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Las primeras elecciones democráticas de la República Dominicana, después del derrocamiento de la dictadura trujillista, se celebraron, por disposición del Consejo de Estado, el 20 de diciembre de 1962, en plena navidad.
Desde entonces, se ha convertido en una tradición que en los primeros días de cada diciembre, las diferentes confesiones religiosas, principalmente la católica, y los medios de comunicación inviten a los partidos políticas a una tregua electoral, la cual estos siempre saludan pero nunca cumplen.
Después de las referidas elecciones, en las que resultó elegido como presidente el profesor Juan Bosch, las festividades navideñas que preceden a las elecciones han sido asaltadas por el clientelismo de las campañas electorales.
Tan decisiva puede resultar la navidad para los candidatos de los partidos políticos, en este tiempo de clientelismo desenfrenado, que aquellos que no destinan suficientes recursos para repartir comestibles, bebidas y dinero en efectivo entre los electores, corren el riesgo de perder el apoyo de muchos de sus partidarios, en perjuicio de sus posibilidades de ganar las elecciones.
En ese sentido, quienes más provecho obtienen de las prácticas políticas clientelares de las navidades son los candidatos de los partidos gobernantes, seguidos de los que encabezan la administración municipal y los que reciben contribuciones privadas provenientes de actividades ilícitas.
Por lo tanto, las navidades electorales constituyen el espacio ideal para la utilización de los recursos públicos, en violación del artículo 45 de la Ley Electoral 275-97 que prohíbe a los partidos y a sus dirigentes, militantes o relacionados, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos.
La posibilidad de esta violación a la Ley Electoral y al artículo 211 de la Constitución Política, que responsabiliza a la Junta Central Electoral y a las 158 juntas electorales municipales de garantizar la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones, se eleva para las elecciones del 15 de mayo del 2016, debido a que en las mismas serán elegidos 4,106 cargo, divididos en dos presidenciales, el de presidente y el de vicepresidente, en 262 congresuales, repartidos entre 32 senadores, 190 diputados, 20 representantes e igual cantidad de suplentes ante el Parlamento Centroamericano, en 158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes, 1,164 regidores e igual cantidad de suplentes, 234 directores e igual cantidad de subdirectores y 730 vocales e igual cantidad de suplentes de distritos municipales.
A la potencial utilización masiva de los recursos del Estado en la campaña electoral, además del alto número de cargos a ser elegidos el 15 de mayo, se le suma el hecho de que tanto el presidente de la República como los 32 senadores y la gran mayoría de los diputados y alcaldes competirán por la reelección.
Por esta razón resulta conveniente que la proclama electoral se haga en diciembre, ya que desde entonces y hasta el día de la proclamación de los candidatos elegidos, conforme al criterio del órgano electoral, se puede proceder a la fiscalización de los partidos políticos y sus candidatos, con el objeto de impedir el uso ilegal de los fondos públicos en beneficio de la integridad de las elecciones.
ej.olivares@hotmail.com
jpm
