Aguardar a que el cortejo del fracaso del gobierno cruce por los frentes de la oposición seria un grave error porque ningún partido por si solo estaría en capacidad para afrontar con éxito las acreencias económicas, sociales y políticas en un no deseado escenario de crisis agravada.
La gestión del presidente Abinader se acerca a su noveno mes envuelto en redes de una pandemia mundial que ha tenido afectación devastadora sobre la economía, aunque es de justicia decir que a base de políticas monetarias eficaces y de oportunas iniciativas públicas, el gobierno ha podido sobrellevar la carga.
Ante una crisis sanitaria y económica, que la Comisión de Estudios Económicos para América Latina (Cepal) define como las más devastadoras en los últimos 200 años, es lógico suponer que los danos colaterales afectaran por mucho tiempo a toda la anatomía económica, social y política de la nación.
El Banco Central y la Junta Monetaria han cumplido con la ejecución de un programa de financiamiento a bajas tasas de interés a través del cual se han inyectado a la economía el equivalente a más del 6% del PIB, sin afectar en lo más mínimo la estabilidad cambiaria.
Para afrontar el desplome de la economía (-29.8%), con la caída del turismo, manufactura, exportaciones y un millón 14 mil empleos, el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento externo, que durante la pandemia ha sobrepasado los seis mil millones de dólares.
Se reconoce que la economía ha retornado al crecimiento positivo (1.1%), lo que significa una notable recuperación en relación al -29.8% de hace un año, pero se insiste en la magnitud de los danos colaterales, como la perdida en términos absoluto de más de diez mil millones de dólares del PIB real.
El Presidente ha mostrado preocupación por el elevado nivel del endeudamiento, que durante la pandemia se ha incrementado de un 58% del PIB a un 70% y que el cumplimiento de su servicio representa más del 30% del Presupuesto Nacional, lo que supone un freno a la inversión pública y elevado riesgo de malestar económico y social.
La calificadora de riesgos Fitch Rating colocó a República Dominicana en BB-, con perspectivas negativas de incumplimiento del emisor en moneda extranjera de largo plazo, lo que revela riesgo de desborde del endeudamiento público, causado esencialmente por las urgencias sanitarias y la afectación económica de la pandemia.
Los agentes económicos comparten la preocupación presidencial sobre el tema de la deuda, pero quisiera yo agregar otra preocupación colateral que se refiere al extraño silencio de los principales grupos económicos en torno en torno al anuncio del mandatario de que este ano debe aprobarse una reforma fiscal.
El déficit fiscal proyectado para este año podría superar el 5% del PIB, lo que representa un motivo de presión para la deuda pública, por lo que el único remedio a la vista es la reforma fiscal, que debe ser impulsada por la clase política en su conjunto.


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