Caramelo de Odebrecht

Desde aquellos días navideños del 2016 en los que  grandes titulares encabezaban la escandalosa noticia de que Odebrecht había admitido pagos de sobornos por 788 millones de dólares en doce países de América Latina, África y Brasil, entre los que figuraba la República Dominicana, que en el periodo 2001-2014 habría destinado 92 millones de dólares para pago a políticos, legisladores y funcionarios, y, fruto de esas coimas, la empresa alcanzó un beneficio de 163 millones de dólares, advertí que esa había sido una distribución acomodada para  negociaciones con Estados Unidos y Suiza, porque en lo referido a nuestro país esos números no hacían lógica.

Nunca he dudado que en el país se haya pagado soborno, pero si una empresa que ha manejado obras por seis mil millones de dólares destinó menos de 100 millones a la gestión de los contratos que adquirió, menos de 2%, el nivel de corrupción del país donde eso ocurra es muy bajo, sobre todo si la tradición conocida ubica ese costo soterrado en no menos de un 10%, es decir si hubo admisión de un pago de sobornos no era descabellado pensar que el monto fuera cinco o seis veces superior.

Lo propio pasa con los 163 millones de los beneficios admitidos, cuando se sabe que una empresa eficiente en sus procesos como Odebrecht alcanza beneficios por no menos de un 25% del costo de las obras realizadas, sus utilidades debieron andar por encima de los 1,500 millones de dólares.

Pero como todos empezaron a propagandear en función del caramelo de los 92 millones, al que los promotores del movimiento de lucha contra la impunidad le agregaron sin ninguna prueba el alegato de las sobrevaluaciones, el Ministerio Público se circunscribió al monto admitido que era suficiente para levantar toda la indignación que produjo en la población, pero muy difícil de poder probar y documentar en un expediente.

En los mercados a los que la empresa les interesó preservar hizo lo inevitable por las presiones a la que estaba sujeta para arreglar su mundo con los Estados Unidos: incluirlos en el escándalo en un marco que permitiera a los judicializados por el caso su absolución.

Por eso cuidó de que el monto admitido tuviera cierta similitud con el de los pagos que había hecho a su representante comercial, y el Ministerio Público deseoso de resultados rápidos se entrampó al construir un expediente sobre la teoría fáctica de que, si Odebrecht dijo que pagó  92 millones de dólares, y una cuenta recibió sumas similares, era ahí la prueba.

Que esas transacciones se investigaran era correcto, pero una vez percatado MP de que cada uno de los pagos  estaba avalado por un contrato y que los montos recibidos eran los estipulados, que no aparecían sobre pagos que pudieran generar sospechas, sabía que tenía que ampliar el rango de la investigación para poder hallar lo que ahí no encontró, pero  presionado por la calle y contra el reloj porque se había comprometido con la fecha en la que haría sometimientos, presentó el fiasco que la sociedad ha presenciado en las audiencias de conocimiento de las medidas de coerción.

Cualquier lego sabe que con los relatos imprecisos, y ninguna prueba ni acusación directa se puede procesar a una persona, y que es arbitraria la decisión de llevar a prisión investigados que no representan peligro de fuga, pero se complació a los que querían circo.