Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Leonel: «El PRM anda de cacería, sabe no podrá ganar elecciones»
N. YORK: Donald Trump se reúne con bodegueros dominicanos
Listas las boletas para próximos comicios de la Rep. Dominicana
Dólar baja otros once centavos; se cambia este jueves a RD$59.21
Los candidatos «alternativos» de Rep. Dominicana tuvieron debate
Empresario se querella contra DM y Jean Alain; exige US$580 MM
JCE expedirá gratis desde el 1ro. de mayo duplicados de cédulas
Juan Soto hace historia con 500 carreras impulsadas en la MLB
Abel promete impulsar turismo y obras en provincia La Altagracia
Lluvias han desplazado a 3,785 personas y afectado 757 viviendas
El frenazo oportuno
La crisis de refugiados del 2015, el mayor éxodo que haya conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido aprovechado por sectores de la Organización de las Naciones Unidas para herir de gravedad al sobreviviente protagónico de la Paz de Westfalia, el Estado Nación, a cuyos gobernantes se trata de conducir a suscribir un convenio que coloca atributos soberanos de regulación migratoria, en manos de una gobernanza intercional.
En la denominada conferencia de Nueva York, en 2016, descubrieron la “solución” de la estampida que se abalanzaba sobre Europa, a través del Mediterráneo, desde Siria, Africa, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur: blindar con un ramillete de derechos, que no solo abarquen cosas tan esenciales como el respeto a su integridad física y dignidad humana, sino que impongan obligaciones a los estados receptores que igualen los derechos de los que han penetrado a su territorio con los de sus ciudadanos.
Esa salida es más cómoda que la que en verdad corresponde a la ONU: mediación en los conflictos de los que la gente está huyendo, para contener la hemorragia.
La coyuntura resultaba propicia para matar varios pájaros de un tiro, porque además de la crisis que vivía Europa, en América se había producido el triunfo de Donald Trump con un discurso antiimigrante, pero además en la antigua isla Hispaniola, hay un estado colapsado del que la ONU se hizo cargo por un tiempo y tuvo que salir huyendo sin variar su patética realidad.
El eufemísticamente bautizado como “Pacto para una Migración Segura, Regular y Ordenada”, también caía como anillo al dedo para empujar la salida que la comunidad internacional ha considerado más apropiada para desentenderse de Haití: fomentar la migración de haitianos hacia la República Dominicana y obligar a conferirle statuto legal.
Hay una de las obligaciones del acuerdo que sólo faltó ponerle nombre y apellido: RD, que es la de documentar a los inmigrantes ilegales, problema que no padecen los refugiados sirios, afganos, eritreos, de los Balcanes occidentales o de Asia del Sur, que se han embarcado desesperadamente hacia Europa, y, ni siquiera los centroamericanos que van en caravana hacia los Estados Unidos. Los únicos migrantes sin identidad son los haitianos, lo que evidencia la encerrona hacia la que se llevaba al país.
Afortunadamente, la sociedad dominicana, hizo saber de su rechazo causi unánime a ese acuerdo, y el Gobierno decidió desentenderse del engendro, argumentando, entre otras cosas, que “es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia de migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y se seguridad, lo cual requiere de políticas y de medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos
“Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”