que tuvieron (del pretérito perfecto), sino a los que tienen (tiempo presente del modo indicativo), tres años alternos o consecutivos ejerciendo el periodismo.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley expresa: “la afiliación al CDP será voluntaria pudiendo ser miembros del mismo: A) los graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario. B) las personas que ejerzan como periodistas en los medios nacionales, siempre que cumplan los requisitos formulados en el artículo 4″.

Por igual, ese artículo dice, salvo que usted no sepa leer en español, sino en alemán, que pueden (tiempo presente, del modo indicativo) ser miembros del CDP, los egresados universitarios y los que tengan por ocupación principal el ejercicio de la comunicación.

También el transitorio del artículo 5 dice: “los que al momento de promulgarse la presente ley no estén empleados en una publicación periódica, medios audiovisuales, oficinas o agencias de prensa, pero que hayan ejercido la profesión durante tres años, alternos o continuos, derivando de ellas los principales recursos para su subsistencia, tienen derecho a pertenecer al Colegio”.

En la lectura y en la interpretación de este transitorio es donde los más bobos o los que se quieren pasar por bobos, se enredan como si fueran estudiantes de Kindergarten, incluyendo a los miembros de la Comisión Nacional Electoral.

Salvo que yo esté alucinando, ese transitorio se refiere única y exclusivamente a los que estaban desempleados en el 1991, pero que habían ejercido el periodismo durante tres años alternos o consecutivos, y se les dio la oportunidad de ingresar al CDP en ese momento.

Ese transitorio para nada deroga la segunda parte del artículo 4 de la Ley, referente a los periodistas empíricos, es decir, a los que tienen por ocupación principal, regular y retribuida, el periodismo, sino que se refería a los que en el momento de promulgarse la Ley estaban desempleados. Tampoco deroga las dos categorías de personas que voluntariamente pueden ingresar al gremio profesional, establecidas en el artículo 5.

Pese a eso, los más profanos, creen falsamente que ese artículo le pone fin al empirismo, para ingresar al CDP, tal vez porque son tontos, o se quieren pasar por tontos.

Peor aún, la Comisión Electoral excluyó a Beato, porque según ella, debió inscribirse cuando se promulgó la Ley, porque al no aprovechar el transitorio, los que no son egresados de una universidad con el título de periodismo, aunque ejerzan la carrera, ya no pueden ingresar al CDP, porque supuestamente el transitorio se lo prohíbe, lo que constituye un razonamiento absurdo.

Lo penoso

De esa manera, lo penoso del caso es que dentro de los que no saben discernir o no quieren discernir, y privan en no saber leer bien, están los señores Manuel Quiterio Cedeño, presidente de la Comisión Electoral; Nurys Paulino, secretaria; Elsa Bello y Raúl Hernández, suplentes.

Ahora bien, si éstos señores actúan así, que usted les deja a los lelos periodistas dogmáticos, intolerantes y desinformados. Simplemente que sigan escribiendo y hablando desatinos.

jpm-am

Causas de muertes de hombres dominicanos

Por Marcelino Lara

Hace una semana salieron a la luz pública unas estadísticas escalofriantes sobre las causas o razones por las que mueren los hombres dominicanos.

Veamos que nos dicen esas estadísticas:

Del total de personas fallecidas en cualquier tipo de accidente, aproximadamente el 85% son hombres.

Cuando se trata de accidentes de trabajo, del total de fallecidos en accidentes de trabajo, el 97% son hombres.

Todos sabemos que los accidentes de tránsito en nuestro país se han convertido en una epidemia, pues del total de fallecimientos por accidentes de tránsito, el 86% son hombres.

En República Dominicana fallecen más de 7 mil personas anualmente por accidentes de tránsito, y de ese monto la mayoría corresponden a accidentes de motocicletas.

Del monto total de personas fallecidas por suicidio, el 81% son hombres. Y de los fallecidos por Otras Causas el 58% son hombres.

Alta exposición

Estas cifras reflejan un grave problema social que nos indica que el hombre dominicano tiene una alta exposición a la muerte por diferentes causas que no están relacionadas con enfermedades sino con eventos catastróficos que pueden suceder a su alrededor.

