Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Zapatero, a tus zapatos
Un joven es muerto balazos en Santiago; hombre quemado LV
BRASIL: Acuerdan ampliar la especialización de médicos RD
JAPON: Violonchelista RD gana el primer lugar en competencia
Impulsa mecanización para no depender obreros extranjeros
Corte de Boston libera alcalde Brian DePeña tras detenerlo
INDONESIA: Terremoto deja al menos 38 muertos, otros daños
La justicia y el espejo de la sociedad
Colombia proyecta reconstruir mientras continúa la búsqueda
Trump dice declarará estrecho Ormuz como territorio de EEUU
SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) exigió este lunes a los funcionarios municipales electos cumplir con la ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio.
Recordó el artículo 146.3 de la Constitución de la República que establece que es obligatoria la declaración jurada de bienes de dichos funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.
Los funcionarios, que asumieron el pasado 24 de abril, tienen la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio inicial dentro de los 30 días de la toma de posesión, plazo que está «ventajosamente vencido», precisó PC en un comunicado.
Datos de la Cámara de Cuentas citados por el movimiento cívico indican que solo 524 funcionarios municipales electos, de un total de 3,324, han presentado la declaración jurada de patrimonio.
Dicha obligación de prestación de declaración jurada es tanto para los funcionarios electos, como los reelectos en las posiciones públicas, agregó PC, que precisó que la legislación establece de manera expresa que la ausencia de declaración jurada constituye una falta grave de tercer grado, que conlleva como sanción la destitución.
El cumplimiento de dichas normativas «se constituye como el primer eslabón que permite el control de la administración pública y, con ello, un adecuado seguimiento anticorrupción en el seno del Estado dominicano», por ello, PC pidió «a las autoridades competentes dar cumplimiento a dicha obligación».
