MIAMI.-  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena enérgicamente la desaparición forzada y posterior detención arbitraria de los periodistas venezolanos Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y su esposo, el camarógrafo Gianni González, quienes fueron privados de libertad por ejercer su labor informativa en un contexto de creciente represión contra la prensa independiente en Venezuela.

Carlos Marcano, periodista, profesor universitario y colaborador de organizaciones civiles, fue detenido el 23 de mayo de 2025 tras un allanamiento sin orden judicial en su residencia en Caracas, según informes de prensa.

Su paradero fue desconocido durante 13 días. Aunque se conoció posteriormente que fue trasladado al penal de Tocuyito, sus familiares denunciaron el 7 de junio que continúa desaparecido. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y otras organizaciones nacionales e internacionales han denunciado su detención como una grave violación de derechos humanos.

Marcano, de 30 años, fue acusado públicamente por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Diosdado Cabello durante su programa televisivo “Con el mazo dando”, donde lo vinculó con un supuesto plan para generar violencia durante las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. En dicho programa, Cabello mostró una fotografía del comunicador y lo señaló sin que mediara una acusación formal ni un proceso judicial previo.

La periodista Nakary Mena Ramos fue detenida el 8 de abril de 2025 junto con su esposo, el camarógrafo Gianni González, tras publicar un reportaje sobre criminalidad en Caracas, según informó la organización de derechos humanos Espacio Público.

Permanecieron desaparecidos más de 48 horas. Luego fueron imputados por “instigación al odio” y “publicación de información falsa’”. Mena fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y su esposo a El Rodeo II.

El reportaje de Mena contenía testimonios de ciudadanos que relataban un aumento de la inseguridad en zonas populares de Caracas, que contrasta con la narrativa oficial. Tras la difusión del reportaje, el portal Impacto Venezuela lo eliminó de sus plataformas, lo que despertó aún más preocupación sobre posibles presiones directas o indirectas por parte del Estado.

Diversas organizaciones, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), han destacado que los delitos imputados a Mena y su esposo carecen de sustento legal y buscan criminalizar el trabajo informativo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las figuras penales empleadas en este caso no cumplen con estándares internacionales y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

“La criminalización del periodismo crítico y el uso de figuras penales ambiguas como la instigación al odio son parte de un patrón sistemático de persecución contra quienes informan con independencia”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica. “Exigimos la liberación inmediata de Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y Gianni González, y que se respeten sus derechos fundamentales”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó: “Estos casos reflejan cómo se utiliza la justicia como instrumento de censura. Venezuela debe cesar estas prácticas represivas y cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y debido proceso”.

El Colegio de Periodistas de Venezuela registra 16 periodistas y reporteros detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó en Venezuela “un desempeño amplio en arbitrariedades estatales en contra de la expresión ciudadana, y un funcionamiento de la prensa limitado por cierres, medidas administrativas y periodistas detenidos por razones políticas”. El país se ubicó en el puesto 21 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

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Ciudad de México, 10 jun.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó hoy las redadas y la violencia y solicitó a Estados Unidos una reforma migratoria integral que reconozca el papel de los connacionales en el vecino país.

«Nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a los mexicanos, y nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo», dijo la mandataria.

Durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo volvió a hacer énfasis en que los migrantes son necesarios para la economía de la vecina nación norteña y deben ser reconocidos y apoyados.

Aludió a los latinos, hispanos, mexicanos en particular que viven en Estados Unidos desde hace más de 10 años muchos de ellos y que están integrados a la vida de aquel país.

«Estados Unidos los necesita porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes y particularmente las y los mexicanos», explicó.

Por eso, nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven allá, y «al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes», apuntó.

«Y al mismo tiempo -agregó-, como lo dije ayer, también el llamado a no generar acciones violentas, y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas».

Desde el sábado, el Gobierno de México expresó su profunda preocupación por los operativos realizados en ciudades de Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles.

Mediante un comunicado, la Cancillería hizo «un llamado respetuoso pero firme» a las autoridades del vecino país para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho.

Tras masivas protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles que derivaron en una ola de arrestos en esa ciudad estadounidense, el mandatario Donald Trump ordenó el despliegue de dos mil efectivos de la Guardia Nacional y, posteriormente, de unos 700 marines del Pentágono.

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WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró este martes que podría utilizar la ley de insurrección del siglo XIX, que le otorga el derecho de utilizar las Fuerzas Armadas, si es necesario, para reprimir las protestas violentas en el estado de California.

«Si hay una insurrección, ciertamente la invocaría», indicó el presidente, respondiendo a un periodista que le preguntó si aplicaría una ley de 1807 que autoriza al presidente a desplegar a las Fuerzas Armadas a nivel nacional en caso de rebeliones e insurrecciones.

Los periodistas le preguntaron cómo determinaría si hay o no una insurrección, a lo que el presidente contestó que algunas partes de Los Ángeles ya se encuentran sumidas en ella.

«Anoche hubo zonas de Los Ángeles en las que podría decirse que hubo una insurrección», sostuvo Trump, agregando que muchos de los manifestantes son «insurrectos a sueldo».

Previamente, Trump manifestó que, de no haber enviado tropas federales a Los Ángeles en los últimos días, la ciudad «estaría ardiendo hasta los cimientos».

Sus declaraciones llegan en medio de los violentos disturbios que se han producido en Los Ángeles, después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran redadas migratorias y detenciones por acusaciones de violar las leyes de inmigración.