Luego, esto se refleja también en el ambiente familiar ya que muchos niños están quedando huérfanos de padre, y todos conocemos la función de proveedor que tiene el hombre en la familia. Esto está generando un impacto muy desfavorable para la sociedad.

Se hace urgente buscar una solución para que tantos hombres no mueran victima de este tipo de catástrofes que pudieran ser evitadas o por lo menos reducidas mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas, que vayan focalizadas a evitar este tipo de incidentes fatales.

Más preocupante aún, es el hecho de que la mayoría de esos hombres fallecidos están en edad productiva, lo cual impacta negativamente a la economía de nuestro país.

Estas estadísticas también pueden ser un reflejo del nivel de desorganización que tiene la sociedad dominicana a todos los niveles.

Hagamos un esfuerzo para reducir los accidentes.

jpm-am

El agua, la vida y la soberanía

El agua es el recurso más esencial para la vida y, a la vez, uno de los más amenazados en la República Dominicana. No se trata solo de un tema ambiental: estamos frente a un problema de salud pública, de justicia social y, en última instancia, de soberanía nacional.

Las señales de alarma están a la vista. Miles de familias en barrios populares y comunidades rurales carecen de acceso regular a agua potable. Los campesinos, pilares de nuestra alimentación, ven sus conucos secarse porque los grandes monocultivos destinados a la exportación acaparan el agua de riego.

Mientras tanto, las corporaciones mineras —como Barrick Gold en Cotuí— consumen y contaminan cantidades gigantescas de agua, dejando tras de sí enfermedades, ganado muerto y ríos envenenados.

A esto se suma la amenaza constante de privatización. Desde hace años, gobiernos de distintos partidos han intentado entregar la gestión del agua al capital privado, disfrazando el despojo bajo términos como “modernización” o “eficiencia”. Pero el resultado de esas políticas en otros países es claro: tarifas elevadas, exclusión social y pérdida del control comunitario sobre un recurso vital.

Permitir que el agua pase a manos privadas o corporativas es ceder parte de nuestra soberanía. Sin control público del agua, perdemos la soberanía acuífera; sin agua para el campo, perdemos la soberanía alimentaria; y si nuestros ríos y acuíferos son envenenados, perdemos incluso la soberanía sanitaria, es decir, el derecho mismo a vivir con dignidad.

Pero los efectos van todavía más allá. Cada vez que el Estado se ve obligado a gastar millones en atención médica para comunidades afectadas por agua contaminada, estamos perdiendo recursos públicos que deberían destinarse a salud preventiva, hospitales y programas sociales.

Cada vez que los campesinos pierden sus cosechas por falta de riego, se pierden millones en producción nacional, empleos rurales y capacidad de autoabastecimiento. Cada vez que comunidades enteras son desplazadas por represas, minas o proyectos privados, se pierden viviendas, estabilidad social y el derecho a permanecer en la tierra natal. Y cada vez que las familias son forzadas a migrar, se pierden escuelas, niños en las aulas y jóvenes con oportunidades de futuro.

En el fondo, lo que se está erosionando es mucho más que un recurso natural: es la vida misma del pueblo y hasta su cultura. Porque cuando un pueblo pierde su vínculo con el río, con el conuco y con la tierra, también pierde parte de su identidad, de su historia y de sus tradiciones comunitarias.

Los partidos tradicionales —sean conservadores, liberales o reformistas de ocasión— han demostrado ser incapaces de enfrentar este problema, porque ellos mismos son cómplices del modelo extractivista y privatizador. Entregan nuestras montañas a las mineras, nuestros ríos a las corporaciones agroexportadoras, y ahora pretenden entregar el agua potable a empresas privadas.

Frente a esta realidad, hay que decirlo con claridad: solo la izquierda tiene la voluntad y el compromiso de defender el agua como un bien común, inalienable y no negociable.

