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Santo Domingo, 3 jun (EFE).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) criticó hoy los acuerdos políticos para favorecer la reelección presidencial, «prostituyendo y debilitando la democracia interna de los partidos, y cercenando el derecho de su militancia a seleccionar a los candidatos en primarias».
El presidente de la institución, Trajano Potentini, dijo que con la actual tendencia a favor de la reelección, de cara al venidero proceso electoral, «los partidos políticos hacen un flaco servicio a la democracia, al plantear un escenario colectivo de repartición de cargos y reelección generalizada».
A juicio de Potentini, las principales fuerzas políticas del país -Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)- «han secuestrado el ejercicio de la democracia».
Una práctica que va en contra de su propia militancia, a la que le quita «la posibilidad de acceder a un cargo electivo por sus méritos, trabajo político y vocación de servicio», apuntó Potentini en un comunicado.
«Lo que ha imperado en las cúpulas partidarias es la repartición de un botín de guerra, producto del saqueo de la democracia dominicana, entregado en manos de los más notables corsarios de la política vernácula».
Para el presidente de la Fundación, «con esta medida de trueque, los partidos están lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos de competir en igualdad de condiciones por una posición electiva en las próximas elecciones de mayo».
Potentini opinó que «los partidos políticos traicionan a su propia militancia y cometen un crimen contra la democracia al reservarse la mayoría de las candidaturas a cambio de la reelección presidencial».
Además, recordó a la clase política dominicana que «el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho con protección y tutela constitucional, contemplada en nuestra actual ley sustantiva en el artículo 22, numeral 1».
De ahí, dijo el jurista, que «estamos en presencia de una grosera violación de derechos fundamentales y de falta de respeto a la institucionalidad, características distintivas de un Estado social y democrático de derecho, tal y como lo consagra la constitución en su artículo 7».
Por último, confió en que los políticos «reflexionen y entiendan que las agrupaciones políticas no son parcelas particulares de sus dirigentes». EFE