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Puerto Príncipe, 5 ago.- La Asociación Nacional de Magistrados de Haití (Anamah) calificó de catastrófico y totalmente perdido el año judicial 2019-2020, en medio de las crisis políticas y sanitarias que conmocionaron el país.
En un balance sobre la gestión de los jueces, el presidente de la Anamah, Jean Wilner Morin, subrayó que la inseguridad en Bicentenario, sede del capitalino Tribunal de Primera Instancia, y la violación de los derechos humanos, tuvieron un negativo impacto en el trabajo de los magistrados.
El letrado pidió a las autoridades definir estrategias concretas que permita la real separación de los poderes estatales, además de viabilizar el funcionamiento de los órganos de justicia.
En diciembre pasado, dos meses después de Peyi Lok (país bloqueado) que paralizó la capital y otras urbes, Morin criticó que sus colegas no podían ejercer sus funciones por la influencia de las bandas armadas que controlan el territorio, además de la insalubridad.
Para marzo, el gremio llamó a un paro general para denunciar la inseguridad en las 18 jurisdicciones del país, en medio de un exponencial crecimiento de los secuestros y asesinatos, en especial en el área metropolitana de Puerto Príncipe. En ese mismo mes, la Fiscalía de esta capital cerró sus puertas por casos de Covid-19.
Y en junio último, los jueces protagonizaron un mes de protesta por mejores condiciones de trabajo, aumento presupuestario, y la renovación de los mandatos.
En ese contexto, la Oficina de Protección al Ciudadano, alertó sobre el impacto del paro en el sistema judicial, y como afectaba a los más de 10 mil 700 reos, de los cuales al menos el 75 por ciento, se encuentra bajo detención preventiva prologada.
Aunque el Consejo Superior del Poder Judicial dispuso del cierre oficial de las actividades, durante las vacaciones judiciales los juzgados y tribunales pueden funcionar excepcionalmente, para evaluar los casos más urgentes, indicó Morin.
of-am