Solo una propuesta de izquierda puede:

  • Declarar el agua un derecho fundamental garantizado por el Estado. Frenar el saqueo minero y detener la contaminación de ríos y acuíferos. Asegurar el acceso universal al agua potable como prioridad nacional. Recuperar las cuencas hidrográficas y proteger las montañas como patrimonio de todos. Colocar la soberanía alimentaria por encima de la agroexportación de monocultivos.

No se trata de un tema técnico, sino de un tema político y ético: ¿el agua será mercancía para beneficio de pocos, o derecho colectivo para garantizar la vida de todos?

Por eso, desde la izquierda hacemos un llamado a las comunidades, a los trabajadores, a los campesinos, a los jóvenes y a las mujeres: defendamos el agua como defendemos la patria. La batalla por el agua es la batalla por la vida, y la batalla por la vida es inseparable de la batalla por la soberanía.

Hoy más que nunca debemos levantar la voz y organizarnos. Porque cuando decimos que #SoloLaIzquierdaPuede, no es un lema vacío: es la verdad que nos imponen los hechos.

jpm-am

Acosta pide confiar en promesa Abinader sobre cupos escuelas

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, entregó mascotas y libros de texto a estudiantes que se integrarán la semana entrante a las clases.

Pidió a los padres y tutores  tener confianza en la promesa del presidente Luis Abinader de que ni un solo niño quedará fuera de las aulas.

Durante el operativo de entrega de útiles escolares escuchó a los cabezas de familia plantear lo caro que están los libros de textos, mascotas y uniformes, sobre todo para satisfacer las necesidades de los inscritos en colegios.

Resaltó que el Mandatario está trabajando para facilitar que la enseñanza llegue a todos los dominicanos, sin importar sus condiciones económicas o sociales, por lo que hay que tener esperanza y fe en su ejecutoria.

RESALTA LABOR DE ABINADER EN EDUCACION

Acosta Moreta propuso que el período escolar que inicia la próxima semana tenga como consigna “Año de la disciplina y los valores patrios”.

«A las aulas hay que llevar la disciplina, por lo que se tienen que ampliar la vigilancia y las medidas de seguridad a la entrada de los planteles», indicó.

Recordó que el pasado año se registraron mochilas de alumnos y se llegó a encontrar cuchillos, manoplas y otros artefactos peligrosos.

Sostuvo que esa disciplina tiene que comenzar por poner un asistente administrativo  en los baños de las escuelas, para evitar que allí se lleven a cabo desde actos reñidos con la moral, hasta manifiestas faltas de higiene, y el colorar letreros calumniosos.

an/am

Fraude eléctrico al pueblo, una estafa colosal 

Por Rey Arturo Taveras

Hay estafas que se ocultan en la penumbra, pero la del servicio eléctrico, denunciada por Marranzini arde a plena luz del día.

Es un fraude colosal, un desfalco al pueblo dominicano, vestido de recibo, una mordida en cada bombilla encendida de los hogares dominicanos.

Lo grave no es que una institución haya manipulado cifras, sino que todo el sistema de distribución eléctrica huele a podrido.

Si se levantara la alfombra y se auditara a todas las EDES, el país se estremecería hasta los cimientos, porque la estafa no es un accidente: es un hábito.

Durante años, miles de familias han visto cómo de la noche a la mañana sus facturas se multiplica como si en sus casas se escondiera una fábrica clandestina de aluminio o un rascacielos iluminado día y noche.

Lo que antes eran dos mil pesos se convirtió en diez mil o 12 mil , sin que un abanico girara más rápido ni un bombillo brillara con mayor intensidad.

Es el mismo consumo, pero la cuenta sube como un globo atado a la codicia de unos cuantos administradores del servicio eléctrico nacional.

El engaño al pueblo no es casual ni mecánico, tampoco un error de cálculo, sino una manipulación manual, premeditada, como la mano del tahúr que cambia las cartas en la mesa.

Se habla de doble contabilidad: una verdad en los medidores y otra mentira en las cajas, que luego desaparece en los balances contables como un truco de prestidigitador de una red mafiosa en cada institución.

Es un fraude cuyo origen se vislumbra que nació en un escritorio aislado ni en la ambición de un solo administrador, sino que en él participan muchos actores.

