Tres acontecimientos ocurridos recientemente han sido los motivos para escribir la presente opinión, el primer caso acontece en Costa Rica, el segundo, en Argentina y, el tercero, responde a las declaraciones del Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, ofrecidas recientemente.

Respecto al caso costarricense, el deterioro de su situación fiscal, ocasionada por el desfase estructural entre los ingresos y gastos públicos, ha incidido para que el déficit se situé en 7.1 % del PIB, en adición al hecho cierto de que el 95.0 % de su presupuesto nacional representa una carga fija predeterminada, haciendo la administración del referido instrumento financiero estatal inflexible, para adecuarlo al diseño y ejecución presupuestaria del ciclo económico del país.

La situación descrita en las finanzas públicas costarricense ha provocado que el nivel de endeudamiento haya pasado en tan solo tres años de 39.3 % en 2014 a 49.2 % en 2017 de su PIB, teniendo como respuesta una reforma fiscal que cursa en el Congreso, la que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) la ha valorado en la dirección correcta, pero insuficiente, teniendo como reacción de la población, protestas sectoriales y huelga general.

Hasta ahora el único consuelo en términos de políticas públicas que queda del panorama costarricense, es que al menos la solución la están buscando ellos mismos y no el FMI; esto pese a que pudo haberse abordado antes que la situación económica se convirtiera en crisis.

En ocasión del caso argentino, el país padece de una crisis económica coyuntural sin precedentes inmediatos, al tener la tasa de interés monetaria más alta del mundo, 60.0 %, una cotización del dólar pronunciada con 42 pesos por cada dólar, para una depreciación en lo que va del 2018 de 126.0 %, un déficit financiero que ronda el 6.1 % de su PIB, una deuda pública total de algo más del 62.0 %, también del PIB y, una tasa de inflación que supera el 16.0 %, desviada de la meta de inflación reajustada.

Ante el panorama argentino, el gobierno decidió acudir en mayo del 2018 al FMI, llegando a un acuerdo stand by por US$50,000 millones, el que está sujeto al cumplimiento de un programa de exigencias: referentes a una fuerte reducción de la tasa de inflación, de una disminución del déficit fiscal, bajo la regla del 3 por 3, que implica un superávit fiscal de 3.0 % para así poder bajar el déficit en 3.0 % y, abordar la posición del stock de los títulos de deuda del Banco Central, denominados LEBAC.

Como respuesta a la crisis económica argentina, en términos sociales la población y los principales sindicatos del país han realizado innumerables protestas, que llevaron a la convocatoria de una huelga general el pasado 25 de septiembre.

La nota diferente entre los casos costarricense y argentino, radica en que el primero inicio el tratamiento de su situación fiscal con fórmulas internas, mientras que el segundo lo ha hecho con fórmulas externas, al acudir al FMI; sin embargo, el denominador común ha sido que ambos países han abordado la situación en tiempos de crisis económica, cuando pudieron tratarla en momentos de relativa estabilidad, con menores costos sociales y económicos.

Así mismo, el tercer y último caso tiene que ver con la economía dominicana, particularmente el tema de su deuda pública, al menos la del sector no financiero, esto a propósito de las declaraciones que ofreciera al país al término de la segunda quincena de septiembre, el Presidente Medina, cuando dijo: “Si nosotros no acortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidades de seguir buscando dinero para pagar a otros”.

En la misma línea y de acuerdo con la evaluación realizada en febrero del 2018 por el  FMI, el organismo financiero internacional indicó, que el principal desafío para la economía dominicana es acelerar las reformas, a fin de crear resiliencia contra riesgos, como los precios internacionales del petróleo, las condiciones financieras más restrictivas en el mundo y una demanda externa más débil; razones que sugieren tomar mayores medidas para reconstruir la capacidad de las finanzas públicas, a fin de amortiguar los choques y enfrentar el creciente endeudamiento.

Conforme al desempeño fiscal dominicano, el déficit financiero del presupuesto ha sido persistente, al menos para el periodo 2008 al 2017, el que ha pasado de RD$ 54,154 millones a RD$ 85,047 millones, reflejando un problema estructural de descalce entre las presiones tributarias y la del gasto público como porcentaje del PIB, que asciende a alrededor del 3,0 %, al situarse la primera en torno al 15.0 % y la segunda, también en torno al 18.0%.

Por su lado, las necesidades brutas de financiamiento se encuentran en el umbral del 6.0 % del PIB y la deuda pública del sector no financiero ha crecido de 13.5 % del PIB para el 2000 a 40.0 % a agosto de 2018, equivalente a US$ 3,243 millones y US$ 31,554 millones, respectivamente; para una diferencia de incremento de US$ 28,311 millones.

Al apreciar la situación financiera pública desde otra perspectiva, ante el conocimiento de que el PIB no paga, sino los ingresos corrientes del fisco, especialmente en un país con alta informalidad y evasión fiscal; valoremos que el servicio de la deuda durante el 2017 ascendió a US$ 3,072 millones o su equivalente en moneda nacional a RD$ 148,238 millones y para el 2018 se tiene estipulado en el presupuesto nacional RD$ 204,691 millones o su igual, US$4,079 millones.

La deuda pública presenta señales que ha caído en una trampa, no solo porque el país se endeuda todos los años para pagar el servicio de la deuda y fondear déficit presupuestarios permanentes; sino además, porque el nivel de la tasa de interés por los bonos soberanos ha crecido, al pasar de 5.87% en 2013 a una tasa entre 6.5 % y 8.9 % en 2018.

La economía dominicana a diferencia de la costarricense y argentina no está en crisis; pero sí hay señales de desafíos serios, tal como lo expresara el Presidente de la República en la cita mencionada, razón suficiente como para que seamos nosotros que ordenemos la casa en términos fiscales, ante la eventualidad de una crisis, generada por factores externos, internos o una combinación de ambos; hacerlo en tiempos de crecimiento económico y estabilidad presenta ventajas evidentes, como la de evitar una recesión o ralentización, o costos mínimos para la nación.

Entonces, ¿y la deuda, pa’ cuándo?.