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SAN JUAN.- El secretario de Estado adjunto y encargado de asuntos foráneos, Félix Lizasuaín, destacó la política pública de respeto a la diversidad de la comunidad dominicana y de otros inmigrantes en la Isla y descartó que el estatus migratorio irregular de algunas personas sea un impedimento para que reciban servicios esenciales como los de salud.
Lizasuaín reaccionó a señalamientos de José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, quien dijo a este medio tener conocimiento de casos en los que se les han negado servicios a personas con estatus migratorio irregular y pidió la creación del procurador del Inmigrante.
Rodríguez adelantó que mañana se reunirá en La Fortaleza con el licenciado Carlos Rivera Otañe y otros asesores del gobernador Pedro Pierluisi para plantearle estos asuntos.
“La realidad es que tenemos gran relación con la comunidad migrante. Este servidor no ha tenido ningún conocimiento de situación alguna. Nosotros brindamos todos los servicios dentro de los reglamentos y leyes aplicables. Aunque tengan un estatus migratorio irregular, se les brindan todos los servicios en los cuales no hay una prohibición federal para que se les provean”, esbozó Lizasuaín.
El funcionario informó que toda persona que tenga un señalamiento sobre este asunto debe comunicarlo a relacionesexteriores@estado.pr.gov para su evaluación y acción pertinente.
Por su parte, Rodríguez mencionó el caso de un joven que tuvo un accidente en un vehículo de motor y, pese a que tenía una herida abierta, supuestamente fue enviado a su casa porque su estatus migratorio no estaba regularizado. También informó de un herido de bala en Piñones que estuvo dos días con el proyectil en su cuerpo porque no lo atendieron en el hospital.
“Ya es tiempo que aquí se cree el procurador del Inmigrante, porque no somos los únicos inmigrantes. Hay de todas las latitudes, todos los países. Una oficina donde el inmigrante pueda ir”, expresó Rodríguez, al reclamar que “necesitamos personas con sensibilidad”.
Destacó que le preocupa cuál va a ser la política pública cuando lleguen las 10,000 personas inmigrantes que se han mencionado para laborar en la agricultura y los 60,000 trabajadores para la construcción.
De acuerdo con el Emergency Medical Treatment and Labor Act, un hospital -ya sea público o privado- no puede negar el servicio de emergencia a una persona independientemente de su estatus migratorio.
El acceso a los servicios de salud es solo una de las instancias en las cuales Rodríguez asegura que ha percibido un cambio, pues también denunció que quienes tienen el permiso de residencia vencido han enfrentado problemas ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para renovar su licencia o una identificación, pese a que la Ley 97 de 2013 supone permitirles obtener estos documentos sin problemas.
Lizasuaín explicó que como parte de los servicios que se dan a inmigrantes también se ofrecen los cursos de la ciudadanía para “cumplir con esa aspiración de convertirse en ciudadanos americanos”.
jt/am