Es un secreto a voces que atraviesa gobiernos, que conoce la clase política y que toleraron presidentes sucesivos.

Nadie puede hacerse el inocente, porque el silencio cómplice ha sido parte de la estafa.

Hoy, el nombre de Manuel Mejía Naut salta a los titulares, señalado por manipular consumos de 42 mil clientes en Edeeste.

El Consejo Unificado de las EDES, en voz de Celso Marranzini, lo presenta como el villano de turno, el rostro del desorden y la corrupción.

Pero, ¿será él solo el árbol podrido o el bosque entero está enfermo? ¿Acaso se pretende con un encarcelamiento aislar el mal, como si la metástasis se pudiera frenar amputando un dedo?

Presentar como mejora lo que en verdad fue un fraude masivo es una metáfora cruel de la política energética dominicana: el maquillaje sobre el cadáver, la flor marchita en el ataúd del servicio eléctrico.

Las EDES deben ser auditadas todas, sin excepción, y devolver cada peso robado.

No basta con señalar un culpable, porque este fraude no tiene un solo rostro, es una medusa de mil caras y no es una sombra aislada, sino un eclipse nacional.

El país clama por transparencia y la electricidad que ilumina nuestros hogares no puede ser también la oscuridad que apaga nuestra confianza.

jpm-am

La verdad sobre la inversión pública (OPINION)

En los últimos días el tema de la inversión pública en República Dominicana ha ocupado muchos espacios en los medios de comunicación, a partir de los pronunciamientos del Presidente de la República sobre las obras realizadas en sus cinco años de gestión, e invitando a la oposición a un debate para discutir qué gobiernos han invertido más en obras públicas.

La inversión pública no puede medirse en discursos ni en debates, ni titulares propagandísticos. Se mide en cifras concretas, en indicadores oficiales que revelan quiénes han hecho más obras, quiénes han aportado más al desarrollo del país, y quiénes han preferido, por el contrario, gastar los recursos en asuntos corrientes y clientelares, sin retornos evidentes.

Cuando se revisan los informes de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), del Banco Central y de la Contraloría General de la República, queda en evidencia un contraste ineludible: los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizaron niveles de inversión pública muy superiores a los que hoy exhibe el presente gobierno.

Durante los mandatos del PLD, particularmente en los períodos de Danilo Medina, el gasto de capital alcanzó cifras históricas, con promedios anuales que superaron los 100 mil millones de pesos, llegando en algunos años a colocarse entre el 4 % y 5 % del PIB.

Fue precisamente en esos años cuando se construyeron miles de aulas escolares, decenas de hospitales, carreteras, proyectos de vivienda, plantas eléctricas y grandes obras de infraestructura como circunvalaciones, elevados y obras hidráulicas.

Casa Nacional del PLD

Debilidad

En contraste, el actual gobierno exhibe una marcada debilidad en este renglón. Los números oficiales revelan que la inversión pública ha caído a niveles preocupantes, rondando apenas el 2 % del PIB.

Más aún, se ha priorizado el gasto corriente sobre la inversión en infraestructura, evidenciando una visión limitada del desarrollo. Lo que antes se traducía en escuelas, carreteras, viviendas y hospitales, ahora se traduce en un despilfarro de recursos en nóminas, publicidad, subsidios, bonos, pensiones especiales, viajes, compra de dirigentes de la oposición, y una serie de gastos superfluos sin precedentes en la República Dominicana.

Es cierto que cada gestión tiene sus desafíos: crisis internacionales, inflación, pandemias, pero con esos números sobre la mesa, no hace falta entrar en narrativas políticas ni en debates cargados de retórica. Los datos muestran objetivamente qué gestiones se enfocaron en hacer más obras y cuáles priorizaron otros aspectos.

La propaganda oficial puede repetir mil veces que se están construyendo obras, pero la verdad está en los indicadores. Y esa verdad es que, en materia de inversión pública, los gobiernos del PLD marcaron un antes y un después en la historia reciente del país.

El presente gobierno, en cambio, quedará marcado por haber retrocedido en este aspecto vital para el desarrollo nacional.

