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La profesionalización de la función pública
POR JOSÉ ELÍAS HERNÁNDEZ FRÍAS
La Constitución Dominicana del año 2010 consagra de manera enfática la profesionalización de la Función Pública (Arts. 142 y 143), por lo que desde el poder constituyente hay una vocación clara y concisa de que la Administración Pública debe de ser manejada por entes totalmente capacitados.
Es así que la profesionalización desde el punto de vista de la Carta Iberoamericana de la Función Pública es una condición necesaria para la consecución de un mejor Estado, en virtud de que la profesionalización se define como la garantía de posesión de parte de los servidores públicos de una serie de atributos como son: el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de sus funciones y obligaciones, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los valores de la democracia.
Es por ello, que cuando se habla de profesionalización de la función pública, se está hablando de la lucha contra el sistema clientelar que ha prevalecido durante muchas décadas en la República Dominicana, ya entre ambos sistemas surge una especie de antagonismo, en vista de que mientras la profesionalidad exige la búsqueda de un personal funcionarial apto, capacitado y eficiente, el clientelar lo que busca es la lealtad del servidor público hacia el partido y a los intereses particulares tanto de la máxima autoridad como la del mismo.
En consecuencia, la profesionalización de la Función Pública viene a romper la percepción que tiene la población dominicana en relación a la función pública, ya que asimilan la misma como un puesto que otorga el partido gobernante a sus simpatizantes o compañeros del partido, ya que tal como señala Rogelio Hernández: ´´La estrecha relación que existe entre política y actividades administrativas ha propiciado que se acepte como verdad indiscutible que el ingreso y los ascensos del funcionario no se deben a sus conocimientos o capacidad, sino a su amistad o compromiso político con el equipo gobernante´´
Recientemente, fuimos testigo de cómo funcionarios del gobierno amenazaban a sus subordinados de despedirlos y retenerles el sueldo en caso de que no apoyaran a los candidatos del partido oficialista, lo cual, sin lugar a dudas, constituye un acto atroz, que demuestra la forma mostrenca de manejarse de nuestros funcionarios.
Por lo tanto, pronunciamientos como estos provocan que el acceso al empleo público sea, a través del nefasto sistema clientelar, en donde, los criterios de selección son la lealtad y el grado de filiación que tenga el servidor público con el gobernante, pues su ingreso depende de él, incluso hasta su permanencia. De manera tal, que aquel servidor público que no esté dispuesto a vanagloriar la figura de su jefe, será un empleado público vulnerable al despido injustificado y arbitrario.
Es así, que este sistema clientelar y la falta de profesionalización en el empleo público, genera las situaciones que se reflejan hoy en día en la sociedad, como es la insatisfacción de los ciudadanos por lo servicios brindados por la Administración, el uso de medios ilícitos para poder obtener respuestas eficientes, y lo más catastrófico la falta de credibilidad de los ciudadanos hacia la Administración.
De ahí que, la crisis de legitimidad del Estado es la crisis la legitimidad de la Administración Pública, y por lo tanto de todos sus recursos, principalmente sus recursos humanos, por tal razón, es que desde estas líneas abogamos por la profesionalización del empleo público en aras de mejorar la calidad de la Administración y de fortalecer la capacitación y formación de los servidores públicos, ya que la percepción es que el Estado no invierte en la capacitación de su personal, ni se preocupa que el mismo se prepare, sino que lo que le interesa es que conservar la autoridad y el poder de hacer del órgano correspondiente un negocio particular.
JPM