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En contraposición con las drásticas leyes del Estado Vaticano contra los inmigrantes ilegales, la iglesia católica dominicana aboga por una flexibilización de nuestros controles migratorios ante la continua invasión de embarazadas e indocumentados haitianos que penetran irregularmente por nuestras fronteras creando innúmeros problemas como el desplazamiento de nuestros niños en las escuelas públicas y de las parturientas dominicanas en los hospitales de maternidad.
Esta flexibilización no existe en el Estado del Vaticano donde las leyes contra los inmigrantes ilegales son tan drásticas que prevén multas de hasta 25 mil euros y cárcel hasta por 3 años contra quienes penetran a su territorio sin permiso, siendo expulsados, después de pagar sus condenas y teniendo que esperar hasta 15 años para tratar de entrar legalmente a la ciudad sede del catolicismo mundial. Así de celoso es el Estado Vaticano con su soberanía y territorio.
Aquí, pese a las presiones internacionales, el presidente Luis Abinader, se ha mantenido firme en el propósito de evitar una invasión pacífica constante de haitianos indocumentados que ven a nuestro país como su única opción de vida ante la debacle que sufre un pueblo dominado por bandas delincuenciales cuya prevalencia y avance constituyen una verdadera amenaza contra nuestra soberanía, tranquilidad y existencia como nación.
jpm-am