El pueblo dominicano no necesita ver un espectáculo de confrontación. Necesita ver quién resolvió más problemas, quién mejoró más vidas, quién construyó más futuro. Y en ese terreno, los gobiernos del PLD tienen mucho que mostrar, y el gobierno actual, mucho que explicar y pretender justificar.

Al final, los números no tienen colores partidarios ni admiten manipulación. Hablan por sí solos y muestran que, en materia de inversión pública, el PLD construyó futuro, mientras que el actual gobierno apenas sostiene discursos.

jpm-am 

Detenidos dos funcionarios de Agricultura, pero éste lo niega

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República confirmó este viernes que dos miembros del cuerpo de seguridad del Ministerio de Agricultura fueron apresados por supuesta malversación de fondos públicos y están siendo investigados por el Ministerio Publico.

Los detenidos son el jefe de seguridad del ministro Limber Cruz, sólo identificado como el coronel Regalado y el militar israelí Harel Katz.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura asegura que éstos no han sido detenidos, pero sí desvinculados y que desde hace dos semanas se les inició un proceso de investigación.

Dijo en un corto comunicado que en el caso están involucrados miembros del departamento de seguridad y del departamento financiero.

La Procuraduría informó que ofrecerá en las próximas horas una declaración oficial sobre el alcance de las investigaciones y los cargos que podrían imputarse a los detenidos.

AGRICULTURA NIEGA ESTEN DETENIDOS

“Debido a informaciones erróneas que circulan en medios de comunicación, aclaramos a la opinión pública”, dice el comunicado que la institución colocó en Instagram, en el que explica su versión de los hechos.

“No tenemos ningún funcionario de nuestro ministerio detenido o bajo investigación, ni por la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, ni por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)”.

Esto a raíz de las informaciones que desde tempranas horas de este viernes han circulado en diversos medios de comunicación sobre la presunta detención de dos miembros del cuerpo de seguridad del Ministerio por supuesta malversación de fondos públicos.

an/am

Mitomanía Oficialista (realidad vs. percepción engañosa)

La división del PLD a partir del 6 de octubre del 2019 y el hartazgo popular debido a 16 años ininterrumpidos en el poder crearon todas las condiciones para la salida del Palacio Nacional a los integrantes del acorazado morado.

Las bases del partido de la Estrella Amarilla estaban desconcertadas y la población, cansada de que el poder estuviera por tantos años en las mismas manos, en la del Comité Político del PLD, les votó en contra.

Nada nos importó a los que estábamos en la acera del frente al oficialismo de entonces; el pecado capital del Danilismo había sido jugar contra la democracia al querer imponer de nuevo al equipo que ya había ganado la reelección muy fácilmente en las elecciones del año 2016, pero eran otras circunstancias, muy diferentes, pero el enclave palaciego entendía que las condiciones eran las mismas y fueron precisamente los resultados electorales del año 2020 los que se encargaron de demostrar lo contrario.

El país recibió con fe y esperanza la llegada del nuevo PRD con nuevas siglas, el PRM; Abinader era el nuevo mesías de la política vernácula y se daba por descontado que este nuevo equipo gubernamental haría una buena gestión.

Al decir verdad, los casi primeros tres años de esta administración al parecer fueron de ensueño, de color de rosa. El nuevo presidente, con su proverbial sencillez, había logrado calar en la sociedad con su comunicación directa y era recibido con alfombra roja a su paso. El noviazgo presidencial tenía extasiada a la ciudadanía y parecería que esa luna de miel duraría varios años más, pero los que ejercen el poder en esta particular media isla debieran conocer la idiosincrasia de nuestros nacionales, ya que somos de memoria corta y por ello se olvidan los yerros de anteriores gobiernos rápidamente, y es por ello también que se comparan los logros de esta gestión con los de Leonel y Danilo.

Por ello es que hay que tener tanto cuidado en mentirles a los dominicanos, porque lo que más abunda en este país son los auditores sociales, ciudadanos que se ocupan de llevar notas de todas las ofertas presidenciales, práctica que se hace más común aún en estos tiempos de infocracia, donde las ácidas, críticas y muchas veces tóxicas redes sociales se ocupan de recordarle diariamente a cualquier desmemoriado sus promesas electorales.

