El color de la corrupción

El liderazgo político está compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de  los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que  debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que  detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como  ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que  el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció  en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a  concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.