Luego del desmembramiento del sistema socialista en el año 1992, acontecimiento  que puso fin al largo periodo  conocido como ¨La Guerra Fría¨, el mundo occidental asistió a grandes cambios que abarcaron los  ámbitos políticos, económicos y sociales.

Dentro esos cambios  experimentados a nivel global  se pueden  citar,  el pasar de un  sistema ideológico  bipolar, disputado por los Estados Unidos y la Unión Soviética;  a un esquema político y económico unipolar dominado enteramente por la Patria de Abraham Lincoln.

Paralelamente a estos  cambios, en el mundo occidental viene  gravitando con fuerza de huracán una  cruzada implacable en pro de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y el manejo del Estado, que invita replantear una nueva visión sobre el comportamiento de los gobernantes y funcionarios en el manejo de la administración pública.

De este nuevo movimiento de alcance global, obviamente,   la República Dominicana  no ha quedado  exenta dado el hecho de que todas esas grandes transformaciones impactan de forma inexorable  la dinámica de los 193 Estados  que están bajo el palio del Sistema de Naciones Unidas (ONU).

La influencia y presencia de este fenómeno imperial  en territorio dominicano ha llegado tan lejos que las autoridades responsables de conducir políticas públicas y administrar fondos públicos  han tenido que incorporar a su andamiaje institucional  una serie de leyes, normas y  políticas   para ser más transparente y eficiente la  labor del Estado.

Esta realidad queda demostrada en un estudio realizado  por  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2017, titulado “Gobierno Abierto y transparencia focalizada: Tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe”, donde la República Dominicana registra avances importantes en lo relativo a la transparencia y la institucionalidad.

En la investigación internacional  desclasificada y puesta a disposición del público,  fueron evaluados un número de iniciativas considerables de América Latina y El Caribe sobre el tema  por ámbito de aplicación contenidas en los planes de acción de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) de la cual República Dominicana forma parte activa.

En el citado estudio, la entidad internacional indica que desde el  año  2004,  la República Dominicana viene desarrollando una serie de estrategias que tienen por finalidad  lograr  un Gobierno más participativo, abierto y transparente hacia los ciudadanos, como forma de construir un Estado más institucionalizado y eficiente.

De acuerdo al documento investigativo  luego de casi 8 años de ejecutorias, el Gobierno dominicano para el período (2004 2012) muestra grandes logros en materia de institucionalidad, transparencia y acceso a la información, Gobierno electrónico y rendición de cuentas, los cuales muestran el éxito de sus planes.

Esfuerzos

La República Dominicana, según el referido estudio,  muestra un alto compromiso  con la institucionalidad y la promoción de un gobierno cada vez más abierto. Las iniciativas llevadas a cabo por las diferentes administraciones gubernamentales  desde el 2004  han impactado  todos los ámbitos de la vida económica, política y social.

Resalta por ejemplo,  como un elemento a ponderar la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es ampliar los derechos constitucionales de los ciudadanos, así como  constitucionalizar el derecho de acceso a la información pública.

De igual manera,  el documento publicado por el BID destaca que desde el año 2004, la República Dominicana se embarcó en un proceso de actualización de su marco jurí- dico, el cual, en su mayoría, databa de la época del dictador Rafael Trujillo. En consecuencia, fueron actualizadas y promulgadas nuevas legislaciones que consolidan varios ámbitos del desempeño público.

 

Dentro esas nuevas legislaciones que se incorporaron al andamiaje institucional para fortalecer la trasparencia en la administración pública indica el estudio   figuran las leyes como la  General de Acceso a la Información y su Reglamento,  Compras y Contrataciones del Estado, el Sistema Integrado de Gestión Financiera.

También,  la ley del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios, Ley General de Presupuesto.

Asimismo, la Ley de Protección de los Consumidores, la creación del Tribunal Constitucional, la Ley profesionalización de la Función Pública, la de Combate a la corrupción administrativa y el fortalecimiento del marco jurídico.

Institucionalidad y transparencia

De modo que el diseño institucional y jurídico de la Republica Dominicana ha sido bien cuidado por la sociedad dominicana del Siglo XXI con lo cual se ha podido lograr  configurar un conjunto de principios, normas, leyes orgánicas y adjetivas e instrumentos que, en conjunto, constituyen el andamiaje sobre el que se cimenta la práctica social de nuestro país.

Estos grandes pilares han sido desarrollados en los últimos años y, con la participación dominicana serán profundizados aún más. Para ello, el Estado dominicano está comprometido con un proceso colectivo de desarrollo de iniciativas, a través de consultas a la sociedad civil y la asistencia de organismos internacionales

No obstante, en sus conclusiones finales el trabajo publicado por BID, enfatiza sobre los “graves problemas institucionales” que afectaban al país, resaltando que “durante los últimos 40 años no se fue capaz  de crear las instituciones de un verdadero Estado de derecho, garante de la seguridad jurídica y de la protección de los ciudadanos¨.