El Presidente Abinader, con entusiasmo inusitado, comenzó a anunciar cuántas obras y acciones le propusieron sus funcionarios, cosa que se podía achacar por la falta de experiencia en la administración de la cosa pública, pero nadie atinó en la cercanía presidencial a demandar saber en firme de dónde saldrían los recursos propios para financiar tan agigantada apuesta.

Ante cada situación, el gobierno optaba por tomar un préstamo, unos tras otros, lo que se ha hecho una práctica normal de los modernos, por lo que hoy superan los 32,000 millones de dólares de préstamos tomados en apenas cinco años.

A los finales del año 2023, los estrategas del oficialismo sabían que no tenían obras tangibles que mostrar al electorado, por lo que decidieron vender con percepción engañosa una supuesta gestión gubernamental exitosa, para ello se hicieron apoyar de los medios de comunicación tradicionales, de los influencers de las redes sociales, pero también de las compañías encuestadoras, tan convincente fue la campaña de instalar el relato del gobierno en el imaginario popular, que todo parecía que el perremeismo obtendría una aprobación electoral que superaría el 80% de los votos emitidos en los comicios del año 2024, pero pese a vender perceptivamente un triunfo arrollador en las elecciones, los modernos solo obtuvieron un costoso y afanoso 57%.

El Presidente Abinader ha anunciado todo tipo de proyectos, ha dado más picazos de inicio de obras que cualquier presidente en ejercicio y ha leído con ardoroso afán y orgullo en sus memorias cada 27 de febrero frente al Congreso Nacional los avances de cientos de obras de infraestructura diseminadas en toda la geografía nacional, solo que la mayoría de estas solo existen en el papel y en la memoria fértil del jefe del Estado.

En cada semanal, veo a mi estimado amigo Presidente defender obras que no se han iniciado o que están paralizadas, y a las que simplemente no se les está trabajando, no por falta de voluntad política, sino porque las arcas nacionales no tienen recursos económicos para realizarlas.

El síndrome de hubris y la callada aviesa se han apoderado del entorno presidencial, porque se me hace imposible pensar que nadie en el círculo cercano del presidente Abinader le exprese que la ciudadanía se burla a través de permanentes memes de esos ofrecimientos que todos sabemos que no se cumplirán, simple y llanamente porque no hay recursos disponibles para llevarlos a cabo, porque de tanto hablar de obras imaginarias, mi amigo presidente cree en verdad que estas se están construyendo, cuando en verdad las mismas o no existen o solo se ha dado el 1.er picazo, pero ni un block se le ha colocado.

Pero hay una realidad: los modernos ganaron con percepción engañosa hace más de un año las elecciones y creen que pueden ocultar los resultados de ignorar la realidad; lo tratan de hacer, pero la falta de credibilidad pública les da en la cara, lo que nos lleva a entender que se inició el divorcio definitivo del gobierno con el pueblo.

Cuando escucho a los altos funcionarios hablar con tanta seriedad de obras de las cuales se da por hecha su culminación, entiendo que es verdad lo que me expresó hace poco tiempo un cercano amigo: “Que existe una mitomanía colectiva en el oficialismo”

Senasa está grave (OPINION)

Primero fue la dificultad de sus clientes para que le aceptaran el carnet en laboratorios, renuentes porque  el Seguro Nacional de Salud (Senasa)  tarda demasiado en pagar. Luego el grito de los centros médicos por la misma razón, el más malapaga, fue definido por la Asociación de Clínicas.

Cuando la seguidilla abarcó al área de medicamentos, ahí sí que fue el crujir de dientes, porque el mal que lo corroe está generalizado, ya no era segmentado como en los dos renglones anteriores. Todas las farmacias dicen lo mismo, la espera es larga y presencial.

