La informalidad institucional (2 de 2)

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EL AUTOR es sociólogo y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

 

 

POR CANDIDO MERCEDES

 

                        “En las implicaciones filosóficas de la literatura de Kundera, la historia aparece como una alternativa significativa y silenciosamente moral a la brutalidad de las geopolíticas y la fuerza exhibida por los poderosos. La memoria se convierte en una herramienta de los pequeños y los débiles, mientras que el olvido sirve a los intereses de los grandes y poderosos. De este modo, la memoria se manifiesta como una imaginación moral alternativa en oposición a la lógica del poder”

                            (Zygmunt Bauman: 1925-2017. La Ceguera Moral)

 

 

Lo de ODEBRECHT es sencillamente espeluznante, desgarrador a la luz de lo institucional y ético-moral. Siendo el país que más sobornos recibió, nos indica que el derrame de la putrefacción fue muy amplio. 92 millones de dólares, implicó a mucha gente y nos revela que más de dos Poderes del Estado giran en esa órbita de la degradación. ¡Estamos frente a un Pánico Moral!

No son 92 millones de dólares de sobornos solamente que tienen que resarcirnos. Hay que acotar la Ley 448-06 de Soborno que tipifica en su Artículo 3 que el sobornante y el sobornado tienen que pagar el duplo del equivalente de lo sobornado. Agreguemos los 163 millones  de dólares que la referida empresa brasileña obtuvo de ganancia como resultado de las coimas. Total: 92+92+163=347 millones de dólares. Miremos que solo en 8 obras, de 17 construidas, encontramos que entre el monto inicial y el monto final había una diferencia de $634 millones de dólares. Si ODEBRECHT pagase todo el dinero de sobornos, de sobrevaloración, aun así, eso constituiría una parte. Lo más importante es lo institucional, es una nueva oleada ética de la clase política que atraviesa por la necesidad de que la impunidad no puede erigirse en norma social socavando el Estado de derecho.

CAOS

El Estado dominicano consideramos  ha llegado a su punto de inflexión en materia de corrupción e impunidad. Estamos viviendo a la luz de la sociedad política, un poder desinstitucionalizado, un caos institucional, una informalidad institucional que trastoca las reglas del juego de un Estado de Derecho. Esto hace que no podamos desmadejar donde está lo real y la ficción. El poder hegemónico del partido gobernante ha podido construir lo que Al Cagliari ha denominado la posverdad, que no es más que el fenómeno que se produce cuando «los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales». De allí toda la publicidad subliminal y el poder que acusa el paradigma mediático como ideología y dominio de la persuasión. Ello lleva al partido dominante, con sus acciones y decisiones, a producir en la sociedad un tejido fragmentado en la desigualdad de oportunidades vitales.

Como dijo Jabez Curry, exsenador de Estados Unidos de América, “Un estado próspero se debe construir sobre los cimientos de su carácter moral, y este carácter es el elemento principal de su fuerza y la única garantía de su permanencia y prosperidad”. En la sociedad dominicana los actores políticos dibujan un escenario que no es al que aspira el conjunto del cuerpo social. Una clase política divorciada que ya no se constituyen en el puente intermediario entre el Estado y la sociedad civil. Muy por el contrario, ellos son en sí mismos los intermediarios del Estado; dado su naturaleza corporativa y de partido cartel.

El PLD es la única organización partidaria desde el 1844 que ha evolucionado de un partido de cuadro a un partido de masa, luego a un partido cacth all (partido atrápalo todo), escoba, a un partido cartel. Una mutación intensa y extensa en un pequeño periodo de siete años: 2000-2007. Esta metamorfosis ha generado un Partido-Estado sin límite, sin frontera que es lo que propicia más la corrupción y el desbordamiento de la impunidad. Ya no habrá ningún miembro de esa organización que diga “¿dónde está la corrupción?”.

La corrupción, a pesar de que es oculta, subterránea, el grado de putrefacción de muchos de los actores políticos, la ha podido visibilizar, ondear públicamente con el escándalo más emblemático, más internacional que ha propiciado ODEBRECTH a través de funcionarios que lejos de defender los intereses de un país pobre, lo que han hecho es aprovecharse de sus funciones públicas para servirse a sí mismos.

El Capital Institucional que constituye la Efectividad Gubernamental, la CapacidadRegulatoria del Estado, el Imperio de la Ley y la Corrupción, nunca en el tramo de la transición democrática 1978-2012 había acusado tanto deterioro, tanta involución, tanta inobservancia en sus ejecuciones. Traspasar los límites entre la superficie y la profundidad es la tarea de la sociedad civil, para constatar la coherencia del comportamiento entre lo que se dice y lo que se hace.

