Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Gobierno refuerza capacidad de respuesta a desastres naturales
Teherán afirma que Ormuz no es un «patio de juegos» para EU
Turismo RD rompe récord con llegada 6.6 millones visitantes
EU e Irán logran avances, pero Ormuz sigue bloqueando acuerdo
Altice reporta fallas en varios servicios por incidencia técnica
Trump afirma que no permitirá China controle Canal de Panamá
Países europeos apoyan a Kiev tras la oleada de ataques rusos
El dólar bajó 60 cts. y euro 17; eran vendidos $59.34 y $69.76
TC da a MIP plazo 10 días para naturalización de 16 haitianos
BR inaugura Expohogar 2026; tasas hipotecarias desde 8 %
Lo recordé porque la Suprema Corte de Justicia ratificó una condena al programero que difamó a la diputada Lucía Medina, hermana del presidente Medina, atribuyéndole con ruin avilantez relaciones sentimentales indecorosas.
Luce poquita la condena civil a resarcir con cinco millones de pesos el “perjuicio personal, directo, cierto y actual” causado a su víctima, pues es ponerle precio a la honra ajena.
La Constitución establece que el derecho al honor y buen nombre es un bien jurídico merecedor de tutela judicial. Difamar es un ilícito penal. Merece cárcel.
No sólo es ilegal porque lo dispone la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, sino también por los artículos 367 y siguientes del Código Penal.
Los ataques infundados al honor ajeno por chantajistas inveterados, comunicadores con ínfulas de fallidos Zolá, adictos al aplauso de claques o lagartijas con resentimientos atávicos, constituyen intentos de asesinato a honras y reputaciones. ¡Bien condenado!