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MÉXICO.- El traslado de la diputada estatal Lucero Guadalupe Sánchez López a la Ciudad de México para declarar ante la fiscalía sobre sus presuntos lazos con el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán ha desatado una ola de reacciones por la forma en que se efectuó la diligencia y el fuero del que goza la legisladora.
Sánchez, integrante del Congreso del noroccidental estado de Sinaloa, declaró durante unas 20 horas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), a cuyas instalaciones fue trasladada anoche por policías federales.
Rubén Tamayo, abogado de Sánchez, dijo a periodistas al salir de la Seido que su clienta fue dejada en libertad alrededor de las 19.00 hora local (01.00 GMT del viernes) tras ser informada de las pesquisas en su contra y de ejercer su derecho a reservarse su declaración, que presentará más adelante por escrito.
El abogado defensor dijo que asistió en todo momento a la diputada, que fue tratada de forma respetuosa por el Ministerio Público.
La PGR indicó la noche del miércoles que el traslado de la legisladora desde Sinaloa a la capital se realizó “en cumplimiento de una orden de localización y presentación” emitida a raíz de una investigación que se le sigue por haber presuntamente ingresado con documentación falsa a la prisión del Altiplano para visitar a Guzmán.
La revista Proceso reveló el año pasado que Sánchez fue a visitar al capo con otro nombre al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue internado en febrero de 2014 y al que volvió el 8 de enero tras ser recapturado seis meses después de que se fugó de ese centro en julio pasado.
Afirmó también que como fruto de una relación sentimental con Sánchez, líder del cártel de Sinaloa tuvo dos vástagos, Rubén y Anuel.
Sánchez, quien tiene fuero parlamentario, anunció el miércoles su separación de la fracción parlamentaria del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y acusó al Gobierno de montar un “show televisivo” por ligarla con el capo.
Si bien la PGR argumentó que la orden contra Sánchez era de “presentación” y no fue propiamente un arresto, la forma en que fue ejecutada generó reacciones adversas en círculos políticos.