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Gobierno califica de sesgada, inoportuna sentencia de CIDH
Santo Domingo, 23 oct (EFE).- El Gobierno dominicano rechazó hoy por «extemporánea, sesgada e inoportuna», la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condena al país por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal y garantías judiciales. «República Dominicana rechaza la sentencia (de la CorteIDH) del 28 de agosto de 2014 por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna», afirmó el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en un documento que leyó en el Palacio Nacional. El funcionario precisó que de la misma forma, sin que haya espacio a dudas, el país manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de La Haya, de 1930, que faculta a cada Estado a regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. «Este principio, pilar del derecho internacional, es innegociable para el Estado dominicano. El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno, puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad», agregó Rodríguez Marchena. Expuso que el Gobierno dominicano entiende, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias como la de que el país tiene en marcha la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano. «Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación», dijo el director de comunicación del Gobierno. «Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el Gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas», agregó Rodríguez Marchena. Destacó que, «como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el Gobierno ha creado una unidad especializada en derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo de primera línea». Asimismo, resaltó que desde hace casi un año el país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre ambas naciones, en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas. Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. «Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica», dijo el portavoz del presidente dominicano, Danilo Medina. La CorteIDH encontró culpable a República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera arbitraria a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, entre quienes había niños, quienes vivían en República Dominicana. «La Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria», indica un comunicado del tribunal. En el fallo, los jueces aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos. «La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza, y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades», agregó el tribunal.EFE rs