Ministerio público: un dilema preocupante

Con su valiente iniciativa el primer mandatario, procurando acabar con la corrupción, hubo de sorprender, por su audacia e innovación, a la comunidad nacional e internacional, enviando un sólido mensaje a los corruptos pasados y a sus actuales funcionarios, en el sentido de que no habría corruptos preferidos en su gobierno.  

Para ello, el jefe de Estado, enseguida le declaró una guerra frontal, firme y continuada contra toda manifestación de corrupción, designando a Miriam, Jenny y Camacho en la estructura persecutoria contra la corrupción administrativa.  

Llegados a la PGR estos dilectos Magistrados, el trabajo de investigación y persecución de la corrupción adquiere categorías relevantes, a veces ralentizadas por lo intrincado de los entramados de corrupción.  

 Sumándole a esto la falta de recursos económicos y humanos de la procuraduría, con todo y esto, hay que colegir que esas certeras designaciones, han rendidos sus frutos y sostienen mínimamente, la credibilidad de este gobierno.  

Sin embargo, en la medida en que cada vez se hace más evidente, que es prácticamente imposible que una estructura de corrupción de estado pueda existir si una complicidad casi matrimonial entre políticos y empresarios  

La madeja se entrecruza como hiedra asfixiante, provocando que el trabajo arduo y peligroso de los fiscales, se vea muchas veces obstruido, por el peso del empresario involucrado o la influencia social y partidaria del funcionario a ser encartado.  

Esa bifurcación entre el deber sagrado de perseguir la corrupción ¨caiga quien caiga¨, con la repentina aparición de gentes, que no deberían estar en el engranaje de la corrupción del gobierno anterior, apertura un dilema desquiciante, tanto para el ente persecutor como para el jefe de estado que los ha designado, quien se vería en una dicotomía incomoda de elegir entre el deber ser y la realidad política que ha irrumpido.  

¡Caramba! aunque no debería suceder, se asomaran los demonios de la división entre los mismos procuradores, los cuales dijeron: «vamos con todo y por todos», al ser cohibidos en su trabajo, podrían presentárseles choques con el poder mismo, lo que deslizaría, más temprano que tarde, la disyuntiva hacia el presidente, de hacer lo legal o lo político.  

La presión sería abrumadora para él y sus funcionarios que, con justificaciones lábiles, no soportarían los legítimos reclamos de un pueblo hastiado que pide a gritos, cero impunidades, sin importar posición social o abolengo.  

La dubitatividad palaciega, podría hacer caer los casos de algunos importantes implicados «quienes se refugiarían en la frase: «si no cae aquel, no podría caer yo» cuestión que incidiría directamente en la determinación del equipo de fiscales, convertidos por el pueblo en tres mosqueteros heroicos de la justicia dominicana.  

Por lo general, ante ocultamiento de culpables, el pueblo siempre ha tomado las calles, en tal caso, el dilema estaría ya, afincado en las manos del presidente, a quien le afectaría en estos términos: si quita a Miriam, Jenny o Camacho, el pueblo pensará que ha claudicado, peligrosísimo,  

Y si por manos del diablo ellos le renuncian, entonces, el imaginario popular pensaría: «el poder y los corruptos los han obligado». En fin, este gobierno transita, por un dilema preocupante, con un único camino viable, y es muy simple ¡dejarlos trabajar! 

JPM