La prohibición de despachar a domicilio sigue firme, pese a que la entidad lo niega. Las expendedores alertan  que el procedimiento puede tardar hasta dos horas y así los clientes de la Administradora de Riesgos de Salud, que con ese nombre todas dejan claro que no son aseguradoras, deciden si aguardan o compran “por fuera”.

La AUTORA es periodista. Reside en Santo Domingo.

Claro, están críticos  los que no tienen con qué pagar el costo de esos fármacos y confían en el  respaldo de su ARS, con todo su derecho.

La calamitosa situación es para llenar páginas completas de periódicos y de forma lamentable, da desgarradores reportajes gráficos. El atropello es escandaloso.

Con el rechazo en algunos laboratorios, los usuarios iban a otro, con el cese de las consultas y hospitalización, igual, aunque no deja de ser molesto cambiar de especialista, de establecimiento o pagarlo “privado”.

Irrita  la falta de cobertura, la negación de un servicio pagado puntual. No hay forma de que el afiliado incumpla y la razón de ese descalabre tampoco es que lo haga el empleador. Si así fuese, hace rato lo vociferara Senasa, que lo único que hace es negar la debacle.

En lo que “el nuevo”  ordena la casa, que ojalá lo haga, los afectados de siempre, los infelices, siguen engullidos por un sistema abusivo, con falencias cuya  responsabilidad nadie asume.

jpm-am

Piden sancionar a miembros de comité de compras del INABIE

SANTO DOMINGO – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)  recomendó que sean aplicadas medidas disciplinarias a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones  del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), en donde han sido detectadas irregularidades en procedimientos realizados.

Remitió esos casos a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA),  la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y al Ministerio de Educación, para las investigaciones que correspondan.

La DGCEP hizo esta recomendación luego de ordenar al INABIE anular las adjudicaciones de 18 contratos y la reevaluación de 25 oferentes.

También dispuso que el Inabie comience el «procedimiento sancionador de oficio» contra proveedores que han presentado documentación falsa, según una nota de prensa.

MULTIPLES IRREGULARIDADES

En el procedimiento de licitación pública nacional para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares correspondiente a los periodos 2025-2026 y 2026-2027, el órgano rector dice haber confirmado «múltiples irregularidades» en las evaluaciones técnicas y económicas.  Las mismas han sido detectadas en el criterio de adjudicación y en el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

El organismo aseguró que también detectó la documentación alterada o con indicios de falsedad, presentada por varios proveedores, la ausencia e incongruencias en las visitas técnicas, incluyendo falta de videos y participación de peritos no designados formalmente, así como en la evaluación de garantías económicas y en la motivación de las adjudicaciones.

Asimismo, comprobó indicios de colusión y conflictos de interés entre proveedores adjudicados.

DOCUMENTACIÓN FALSA

En el procedimiento de licitación pública nacional llevado a cabo para la «Confección y adquisición de polo-shirts y pantalones escolares, para ser distribuidos a los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2025-2026 y 2026-2027”, la DGCP dice que constató que, al igual que en los procesos anteriores, fueron adjudicados proveedores que presentaron documentación falsa y con vinculaciones entre sí, así como  la existencia de indicios de colusión.

En ese sentido, el órgano rector decidió anular 21 adjudicaciones y ordenó al INABIE designar peritos calificados que no se encuentren en conflicto de interés para reevaluar las ofertas de 64 empresas con nuevas visitas técnicas, las cuales deberán ser documentadas con el uso de la buena práctica de las cámaras corporales.

¿QUÉ ES EL INABIE?

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue creado en el marco de la Ley General de Educación 66-97, como una institución adscrita el Ministerio de Educación. Es el organismo a cargo de millonarios programas como el almuerzo y el desayuno escolar así como la entrega de útiles y uniformes a los estudiantes del sistema público.

PRESIDENTE CAMBIÓ DIRECTOR

El presidente de la República. Luis Abinader, designó la semana pasada un nuevo director ejecutivo del INABIE).  Se trata de Adolfo Pérez de León, quien era director de PROMESE.  Sustituye en estas funciones a Víctor Castro Izquierdo.

sp-am

Detectan «fraude masivo» en la distribuidora eléctrica EdeEste