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Santo Domingo, 22 jul (EFE).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este sábado medidas de coerción, consistentes en garantía económica de 500,000 pesos, impedimento de salida y presentación periódica, contra dos implicados en el desfalco de 3.8 millones de pesos al Ministerio de Agricultura.
Se trata de Julio Enrique Domínguez Solano, hijo del viceministro Administrativo y Financiero del citado Ministerio, Julio Enrique Domínguez Fernández, y contra Antonio José Paredes Elizondo, quienes habrían admitido la malversación durante la audiencia de este sábado.
Así lo expuso el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en declaraciones a la prensa al finalizar la audiencia.
Camacho se mostró en desacuerdo con la medida adoptada por el tribunal «una decisión que nosotros respetamos pero que no compartimos», puesto que, a su entender, no se trata de una cuestión económica, porque «para este Ministerio Público, corrupción es corrupción, sin importar que las personas se robe un peso del erario o cien millones de dólares».
«El compromiso de este Ministerio Publico es perseguir la corrupción (…) y seguiremos persiguiendo la corrupción, sin importar si se trata de montos pequeños, montos medianos o montos grandes, nuestra responsabilidad es que no haya impunidad y nuestro compromiso es que no se envíe el mensaje social de que al que roba poco le va a pasar muy poco o no le va a pasar nada», afirmó.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Pepca desarrolló la investigación por la estafa después de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental presentara la denuncia por desfalco que, según la cartera de Agricultura, se produjo el año pasado.EFE
mmv
