Es muy triste para la institución policial ver que casi en todas partes del mundo los policías son héroes, admirados por sus poblaciones y sus gobernantes, y cuando muere un policía o un soldado se hacen discursos presidenciales y se declara luto nacional. Muy por el contrario, aquí en la República Dominicana somos la excepción, mueren 50 policías en promedio anual en el desempeño de sus servicios, y ni el presidente ni ninguna otra autoridad competente muestra sensibilidad humana solidarizándose con las familias de las víctimas, aun cuando el caído sea un oficial superior destacado.

Lamentamos el asesinato del coronel PN Ramos Álvarez, y manifestamos públicamente nuestro pesar y empatía con sus seres queridos y la familia policial, reclamando todo el peso de la ley para los culpables. Se hace difícil hacer juicios de valor cuando no tenemos todos los elementos en torno a un hecho, pero este caso nos obliga a la reflexión y revisión de los protocolos para cada actuación policial y en especial sobre el uso de la fuerza.

Como sombrilla de todo lo que toca a la institución policial deben actualizarse los pensum educativos y su doctrina, así como establecer el equipamiento adecuado para cada policía en servicio, un pago digno, trato humano y seguridad social de calidad, incluyendo 8 horas límite por día laboral, la recreación, evaluación constante mediante exámenes psicométricos y la depuración estricta de la plantilla nominal. También se hace imperativo conquistar la participación de las comunidades para que junto a la policía se pueda trabajar preventivamente en la solución de la inseguridad.

Esto en lo que a la policía concierne, pues esa institución es una pata del sistema de seguridad pública y está subordinada a las autoridades políticas que son el resto de los actores y quienes están obligados a acompañarla de manera integral y sustentada en políticas públicas o planes de Estado. Por otra parte, la policía es el brazo fuerte del sistema de justicia del Estado, conformado además por jueces, fiscales, abogados y otros. Destaca entonces, que la policía está limitada y nunca podría por sí sola solucionar la inseguridad.

Los estudios coinciden en que la génesis de la inseguridad es multicausal  (corrupción, pobreza, desempleo, micronarcotráfico y resentimientos sociales, etc.), lo que está más allá de la gestión policial, ya que la seguridad es asunto de todos y urge una gestión integral para prevenir causas y consecuencias de la conflictividad social, violencia en todas sus manifestaciones, crímenes, delitos, contravenciones y todo tipo de violación a las leyes, al derecho ajeno y al orden social establecido, lo que resumimos en inseguridad.

Para emprender soluciones preventivas a las causas y consecuencias de la inseguridad hay que diseñar estrategias y trabajar en la reducción de los indicadores como parte de un ambicioso plan integral del Estado en su conjunto, autoridades y comunidades. Fortalecimiento institucional  de los organismos de seguridad y justicia, programas de prevención con campaña de orientación y educación cívica, la modernización de los sistemas de vigilancia mediante el uso de herramientas digitales, el trabajo con redes de apoyo para recoger informaciones y denuncias de  cada calle y barrio de las ciudades y comunidades, y la reducción de los factores de riesgos (programas recreativos, deportivos y culturales en parques, centros educativos, etc.) y sociales (programas de protección y prevención de la violencia contra la mujer y los menores, envejecientes, manejo de conflictos, drogadicción, y pandillismo, entre otros).

Los grandes retos y la triste realidad que envuelve a nuestra excluida y estigmatizada Policía Nacional no se están afrontando, como asumir un modelo de gestión preventivo y comunitario en todos los procedimientos y actuaciones policiales. Después de 82 años de creada y a pesar de los grandes procesos de crecimientos estructurales y de los grandes cambios en actualizaciones de sus normativas, es cada vez más débil en cuanto a la institucionalidad, y en sus resultados de eficiencia en respuestas a los crímenes y violencias; de igual manera, ha sido imperceptible en ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía, y ni decir del deterioro ético y moral.

La realidad y parte del problema es que nunca se cumplieron las derogadas leyes 6141 y 96-04, ni se cumple la ley 590-16, y lo peor de todo, la mayoría de los miembros policiales de todas las jerarquías desconocen su propia ley,  y al parecer esa situación a nadie le preocupa, ya que es responsabilidad del presidente de la República, directa o indirectamente, a través de sus representantes designados para dirigir cada institución relacionada.

Es difícil entender que a dos años de promulgada la ley 590-16 aún carece del reglamento de aplicación, y no se han decretado los más de veinte reglamentos propuestos por dicha ley, los cuales son imprescindibles para que sea mínimamente funcional. Debemos aclarar, la ley 590-16 ha sido un retroceso y con muchas violaciones de derechos y prerrogativas conquistadas en la ley 96-04, derogada irregularmente.

Sin lugar a dudas, las autoridades políticas deben evaluar su gestión en seguridad tomando en cuenta las inconformidades de la población y la desconfianza creciente, independientemente de que sus mediciones les muestren todo lo contrario.

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