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Luego del desmembramiento del sistema socialista en el año 1992, acontecimiento que puso fin al largo periodo conocido como ¨La Guerra Fría¨, el mundo occidental asistió a grandes cambios que abarcaron los ámbitos políticos, económicos y sociales.
Dentro esos cambios experimentados a nivel global se pueden citar, el pasar de un sistema ideológico bipolar, disputado por los Estados Unidos y la Unión Soviética; a un esquema político y económico unipolar dominado enteramente por la Patria de Abraham Lincoln.
Paralelamente a estos cambios, en el mundo occidental viene gravitando con fuerza de huracán una cruzada implacable en pro de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y el manejo del Estado, que invita replantear una nueva visión sobre el comportamiento de los gobernantes y funcionarios en el manejo de la administración pública.
De este nuevo movimiento de alcance global, obviamente, la República Dominicana no ha quedado exenta dado el hecho de que todas esas grandes transformaciones impactan de forma inexorable la dinámica de los 193 Estados que están bajo el palio del Sistema de Naciones Unidas (ONU).
La influencia y presencia de este fenómeno imperial en territorio dominicano ha llegado tan lejos que las autoridades responsables de conducir políticas públicas y administrar fondos públicos han tenido que incorporar a su andamiaje institucional una serie de leyes, normas y políticas para ser más transparente y eficiente la labor del Estado.
Esta realidad queda demostrada en un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2017, titulado “Gobierno Abierto y transparencia focalizada: Tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe”, donde la República Dominicana registra avances importantes en lo relativo a la transparencia y la institucionalidad.
En la investigación internacional desclasificada y puesta a disposición del público, fueron evaluados un número de iniciativas considerables de América Latina y El Caribe sobre el tema por ámbito de aplicación contenidas en los planes de acción de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) de la cual República Dominicana forma parte activa.
En el citado estudio, la entidad internacional indica que desde el año 2004, la República Dominicana viene desarrollando una serie de estrategias que tienen por finalidad lograr un Gobierno más participativo, abierto y transparente hacia los ciudadanos, como forma de construir un Estado más institucionalizado y eficiente.
De acuerdo al documento investigativo luego de casi 8 años de ejecutorias, el Gobierno dominicano para el período (2004 2012) muestra grandes logros en materia de institucionalidad, transparencia y acceso a la información, Gobierno electrónico y rendición de cuentas, los cuales muestran el éxito de sus planes.
Esfuerzos
La República Dominicana, según el referido estudio, muestra un alto compromiso con la institucionalidad y la promoción de un gobierno cada vez más abierto. Las iniciativas llevadas a cabo por las diferentes administraciones gubernamentales desde el 2004 han impactado todos los ámbitos de la vida económica, política y social.
Resalta por ejemplo, como un elemento a ponderar la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es ampliar los derechos constitucionales de los ciudadanos, así como constitucionalizar el derecho de acceso a la información pública.
De igual manera, el documento publicado por el BID destaca que desde el año 2004, la República Dominicana se embarcó en un proceso de actualización de su marco jurí- dico, el cual, en su mayoría, databa de la época del dictador Rafael Trujillo. En consecuencia, fueron actualizadas y promulgadas nuevas legislaciones que consolidan varios ámbitos del desempeño público.
Dentro esas nuevas legislaciones que se incorporaron al andamiaje institucional para fortalecer la trasparencia en la administración pública indica el estudio figuran las leyes como la General de Acceso a la Información y su Reglamento, Compras y Contrataciones del Estado, el Sistema Integrado de Gestión Financiera.
También, la ley del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios, Ley General de Presupuesto.
Asimismo, la Ley de Protección de los Consumidores, la creación del Tribunal Constitucional, la Ley profesionalización de la Función Pública, la de Combate a la corrupción administrativa y el fortalecimiento del marco jurídico.
Institucionalidad y transparencia
De modo que el diseño institucional y jurídico de la Republica Dominicana ha sido bien cuidado por la sociedad dominicana del Siglo XXI con lo cual se ha podido lograr configurar un conjunto de principios, normas, leyes orgánicas y adjetivas e instrumentos que, en conjunto, constituyen el andamiaje sobre el que se cimenta la práctica social de nuestro país.
Estos grandes pilares han sido desarrollados en los últimos años y, con la participación dominicana serán profundizados aún más. Para ello, el Estado dominicano está comprometido con un proceso colectivo de desarrollo de iniciativas, a través de consultas a la sociedad civil y la asistencia de organismos internacionales
No obstante, en sus conclusiones finales el trabajo publicado por BID, enfatiza sobre los “graves problemas institucionales” que afectaban al país, resaltando que “durante los últimos 40 años no se fue capaz de crear las instituciones de un verdadero Estado de derecho, garante de la seguridad jurídica y de la protección de los ciudadanos¨.