Buscar ese necesario equilibrio suministra la objetividad, la verdad de los elementos esenciales para hacer avanzar un Estado Social Democrático de Derecho, que se logra a través de la justicia social, la inclusión y la transparencia. El Gobierno ha desconocido sus propias leyes que propician la transparencia, tales como: la Declaración Patrimonial (311-14) que ha dado, después de 30 días que se requiere para su cumplimiento, 74 días más.La Ley 311 – 14, establece los mecanismos institucionales para su validación. Lidio Cadet, Miembro del Comité Político y Director General de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental dijo al respecto “El no declarar bienes se presta a corrupción. Espero que el 30 de noviembre, todos los compañeros hayan hecho sus declaraciones”.

Viola la referida Ley, la no declaración a tiempo y al mismo tiempo, la propia Constitución en su Artículo 146, numeral 3 que dice “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”. A 70 días después que se debió cumplir con dicho mandato, la Cámara de Cuentas dijo que 4,724 funcionarios no habían realizado su Declaración. Esa ausencia, es el marco normativo más fehaciente de la opacidad.

Debajo de todo discurso existe un subsuelo que es pertinente, insoslayable descubrir, sobre todo, por la ausencia de la acción y el abismo entre el decir y el hacer. Es lo que ocurre con la aplicación de la Ley de Salarios 105–13, solo ha encontrado respuestas positivas para los puestos más altos del Estado. Ello implica que la desigualdad salarial se ha incrementado después de su promulgación, al tiempo que las distorsiones se acumulan. El Reglamento, que debió aprobarse a más tardar 6 meses, lleva 2 años en el despacho del Presidente según el propio Ministro de Administración Pública.

AUSENCIA DE TRANSPARENCIA

Es la dinámica de ausencia de transparencia lo que resalta con todo lo referido al Pacto Eléctrico que debió producirse según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1–12) en el año 2013. Primero, cuando los actores involucrados en la Industria Eléctrica pidieron al gobierno los Estados Financieros de las EDES, después de un tiempo, descubren que el Poder Ejecutivo había dado un poder al Vicepresidente de la CDEEE para la construcción de dos plantas paralelas a las de Catalina. Totalmente clandestino Luego, nos encontramos que el Poder Ejecutivo, vía la CDEEE, no quiere mostrar todo lo relativo a la Tarifa Técnica.

El propio Presidente en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto, esbozó que emitiría un Decreto puente en las próximas semanas en materia energética, encaminado a la transformación y modernización del sector. Revisaría las tarifas técnicas y el desmonte gradual del subsidio cruzado.

La Administración Pública con respecto a la entrada a la Carrera, ha quedado congelada al 2012, que eran 60,000. La vocación a la Carrera Administrativa son 160,000 empleados. Lo mismo ocurre con las Carreras Especiales: la Diplomática y Consular, la del Sector Salud, la de Educación, la del Ministerio Público y la Carrera Municipal. Estamos en esta materia como si el tiempo no transcurriera.

En el periodo electoral, para las Elecciones del 2016, se verificó como el Presupuesto Nacional quedó subordinado a la REELECION. Es así que el Ministerio de Educación aumentó su nómina en un 211%; La OISOE en 677%; Obras Públicas en un 67% y este Ministerio, en el tiempo de enero–mayo, habría gastado más que todo el año 2015 y había agotado cuasi el presupuesto para todo el año del 2016.

Un verdadero abuso de poder institucional, donde el Presidente utilizaba la figura Presidencial para hacer campaña. El caso del Metro es el más diabólico endriago, pues la obra, ahora en diciembre, todavía no ha sido terminada. Sin embargo, el Presidente se montó y permitió que un vagón del metro fuera utilizado durante varias semanas por usuarios, gratis, en el proceso electoral.

La Veeduría, algo sumamente importante como mecanismo de control social, desde la sociedad, no ha jugado su papel como baluarte de transparencia formal y se ha visto más como un instrumento de publicidad que de verdaderas realizaciones. El Estado dominicano es un deudor pícaro. Paga sus deudas, en promedio, cada 6 meses, lo cual da pie a la extorsión, al cohecho, a la prevaricación.

La materia pendiente de la transparencia del Estado dominicano no es producto de la carencia y falencia de instrumentos legales, de normas jurídicas que amparen el ejercicio del control de los fondos públicos. Expresión de presión de organismos internacionales, se han realizado en los últimos 20 años las más fecundas creaciones normativas en materia de control, fiscalización de los fondos públicos.

Es la cultura, es la visualización del Estado que los actores políticos tienen con respecto al mismo y la concepción actual de que un político es un “ser distinto a los demás y que debe vivir mejor que los demás”. Por ello, la política es el vehículo de mayor movilidad social ascendente en nuestro país.

Solo con el empuje de la sociedad, impulsando un Estado más transparente, más inclusivo y con mayor vigor de justicia social, donde las fuerzas sociales se comprometan con un ejercicio público más decente, tendremos una mejor sociedad que deje atrás esta enorme asimetría y produzca mayor Capital Institucional y más cohesión social.

Como diría Martín Luther King “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

of-am

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